Un segundo informe de la Comverdad para la guerra sucia fue entregado desde julio pasado al subsecretario de Gobernación Arturo Medina, pero éste aún no lo ha hecho público.
Cuestionada sobre la necesaria difusión del documento, la coordinadora del equipo de investigación dice que el funcionario “debe respaldar el trabajo que se ha estado haciendo” y que si “el Estado lo comandó, entonces el Estado debería de reconocerlo”. Es algo que, afirma, “consideran fundamental” sobrevivientes y familiares de víctimas
En el tema de la guerra sucia que se vivió en México de 1965 a 1990, para la historiadora Eugenia Allier Montaño lo primero son los sobrevivientes, los familiares y los colectivos que han luchado a lo largo de 50 años para esclarecer los hechos de persecución contra la disidencia política. La ruta a seguir se debe trazar a partir de que ellos demandan a la sociedad esclarecimiento y justicia, recalca.
“Yo sí creo que lo importante no es solamente este trabajo de esclarecimiento que se ha hecho, sino sobre todo qué sigue y qué interesa ahora a los colectivos. Y es definitivamente la justicia. Que todo este material pueda servir para la justicia”, dice Allier, comisionada en el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) de la Comisión para el Acceso a la Verdad y Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos el periodo delimitado de estudio.
Allier se refiere –en entrevista con El Sur vía Zoom– al trabajo que realizó el MEH durante casi tres años y que culminó en dos informes: Fue el Estado (1965-1990). Informe final del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico y Verdades innegables. Por un México sin impunidad.
El primero, cuya premisa es que el Estado persiguió a diversos grupos sociales durante el periodo 1965-1990, fue presentado en público por los integrantes del MEH Abel Barrera Hernández, David Fernández Dávalos y Carlos A. Pérez Ricart el 16 de agosto pasado, previa entrega al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Félix Arturo Medina, de la Secretaría de Gobernación, un mes antes.
El segundo, Verdades innegables. Por un México sin impunidad, fue elaborado por una decena de investigadores bajo la coordinación de Allier Montaño. Es un documento que también fue entregado al subsecretario Arturo Medina el 10 de julio pasado, según informó la misma Allier en su cuenta de X, y que todavía no se ha hecho público.
Los informes, aún sin respaldo oficial
La profesora investigadora del Instituto de Investigación Social de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se dice “bastante satisfecha, pero no completamente satisfecha” del trabajo entregado. “Creo que habiendo sido 10 personas las que trabajamos para este informe, logramos hacer un buen trabajo”.
Continúa: “Hay muchos archivos que existen sobre la cuestión, particularmente los del Archivo General de la Nación (AGN) y todo lo que consultó ahí la Femospp (Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, creada en el sexenio de Vicente Fox). Todavía queda mucho por hacer ahí. Son archivos que pueden dar más información. No logramos, con el tiempo que tuvimos, con el número de personas que éramos, revisarlos todos. Además, quedan archivos por revisar, tanto de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como del Estado Mayor Presidencial y otros.
“Sí, había expectativas –admite Allier–. Una de mis principales, desde el principio, es que esto sea reconocido por el Estado. Es lo principal, porque creo que una de las dificultades que han presentado las distintas comisiones de investigación, comisiones de la verdad y fiscalías en México, es que no han tenido, cuando terminan sus funciones, el respaldo gubernamental que deberían de tener y eso es fundamental. Esa era una de las grandes expectativas y, bueno, seguimos a la espera de que se cumpla”.
Las víctimas esperan reconocimiento
En un comunicado difundido el 26 de agosto, Allier Montaño expuso que la Comverdad tuvo varios objetivos: localizar a las personas desaparecidas, impulsar la justicia, realizar una reparación integral, impulsar la memoria y esclarecer el pasado.
“Todo ello desde el entendido de que el Estado mexicano asumirá los resultados de la comisión al haber realizado él mismo el encargo. Por ello consideramos fundamental esperar que ese reconocimiento se dé, antes de hacer público el informe Verdades innegables. Por un México sin impunidad.
“Deseamos que haya un evento público en donde se presenten los resultados de los cinco mecanismos de la comisión, pues el informe no es más que una parte del trabajo de toda la comisión. En cuanto ello ocurra, haremos llegar el informe a familiares, sobrevivientes y colectivos, pues son los principales interesados en conocer el contenido”.
Allier invitó a los medios de comunicación y a la opinión pública a “concentrarnos en lo que realmente es importante respecto a la labor de la comisión: apoyar e impulsar las justas demandas de quienes durante décadas han exigido conocer el destino de sus familiares desaparecidos, esclarecer el pasado reciente y conseguir justicia respecto a los crímenes de lesa humanidad”.
¿Quieren que sea el Estado el que haga esta presentación?
–El Mecanismo de Esclarecimiento Histórico es sólo uno de los cinco componentes de la Comisión de la Verdad. Está también el de memoria, el de reparación, el de búsqueda, el de justicia. En realidad es toda la comisión la que tiene que dar un informe. No sólo el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico. Toda la comisión tiene que decir qué hizo y hasta dónde se llegó en búsqueda, en reparación, en justicia, en memoria y hasta dónde se llegó también en el esclarecimiento histórico. Eso es lo primero. Los informes que puedan surgir del MEH no son los centrales.
