Oaxaca: policía municipal implicada en asesinato de estudiante
Santa Lucía del Camino, Oaxaca, la comunidad donde el estudiante Diego Paz fue asesinado acumula una veintena de quejas de Derechos Humanos contra su policía municipal.
El sábado pasado, Diego Ignacio Paz, un estudiante de la Licenciatura en Comunicación en la Universidad Anáhuac de Oaxaca, murió a causa de un presunto abuso de autoridad el cual desembocó en su asesinato por parte de la policía municipal de Santa Lucía del Camino.
Los primeros reportes de medios de Oaxaca narraban que el joven estudiante viajaba en un coche en compañía de otra persona llamada Josué, ambos habrían evadido un punto del alcoholímetro arrollando a un elemento, dando paso a una persecución en que la policía usó la fuerza de manera desproporcionada al grado de ejecutar un asesinato extrajudicial.
Sin embargo, en un testimonio recogido por la revista Proceso, la familia del joven sostiene una versión distinta: afirman que los elementos policiales retuvieron a Diego y a su acompañante, les exigieron dinero para dejarlos ir. Como estos se negaron, los policías los golpearon y dispararon a quemarropa contra el joven estudiante de Comunicación.
“Ante su negligencia y tratando de alterar los hechos fueron a botar el cuerpo de Diego agonizando en la Ciudad de las Canteras. Por su parte, a Josué se lo llevaron detenido con un ojo casi saliéndose de la órbita”, se lee en el testimonio.
“Policías de Santa Lucía del Camino golpearon brutalmente y balearon a mí sobrino, en este momento está muy grave de salud debatiendo entre la vida y muerte (…) ¿Qué se puede esperar de nuestro sistema de justicia?”, publicó una tía de Diego en Facebook, antes de que el joven, de 22 años, muriera por la agresión armada.
Abusos policiales en Santa Lucía del Camino, sistemáticos
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) informó que comenzará a indagar la muerte del estudiante al tratarse de un “presunto caso abuso policial” y destacó el alto índice de casos registrado en la entidad.
Esta Defensoría denunció esta situación hace ya un año, en la recomendación general 01/2023, misma que detalla violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos por policías municipales de Santa Lucía del Camino.
Por ejemplo, uno de los casos registrados por la DDHPO narra la detención de un ciudadano en un alcoholímetro de forma arbitraria, después de rociarlo con gas pimienta los policías proceden a robarle sus pertenencias; en otra denuncia, un ciudadano tuvo que pagar 17 mil pesos tras ser detenido arbitrariamente y pagar tanto fianza como uso de grúa para su vehículo.
La recomendación abunda en más abusos, como el ocurrido en julio de 2022, cuando un ciudadano que acudió a preguntar por la situación jurídica de su cuñado fue apuntado con un arma de fuego y golpeado con la culata por un policía; en otra situación una persona fue detenida arbitrariamente, le tocaron los genitales y le forzaron a hacer cincuenta lagartijas; una queja más detalla que elementos policiales le prohibieron a una familia de limpiaparabrisas trabajar en los cruceros del municipio.
El patrón de denuncias contra la policía de Santa Lucía del Camino queda asentado en la veintena de expedientes de queja abiertos por la DDHPO desde 2022 y que hoy se ven reflejados en el asesinato de Diego Ignacio Paz, presunta víctima de la brutalidad policial en Oaxaca.
Ejecución extrajudicial, reacciones en Oaxaca
El caso de violencia llegó hasta el gobernador Salomón Jara quien, a través de una publicación de Facebook, ha lamentado lo ocurrido e instruido a la detención de los elementos presuntamente responsables.
“Voy a exigir que le paren a este programa de alcoholímetro a nivel municipal y lo va a asumir ahora el gobierno estatal, no para extorsionar, es para evitar accidentes”, señaló el gobernador esta mañana de lunes, en conferencia de prensa al abordar el caso.
En el ámbito de la investigación judicial, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca ha abierto una carpeta de investigación e informó de la detención de un policía implicado en el crimen del estudiante, así como el aseguramiento del arma usada en la ejecución extrajudicial, una práctica constante considerada una grave violación a los Derechos Humanos y que implica tanto a policías locales como a Fuerzas Armadas.
Este lunes por la mañana, se dio a conocer que el director de seguridad pública del municipio, Marcos Freddy Hernández López presentó su renuncia. Cuatro elementos policiales permanecen cesados de sus funciones hasta que se esclarezca lo ocurrido.
