Por: Kennia Velázquez, Mónica Cerbón y Arnoldo Cuéllar

“Nos muestran cómo funciona el sistema de vigilancia y todo parece estar bien. Pero cuando necesitas la información, todo falla: cámaras en mantenimiento, grabaciones borradas, ángulos que no sirven”, dice una persona que lleva años investigando la desaparición de un familiar y que también acompaña a decenas de familias en el mismo proceso. La buscadora conoce de cerca lo que ocurre cuando alguien intenta usar el sistema de videovigilancia para encontrar justicia.

En la última década, gobiernos estatales y municipales han invertido miles de millones de pesos en sistemas de videovigilancia como una de sus principales respuestas frente a la violencia. La promesa es que estas tecnologías permitirían prevenir delitos y fortalecer las investigaciones criminales. Sin embargo, pese a la inversión sostenida en estos sistemas, los resultados no se han traducido en mejoras consistentes en seguridad ni en una reducción de la violencia.

En México, esta apuesta tecnológica ha crecido en paralelo a uno de los periodos más violentos de su historia reciente. Desde 2006, con el inicio de la estrategia federal contra el narcotráfico, los homicidios pasaron de cerca de 10 mil casos anuales a un máximo superior a 36 mil en 2020. Aunque en 2023 se registró una ligera disminución, el país se mantiene entre los más violentos del mundo fuera de contextos de guerra declarada.

Para esta investigación, se analizaron los 19 estados en donde opera el grupo Seguritech Privada. En estas entidades se concentraban 67 mil de las 91 mil cámaras instaladas en el país hasta 2024. En 15 de esos 19 estados, los homicidios aumentaron entre 2012 —año en que comenzaron los primeros contratos con el grupo— y 2024, de acuerdo con datos del INEGI. Los casos más extremos son Guanajuato, con un incremento de 490%, y Quintana Roo y Baja California, con aumentos superiores al 320%. Solo cuatro entidades registraron una reducción: Coahuila, Durango, Chihuahua y Ciudad de México. Estos datos muestran que la inversión sostenida en estos sistemas no se tradujo en una mejora consistente en seguridad en la mayoría de los estados analizados.

Este grupo empresarial ha sido contratado por 37 gobiernos estatales y municipales por más de 52 mil millones de pesos (USD 2,944 millones) desde 2012 para la instalación, operación y mantenimiento de cámaras, centros de control y plataformas de análisis de datos. En Querétaro, los pagos al grupo representaron el 86% del presupuesto estatal de seguridad pública durante el periodo analizado. El peso de estos contratos es especialmente visible en municipios pequeños.

En ciudades de Guanajuato, la proporción es aún más extrema: Salvatierra destinó el 65% de su presupuesto de seguridad a contratos con Seguritech; Valle de Santiago, el 78%; Purísima del Rincón y Jaral del Progreso, más del 54%.

En algunos de los casos, los convenios de transferencia revisados para esta investigación condicionaban el uso de los recursos a contratar al mismo proveedor.

Rafael Prieto-Curiel, matemático mexicano que trabajó como analista de pronóstico del crimen en el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México y hoy investiga la dinámica de la violencia en el Complexity Science Hub de Viena, advierte: “Le estamos apostando a la tecnología como si eso fuera a resolvernos los problemas de impunidad, de corrupción de los ministerios públicos, la falta de confianza en las autoridades, la falta de denuncias. Las cámaras por sí solas no funcionan.”

Para Prieto-Curiel, la videovigilancia puede ser una pieza del engranaje, pero no el eje central. Lo ilustra con una metáfora: la capacidad de un barril que siempre está limitada por la duela más corta. “Si tú le metes recursos a cualquier otra de las barras que le sobresalgan, no importa lo que hagas, la capacidad que tiene tu barril sigue siendo la de la barra más chiquita”, explica. En México, dice, ese punto crítico no es la tecnología, sino la impunidad: sin investigación policial, sin reducción de la corrupción en las fiscalías y sin confianza ciudadana en las instituciones, las cámaras no modifican el problema de fondo. “Necesitamos eso, más todo un sistema que cambie.”

La evidencia también muestra limitaciones en su uso para la procuración de justicia. Guanajuato, una de las entidades con mayor inversión en videovigilancia y con 4,281 cámaras en operación, entregó apenas 191 videos para investigaciones judiciales en cinco años, según datos del Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal del INEGI. Es el ratio más bajo entre los estados con infraestructura comparable: Hidalgo, con un número similar de cámaras, entregó 56,870 videos en el mismo periodo; Querétaro, 18,099. En ambos estados los homicidios aumentaron 130% y 95.5% respectivamente del 2012 al 2024.

