Revelan listado con 183 posibles víctimas de los “vuelos de la muerte”
La periodista Marcela Turati ha revelado una lista que aporta pistas inéditas sobre las víctimas de los vuelos de la muerte. La lista fue entregada al Comité ¡Eureka!, por un supuesto desertor del Ejército.
Una lista con 183 nombres de presuntas víctimas de los vuelos de la muerte ha cimbrado en las últimas horas a organizaciones defensoras de los Derechos Humanos y, sobre todo, a familias de las víctimas de la Guerra Sucia: el periodo represivo que el Estado mexicano emprendió contra disidentes políticos.
Las cinco cuartillas, acompañadas de una carta firmada por Benjamín Apresa, un supuesto desertor del Ejército, fue encontrada por la periodista Marcela Turati (A donde van los desaparecidos/Quinto Elemento Lab) entre el acervo documental del Comité ¡Eureka!, organización pionera en el acompañamiento a víctimas de la represión estatal.
El escrito de Apresa, dirigido en 2004 a Rosario Ibarra de Piedra (fundadora del Comité ¡Eureka!), relata que el desertor FUE comisionado en la Base Aérea de Pie de la Cuesta de Guerrero, donde los militares asesinaron a guerrilleros y tiraron sus cuerpos al mar usando aviones Aravá.

Por diferencias con el capitán Javier Barquin Alonso y hasta amenazas contra su vida, al conocer cómo operaban los vuelos de la muerte, Apresa decidió entregar una relación de los “viajes” efectuados. Lo que sigue al texto es una lista de 183 personas detenidas por los brazos represores del Estado: el Ejército, la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y la Policía Judicial de Guerrero.
Aunque el relato contenido en la carta cuenta con elementos sólidos, investigadores de los procesos represivos llaman a tener cautela hasta tener la verificación completa del archivo, ya que podría tratarse de un documento fabricado por el Ejército para desviar las investigaciones o filtrado por las rencillas internas en el mundo castrense.
El Centro Académico de la Memoria de Nuestra América (Camena), de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) se encuentra en proceso de digitalización de los archivos del Comité ¡Eureka! Fue en ese acervo que Turati encontró la carta de Benjamín Apresa, inédita hasta ahora.
La historiadora y comisionada del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) , Eugenia Allier, precisó que su equipo de investigación también tenía conocimiento de la lista: que la encontraron gracias a la digitalización del Camena de la UACM y que se daría a conocer en el informe final de actividades que su equipo entregó a la Secretaría de Gobernación el mes pasado, en un capítulo dedicado a los vuelos de la muerte.
El documento, de acuerdo con Turati, comenzó a circular la noche del martes 6 de agosto a través de grupos de mensajería de colectivos de víctimas, por lo que el sitio A donde van los desaparecidos consideró publicar el hallazgo acompañado de contexto e investigación.
Ejército y CNI: muros para el acceso a la verdad
El Ejército y el Centro Nacional de Inteligencia, heredero de la DFS, han obstaculizado el acceso a sus archivos internos, que documentan sus propias responsabilidades.
En el caso del CNI (dirigido por el general de división Audomaro Martínez), integrantes del MEH denunciaron la desaparición de expedientes clave sobre actos represivos de 1965 a 1990, además del encubrimiento mediante la falta de transferencia de archivos (a partir de 1985) al Archivo General de la Nación.
Mientras que el Ejército ha puesto trabas a la labor de investigación del MEH, por ejemplo, con mutilación de expedientes, actos intimidatorios e incumplimiento en solicitudes de transparencia, como es la entrega de la investigación abierta por la Fiscalía Militar a los generales Francisco Quirós Hermosillo, Javier Barquin Alonso y Arturo Acosta Chaparro.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) obligó al Ejército a entregar esa indagatoria; además, ha resuelto que “los nombres de las víctimas, como en este caso lo son de aquellas personas arrojadas al mar desde aviones del Ejército, constituye información pública”.