Entre marchas, paros y amenazas el Senado se prepara para discutir la Reforma Judicial

Mientras en las calles dos bandos se confrontan en marchas oficialistas y de oposición, el Senado de la República se alista para la discusión del dictamen de reforma al Poder Judicial de la Federación, después de que la Cámara de Diputados lo aprobara desde un deportivo usado como sede alterna la semana pasada. 

Un clima álgido antecede la votación, tanto en las calles como al interior del Poder Legislativo. El dictamen, que ayer se votó y aprobó en la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, pasará al Pleno para su discusión mañana martes 10 de septiembre.

Senado: El tono se eleva

Aunque con el “salto” de dos senadores del extinto PRD, el bloque oficialista (Morena-PVEM-PT) quedó con 85 escaños, aún les falta una posición para lograr la mayoría calificada en la Cámara de Senadores, integrada por un total de 128 lugares.

Tras la aprobación del dictamen en comisiones, los partidos de la coalición “Sigamos haciendo historia” se preparan para aprobar la Reforma Judicial; pero el voto de un senador hace la diferencia. 

El nuevo presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, ha dicho que con 85 senadores se logra la mayoría calificada; sin embargo, las dos terceras partes del Senado (con las que se logra dicha figura) únicamente se obtienen con 86 legisladores, no menos.

La discusión ha estado llena de fricciones y hasta posibles amenazas en ambos lados. Por un lado la senadora panista María de Jesús Díaz dijo que al senador que no vote en contra de la Reforma Judicial “lo linchen al pendejo; que lo agarren a chingadazos y le den con todo al güey que no vote en contra”. La coordinadora del Grupo Parlamentario del PAN, Guadalupe Murguía incluso justificó las expresiones. 

A este clima de efervescencia se suma la denuncia hecha por Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, líder del PRI, por presuntas amenazas del crimen organizado para que legisladores de oposición voten a favor del dictamen impulsado por Morena. 

“Todos los partidos de oposición hemos dado cuenta de presiones desde fiscalías hasta ofertas económicas millonarias y corruptas para obligarnos a votar por su reforma al Poder Judicial, pero ahora estamos llegando al extremo de que legisladores de varios partidos de oposición están recibiendo mensajes de personas cercanas al crimen organizado para avalar y apoyar su reforma al Poder Judicial que presenta Morena y sus aliados”, agregó el líder priista.

Dos polos: las marchas pro y anti reforma judicial

Antes, durante y después de la aprobación del dictamen en la Cámara de Diputados hubo dos bloques de movilizaciones que contrastan: uno integrado por estudiantes de Derecho de universidades públicas y privadas, así como de trabajadores del Poder Judicial y hasta miembros de la clase política en partidos de oposición; el otro bloque integrado por jóvenes simpatizantes del gobierno obradorista y hasta militantes del partido Morena. 

Algunas estampas de estas movilizaciones se viralizaron en redes sociales. Exhiben la invisibilización de otras protestas. Es el caso del líder José Mario de la Garza (de la Escuela Libre de Derecho), quien afirmó que “tuvieron que pasar 56 años desde el movimiento del 68 para que los jóvenes salieran a las calles”, ignorando los movimientos estudiantiles que año con año (desde hace más de medio siglo) han ocurrido en el país.

Este domingo, los miembros de “Jóvenes por la Reforma” colgaron una manta de apoyo encima de las fichas de personas desaparecidas que cubren la Glorieta de las y los desaparecidos, un espacio de memoria que el gobierno capitalino y el federal han insistido en llamar “Glorieta del Ahuehuete”, tratando de anular la protestas por la crisis de desapariciones forzadas en México. 

Una Corte fragmentada

Las dos protestas han dejado registro también de la división en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, acompañó una movilización de empleados del PJF que se oponen a la reforma y que se han plantado en la Cámara de Diputados. 

Piña Hernández, una jurista de amplia trayectoria, es criticada por sus adversarios al dar muestras de parcialidad política. Por ejemplo: haber organizado una cena privada a la que asistieron magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el líder priista, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas en diciembre del año pasado. 

Al otro extremo, dos ministras simpatizantes del gobierno, Loretta Ortíz Ahlf y Lenia Batres Guadarrama participaron la semana pasada en un mítin organizado por el movimiento “Jóvenes por la Reforma”, integrado en su mayoría por estudiantes de universidades públicas, pero también por miembros en activo de Morena, según sus propios padrones.

Ortíz Ahlf por un lado ratificó sus simpatías, “Yo soy fundadora de Morena a mucho orgullo. Fui propuesta por el presidente de la República para ser ministra de la Suprema Corte, distinción que le agradezco en infinito”, dijo la jurista, viuda del exfiscal electoral Agustín Ortíz Pinchetti, fallecido recientemente y quien colaboró estrechamente con López Obrador desde al año 2000 en el gobierno de la Ciudad de México. 

Mientras que la ministra Batres Guadarrama, integrante de una familia cuyos miembros se han desempeñado en cargos públicos (como su hermano, el actual Jefe de gobierno de CDMX, Martí Batres), defendió la reforma judicial e insistió en eliminar los excesos dentro de la Suprema Corte. En un artículo de opinión en El Universal, al grupo de jóvenes pro-reforma les llamó “impulsores de la más grande transformación que podría tener el Poder Judicial”. 

Los ministros de la Corte, con excepción de Ortiz Ahlf, Batres y Yasmín Esquivel Mossa (que arrastra una acusación de plagio en su tesis de licenciatura), aprobaron mantener un paro de labores, mientras que la ministra presidenta Norma Piña ha llamado al diálogo y ha compartido una propuesta alterna para la reforma, pese a que mañana se inicia su discusión en el Senado.

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