La familia López —apellido ficticio para proteger su identidad— esperó seis meses a que un fiscal revisara las grabaciones de cámaras en una carretera de Celaya. Buscaban reconstruir el trayecto de un vehículo vinculado a una desaparición. Cuando por fin se revisó el material, no había nada que analizar: varias cámaras no funcionaban y otras habían borrado las grabaciones meses atrás. Las autoridades no explicaron cuántos dispositivos estaban fuera de servicio ni por qué.

POPLab y CONNECTAS tuvieron acceso a documentos financieros y registros internos de Seguritech Privada y Comunicación Segura —otra empresa del grupo— que muestran que, solo en los últimos cinco años, recibieron pagos gubernamentales por más de 32 mil 237 millones de pesos (USD 1,865 millones).

A pesar de ello, la percepción de inseguridad ha aumentado o se mantiene en niveles elevados en varias de estas entidades. En algunos casos, como Guanajuato, creció más de 30 puntos desde 2012; en otros, como el Estado de México, se mantiene cercana al 90%, mientras que en Baja California aumentó 20 puntos y en Querétaro se duplicó, según la ENVIPE 2025.

Los estados donde el grupo empresarial ha sido contratado registran un promedio de 4.21 en el Índice de Paz México, una medición que evalúa la intensidad de la violencia a partir de indicadores como delitos violentos, crimen organizado y eficiencia del sistema judicial, donde una puntuación más cercana a 5 indica menor nivel de paz. En 14 de las 19 entidades analizadas, la situación de seguridad se deterioró tras la implementación de estos sistemas.

Sin embargo, la inversión pública en tecnología de seguridad ha continuado en aumento.

Para el matemático Rafael Prieto-Curiel, los puntos más críticos no han sido atendidos por la apuesta tecnológica: “Tenemos impunidad de 100%, permiso para matar gratis —si tú matas, nada te va a pasar—, prisiones saturadas, nula reinserción social”.

Al mismo tiempo, el eslabón débil sigue siendo la estructura policial. De acuerdo con Jorge Eduardo Cano Anaya, coordinador del programa de gasto público y rendición de cuentas en la organización civil México Evalúa, se ha destinado poco recurso a la profesionalización de las policías, especialmente a las municipales, pues resulta caro “incrementar sus prestaciones para que tengan mayor lealtad hacia los mandos policiales y no caigan en otras ‘nóminas'. Cuando dejamos de ver eso y nos enfocamos solamente en un tema tecnológico, posiblemente estamos dejando de lado que la mayor herramienta para tener una mejor seguridad siempre va a ser el factor humano."

En 2025, México contaba con alrededor de 274 mil policías y oficiales de tránsito, 2.1 por cada mil habitantes. Pero el mayor problema son los salarios, pues el promedio de 6 mil 620 pesos (USD 370) mensuales es 60 por ciento inferior al sugerido en los estudios de salario digno del propio gobierno federal. Ese mismo año, los pagos realizados a empresas del grupo Seguritech superaron los 5 mil millones de pesos (USD 288 millones), un monto equivalente a cerca de una cuarta parte del costo total de la nómina policial del país.

Mientras el gasto público en tecnología crece, los ciudadanos también asumen costos directos para protegerse. En 2024, el gasto privado en medidas de seguridad alcanzó 78 mil millones de pesos (USD 4.4 mil millones) en los estados donde la empresa tiene presencia, de acuerdo con el INEGI.

Los otros usos de la videovigilancia

Para José Flores, director de comunicación de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), organización que acompañó a periodistas y activistas para llevar a juicio las intervenciones ilegales de comunicaciones con el software Pegasus, el despliegue de capacidades tecnológicas se hace bajo una promesa de influir en la disminución del delito, pero su opacidad impide evaluar y saber “si la inversión está siendo bien utilizada o si otras técnicas de prevención y mitigación del delito pudieran ser más efectivas”.

Pero en otros contextos, estos sistemas sí se utilizan, aunque no necesariamente para combatir delitos.

En noviembre de 2024, en Tlaxcala, autoridades estatales utilizaron el sistema de videovigilancia con reconocimiento facial contratado a Seguritech para identificar a activistas feministas que participaron en una protesta. Posteriormente, algunas de ellas fueron investigadas por la fiscalía local, de acuerdo con Escenario Tlaxcala. El gobierno estatal clasificó como reservada la información sobre el funcionamiento y los costos del sistema, sin embargo, los registros financieros revisados para esta investigación documentan pagos por más de 81 millones de pesos (USD 4.5 millones) a la empresa por ese concepto.