“Por otro lado, es muy importante que, como efectivamente es una sola, toda la comisión presente el informe y, además, que todo sea respaldado por la presidencia de la comisión, que está a cargo del subsecretario de Gobernación, el maestro Arturo Medina”.
“También él debe respaldar todo este trabajo que se ha estado haciendo. Y no solamente es lo que creo yo o mi equipo, es algo que también he discutido con sobrevivientes, con familiares y colectivos. Ellos también consideran que tiene que haber un reconocimiento gubernamental, que eso es fundamental”.
Usted ha dicho que en primer lugar están las personas que sufrieron la violencia, que qué caso tendría hacer una investigación tan exhaustiva si el Estado no es partícipe y no reconoce este trabajo colectivo.
–El Estado lo comandó, entonces el Estado debería de reconocerlo. Y por el otro lado, eso es lo que también los colectivos consideran que tiene que ocurrir: que el Estado acepte toda esta violencia que se cometió.
“hEMOS INCLUIDO EN EL INFORME la lista de desaparecidos Y TAMBIÉN la lista de perpetradores y personal que trabajó en el sistema represivo. eNCONTRAMOS DOCE OPERATIVOS QUE FUERON dirigidos contra militantes políticos, estudiantes, gente que perteneció a la guerrilla, sindicalistas…”
Se debe continuar, con más tiempo y gente
El esclarecimiento de la guerra sucia es un trabajo que está lejos de haberse terminado. “Como historiadores, sabemos que efectivamente el pasado nunca termina de estudiarse. Siempre hay nuevas preguntas, siempre se pueden encontrar nuevas fuentes”, expresa Allier.
¿Queda rebasado lo que se sabía del periodo, hablando del trabajo que hicieron la Femospp y la Comverdad?
–Una de las primeras cosas que hicimos en los primeros meses de trabajo fue volver a revisar, porque la mayoría conocíamos los informes de la Femospp y de la Comverdad, las recomendaciones de la CNDH o el informe que hizo la comisión de investigación en el Senado en 1998 en torno al 68. Los conocíamos, pero fue importante volver a revisarlos y, a partir de esa revisión, ver y hablar con las personas que estuvieron a cargo y preguntarles por dónde seguir. Una de las encomiendas del decreto presidencial fue ir hacia los desaparecidos políticos porque la Femospp se concentró sobre todo en 68 y 71.
Había que tomar en cuenta todo lo que existía, explica Allier, “por ejemplo, la lista de desaparecidos que hemos incluido en el informe o la lista de perpetradores y personal que trabajó en el sistema represivo. Son justamente aportes que salen de haber revisado lo que hicieron la Femospp, la Comverdad”.
Insiste en que no hay que olvidar, porque es muy importante, “incluir el trabajo de los colectivos, pues han hecho muchísimas investigaciones para conocer ese pasado y para saber qué ha pasado con sus familiares. Revisamos las listas de Comité ¡Eureka!, de H.I.J.O.S.”, por mencionar sólo dos casos.
“Hemos confirmado lo que se sabía. Lo que decían testigos, sobrevivientes y familiares, y lo que se conocía a través de la documentación. Pero se ha avanzado respecto a lo que no se conocía. La entrada, por ejemplo, a las zonas militares. Poder reconstruir en el espacio mismo fue muy importante. Pero además se han encontrado documentos que nos han dado pistas para tratar de saber qué pasó con algunas personas y también los planes y operativos que realizó el gobierno en contra de disidentes políticos”.
Dos informes, un Estado represor
¿Cuáles son las diferencias entre este informe y el primero, que ya se difundió al público? El que se presentó en agosto dice que el Estado persiguió a diversos grupos sociales, no sólo a disidentes políticos.
—Eso habrá que verlo. Cuando se revisen los dos, se verán las perspectivas. Es muy importante mirar lo que ocurrió con toda la población en México, con distintas sectores de la población en México. Es muy importante visibilizar toda esa violencia. Son violencias que han existido antes de 1965 y que continúan existiendo. Son violencias estructurales en contra de la población para disciplinarla. Es muy importante señalarlo. Pero no hay que olvidar que entre 65 y 90 hubo un régimen político autoritario que dirigió políticas específicas en contra de los disidentes políticos. Era un régimen que no quería que hubiese cambios políticos. Y que, por lo mismo, buscaba que tampoco hubiera cambios estructurales o económicos.
“Entonces –prosigue Allier– dirigió todos estos operativos: Operación Galeana, Rosa de los Vientos… Doce operativos, por lo menos, que encontramos, que se conocen, van dirigidos en contra de militantes políticos, estudiantes, gente que perteneció a la guerrilla, sindicalistas. No podemos olvidar que entre entre 65 y 90 hubo un régimen autoritario que buscó que la oposición política no pudiera manifestarse y trató de controlarla y en algunos casos de eliminar”.
Esclarecimiento, justicia y lo que sigue
Existen pruebas de que toda violencia de Estado ocurrió. ¿Qué caso tendría contar con estos documentos sin acceso a la justicia? Es algo que usted ha manifestado. Hay responsables.
–Sí y nosotros presentamos una lista de perpetradores. Yo sí creo que lo importante no es solamente este trabajo de esclarecimiento que se ha hecho, sino sobre todo qué sigue y qué interesa ahora a los colectivos. Y es definitivamente la justicia. Que todo este material pueda servir para la justicia.
¿Qué pasa si el gobierno no da una respuesta?
–Esperemos a ver si eso pasa.
