Pese a los amplios cuestionamientos a su gestión, Rosario Piedra busca reelegirse en la CNDH
A la gestión de Rosario Piedra en la CNDH se le critica proteger al gobierno y al Ejército por encima de las víctimas, además de entorpecer labor de sus comisionados.
Rosario Piedra Ibarra, la actual titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), realizó ayer martes su registro en el Senado de la República para buscar un segundo periodo de cinco años como presidenta del organismo autónomo.
Piedra Ibarra asumió la presidencia de la CNDH en 2019. Es hija de la histórica luchadora social y madre de Jesús Piedra Ibarra desaparecido en Monterrey, Rosario Ibarra de Piedra: la fundadora del Comité EUREKA.
“Me he registrado en el @senadomexicano para contender por un segundo periodo al frente de la @CNDH”, dijo en un mensaje publicado en sus redes sociales.
En su mensaje interno, además de agradecer el apoyo de sus colaboradores, Ibarra dijo que busca la reelección porque está convencida de la transformación que ha logrado la Comisión, aunque reconoció que aún deben consolidarla.
Entre los logros que Rosario Piedra se atribuye se cuenta el impulso en cambios en la estructura para fortalecer su operación, enfocarse en “mejorar la respuesta de la CNDH hacia las víctimas de violaciones de derechos humanos” y la transformación interna: “un proceso de renovación enfocado en la modernización de los procesos”.
Críticas a la gestión de Piedra Ibarra en la CNDH
No todos comparten el entusiasmo por la gestión de Piedra Ibarra al frente de la CNDH. El pasado 15 de octubre, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (el Centro Prodh) publicó el informe CNDH: balance de su debilitamiento institucional durante la gestión 2019-2024. En dicho documento, se detalla cómo la CNDH ha asumido una política tímida o directamente omisa en distintos momentos.
La CNDH, por ejemplo, no se posiciono en ningún momento respecto a los ataques y descalificaciones del expresidente Andrés Manuel López Obrador contra organizaciones de la sociedad civil ni en las iniciativas legislativas dirigidas a eliminar órganos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) o el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (Coneval).
A pesar de que durante estos cinco años la Comisión emitió más recomendaciones que en gestiones anteriores, el informe detalla un mayor número de omisiones significativas en casos que, por ejemplo, involucran a las Fuerzas Armadas. Esto sin mencionar el incremento en el número de testados que impiden revisarlas.
Entre 2020 y 2023, la Guardia Nacional acumuló 1,815 quejas pero sólo recibió 13 recomendaciones. Lo mismo ocurrió con la Secretaría de la Defensa Nacional con 1,664 quejas y sólo 26 recomendaciones.
“Un ejemplo ilustra esta práctica –se lee en el informe–: es el caso de la queja interpuesta por el defensor de derechos humanos Raymundo Ramos, quien denunció hechos de espionaje en su contra por parte del Ejército mexicano mediante el software Pegasus, la cual fue concluida por la Comisión Nacional en abril de 2023, sin que realizara una investigación exhaustiva, simplemente con un informe de la Sedena negando los hechos. Para redondear su política de inacción, el organismo se pronunció sobre las denuncias del uso de Pegasus durante el gobierno de López Obrador, afirmando que había investigado ‘sin encontrarse por esta Comisión Nacional elementos que presuman que el gobierno federal, o alguna entidad del mismo, se encuentre actualmente utilizando el sistema Pegasus, ni realice espionaje’, lo que después sirvió al Gobierno Federal para deslindarse del tema. Esto a pesar de que, en el caso, documentos que se hicieron públicos mostraban que el Ejército tenía en su poder la transcripción de comunicaciones entre el referido defensor de derechos humanos y personas periodistas…”
Otro ejemplo es la queja presentada por los integrantes del Equipo de Antropología Forense, la periodista Marcela Turati y la defensora Ana Lorena Delgadillo por los cargos penales que les impuso la Fiscalía General de la República, además de la intervención de sus comunicaciones, por trabajar en el caso de la masacre de migrantes en San Fernando, Tamaulipas. El organismo decidió cerrar la queja, legitimando así los actos de espionaje y criminalización de la FGR.
Además, la CNDH de Rosario Piedra evitó impugnar reformas impulsadas por el gobierno federal a pesar de que varias de estas contravenían estándares internacionales de derechos humanos. Peor aún: el organismo emitió más de 40 pronunciamientos para desacreditar a periodistas, órganos internacionales y derechos humanos con el fin de proteger al gobierno antes que a las víctimas.
El Centro Prodh también destaca el colapso de la gobernanza interna de la Comisión. Desde que Rosario Ibarra asumió la presidencia se estableció una relación tensa entre el Consejo Consultivo de la Comisión, lo cual llevó a la renuncia en distintos momentos de la mayoría de los consejeros llegando incluso a tener sólo uno de los 10 consejeros necesarios a lo largo de todo el 2021.
Muchas de los consejeros que han renunciado –a la fecha el Consejo Consultivo está inoperante– acusan que su trabajo se obstaculiza sistemáticamente, que su labor es desdeñada por la Consejera Presidenta; algunos acusan calumnias o amenazas o que se emiten comunicados y recomendaciones para los cuales no son consultados.
El anuncio de Piedra llegó seis días después de que el Senado aprobara la convocatoria para la elección a la presidencia de la CNDH y el último día en que podía presentarla.
El Partido Acción Nacional se posicionó en contra de la reelección de Piedra Ibarra e hizo un llamado para que se abstuviera de buscar un segundo periodo. La morenista Martha Lucía Mícher destacó la necesidad de garantizar el acceso a la transparencia y que Piedra Ibarra pueda participar en el proceso, sin embargo, recordó que ha tenido una administración polémica.
“No podemos ignorar que ha sido polémica, que ha sido muy cuestionada esta gestión y hay que tomarlo en cuenta”.
Los resultados del proceso de consulta pública para designar a la nueva presidenta de la CNDH serán publicados a más tardar el 8 de noviembre. Rosario Piedra necesita el voto de las dos terceras partes del Senado para reelegirse.