En Jalisco, las herramientas de monitoreo también han sido utilizadas para seguir las movilizaciones sociales. El medio local, ZonaDocs, documentó que las cámaras han servido para identificar y procesar a personas que participan en protestas. En ese estado, Seguritech ha recibido al menos mil 343 millones de pesos (USD 75.5 millones) por el mantenimiento del sistema C5 —plataforma que integra cámaras de vigilancia, llamadas de emergencia y bases de datos policiales—, conocido como Escudo Urbano.

En Chihuahua, Seguritech opera el Proyecto Centinela mediante un contrato firmado en 2022 por 4,709 millones de pesos (USD 264 millones), uno de los más cuantiosos de los que se tiene registro, el cual incluye una torre de vigilancia de 20 pisos construida por Seguritech en Ciudad Juárez, en la cual dispondrán de un piso agencias de seguridad norteamericanas como el FBI y la DEA.

El sistema cuenta con alrededor de 10,000 cámaras y lectores de placas. También tiene la capacidad para conectarse a cámaras privadas, lo que ampliaría su alcance hasta 30,000 dispositivos. Pese a su escala, el acceso a las grabaciones enfrenta los mismos obstáculos documentados en otros estados. El abogado Leyver Montejo, asesor jurídico del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, relata que en la mayoría de las solicitudes de grabaciones les responden que las cámaras estaban desactivadas o no operaban al momento de los hechos.

Estos casos muestran que la tecnología no solo presenta limitaciones técnicas, sino que su uso depende de decisiones institucionales que no siempre están alineadas con la procuración de justicia.

Para el consultor en seguridad y exfuncionario en áreas de seguridad e inteligencia, Bernardo León Olea, estas tecnologías conllevan tres riesgos estructurales: son muy caras, lo que las convierte en terreno fértil para hacer negocios; sus compras se realizan con amplias excepciones a la transparencia bajo el argumento de seguridad; y permiten acceder a información de muchas personas, lo que abre la puerta a usos distintos de los prometidos.  “Cuando no hay controles democráticos, efectivamente es un riesgo”

Contratos en tiempos de violencia

Administraciones del PAN, PRI, Morena y Movimiento Ciudadano en al menos 19 estados han contratado a Seguritech Privada, algunos desde 2012, apostando por la videovigilancia como respuesta visible frente a la inseguridad. En la mayoría de los casos, los contratos sobrevivieron a los cambios de gobierno.

El análisis de los contratos revela un patrón recurrente: el 97% del monto total fue asignado mediante adjudicación directa, es decir, sin competencia abierta entre proveedores. Las licitaciones públicas representan apenas el 2% de los recursos comprometidos.

La legislación mexicana permite este mecanismo bajo ciertas excepciones, entre ellas los casos en los que la información técnica pueda comprometer la seguridad pública. Sin embargo, este argumento también ha sido utilizado para reservar información esencial que no revela detalles específicos.

Las solicitudes realizadas para esta investigación muestran altos niveles de opacidad. Varias dependencias omitieron datos sobre montos, vigencias contractuales o características de los servicios. Veinte gobiernos reservaron o negaron la existencia de contratos, aunque registros fiscales muestran pagos a Seguritech por al menos 3 mil 577 millones de pesos (USD 202 millones).

Los documentos revisados también evidencian contratos multianuales, ampliaciones de plazo y cláusulas de confidencialidad que limitan el acceso público a la información.

Para José Flores, “es tremendamente irregular que una empresa le diga a un gobierno que tiene que reservar la información; ahí debería deliberar un comité de transparencia bajo el principio de máxima publicidad, ya que es de interés público que sepamos lo que hacen esas tecnologías”.

En algunos casos, los contratos establecen que el proveedor no será responsable por fallas técnicas en equipos considerados “innovadores”, lo que traslada parte del riesgo al Estado. Este tipo de condiciones puede generar dependencia tecnológica y presupuestal, en la que los gobiernos quedan atados a un mismo proveedor durante años, sin que importen los resultados, analizan los especialistas.

Los propios contratos blindan esta opacidad. En Chihuahua, el acuerdo con Seguritech establece que el gobierno “entiende y acepta” que algunos equipos, por su “alta especialidad, novedad e innovación tecnológica”, pueden presentar fallas que no serán consideradas incumplimiento del proveedor. Es decir, el Estado asume por contrato el riesgo de que la tecnología no funcione, sin mecanismos para exigir resultados ni para documentar públicamente las fallas.

