Durante más de una década, gobiernos de distintos partidos e ideologías han respondido de una manera similar frente a la violencia: la videovigilancia. Miles de millones de pesos en recursos públicos financiaron cámaras, drones y arcos carreteros, distribuidos en calles, avenidas y autopistas de todo el país. La promesa fue que a más tecnología, más seguridad. Pero los datos revelados en estos textos muestran que el objetivo no se ha logrado.