Paul Aguilar, coordinador de seguridad digital en la organización Social Tic, subraya un sesgo que encarece los servicios de tecnología sin evaluar sus resultados: “Si los gobiernos no hacen investigación sobre las necesidades de seguridad, entonces el diseño del proyecto queda en manos del proveedor, cuyo objetivo es el beneficio económico: La empresa pasa de ser proveedor de producto a convertirse en analista de seguridad, sin serlo”.

Estado de México y Guanajuato destacan en esta relación comercial. Ambos gobiernos comenzaron a otorgar contratos a Seguritech desde 2012, cuando la empresa aún tenía poca presencia nacional. Con el paso de los años, los acuerdos se renovaron pese a cambios de administración. Para 2025, estas dos entidades concentraban más de 33 mil millones de pesos (USD 1,868 millones) en contratos, más del 63 % de la facturación del grupo en ese periodo.

Al mismo tiempo, acceder a la información generada por estas tecnologías sigue siendo complicado para quienes buscan justicia. Abogados y colectivos de búsqueda reportan obstáculos constantes desde las fiscalías para obtener grabaciones, lo que limita su uso en investigaciones.

“Una jovencita fue recientemente  secuestrada en el Boulevard Solidaridad de Irapuato, una vía llena de cámaras, a cuyas grabaciones nunca fue posible acceder”, señala Bibiana Mendoza, buscadora de personas desaparecidas en Guanajuato. La activista cuestionó: “Si los sistemas de videovigilancia no le sirven a los ciudadanos, entonces, ¿a quién le sirven?”.

Y con el tiempo, la tecnología deja de ser una herramienta evaluable de seguridad pública y se convierte en un gasto estructural difícil de revisar o modificar, aunque no se refleje en resultados. “Las encuestas de victimización, que son las más certeras para medir la criminalidad, muestran que este indicador no solo no disminuyó, sino que ha subido. La cifra negra —los delitos que no se denuncian— no se ha movido. La percepción de seguridad, que es el gran indicador, sigue siendo muy alta. La gente no se siente segura”, concluye León Olea.

En 2019, el relator especial para la libertad de expresión de la ONU, David Kaye, propuso regular el uso y adquisición de tecnologías de vigilancia. La propuesta no tuvo eco en México. En ausencia de reglas claras sobre la contratación, operación y supervisión de estos recursos, el modelo ha avanzado sin controles efectivos ni evaluación pública.

Desde el punto de vista de Cano Ayala, es necesario que se realicen auditorías de cumplimiento que justifiquen las contrataciones. “Ver si han cumplido con lo que han prometido, si ha habido un impacto directo en la seguridad pública. Habría que ver si se justifica que se esté manteniendo ese contrato y, sobre todo, si hablamos de varios sexenios, lo más probable es que tuviera que haber una mayor competencia para ver si hay otra empresa que tiene la capacidad de dar el mismo servicio a menor precio”.

Actualmente no hay un regulador de esa industria, como sí pasa con los fabricantes de armamento. “La industria de la seguridad es ante todo un negocio que no le importa la efectividad”, puntualiza el vocero de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, José Flores.

Sin embargo, la crisis de inseguridad no amaina en México. Si bien la autoridad celebra la disminución de la tasa de homicidios, a las organizaciones defensoras de derechos humanos les preocupa el alza de las desapariciones. La extorsión a los negocios paraliza industrias completas en varios estados y los feminicidios y la violencia de género aumentan sus registros, sobre todo por una mayor visibilización. Frente a todo ello, la respuesta preferida de los gobiernos es aumentar el gasto en tecnología.

“El problema no es solo que existan estas tecnologías, sino todo el entorno político y de ganancias alrededor de ellas, porque al final dejan mucho dinero: parece que son el negocio perfecto”, concluye Paul Aguilar.

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Para esta investigación, se buscó a Ariel Picker y a Daniel Esquenazi con el propósito de conocer aspectos puntuales sobre el modelo de negocio de Seguritech, la trayectoria de la empresa, sus contratos con gobiernos estatales y municipales y su visión sobre el sector de seguridad tecnológica en México.

A petición de Esquenazi, se remitieron cuestionarios por escrito; la empresa indicó que sus abogados revisarían las preguntas y, un día después, que un asesor se haría cargo de las respuestas. El compromiso fue entregar la información la noche del martes 2 de junio. Al cierre de esta edición, no se había recibido respuesta. La empresa fue notificada de que su postura, de producirse, se publicaría en una nota posterior.