La estrategia del gobierno mexicano tenía un frente fundamental: lanzar una ofensiva en los medios nacionales y extranjeros para neutralizar la influencia del EZLN y la diócesis de San Cristóbal ante gobiernos e instancias internacionales.
Sabían que el zapatismo había ganado ya varias batallas. Por eso, la urgencia de desplegar todos los recursos para conseguir una opinión pública internacional favorable. “Es tiempo de detener el desgaste que el gobierno de la República está pagando por el conflicto”.
Si el Subcomandante Marcos había inaugurado una forma distinta de hacer guerrilla, usando todas las plataformas mediáticas como aliadas naturales, el gobierno de Ernesto Zedillo no se quedaría atrás. Contraatacaría con todas las estrategias de propaganda y comunicación que el Estado ha sabido usar con un alto grado de eficacia durante décadas.
A la distancia, los documentos revelan detalles que en su momento era imposible mirar con tanta precisión. Cómo olvidar el 7 de marzo de 1997, cuando el Subcomandante Marcos hacía nuevamente su aparición en medios para censurar al gobierno mexicano por incumplir los acuerdos de San Andrés Larráinzar, asegurando que los funcionarios “dedicaban mucho tiempo para el espectáculo, poco para la democracia, menos para la justicia y nada para la libertad”.
Lo que no sabíamos es que precisamente en esos días el gobierno articulaba una fina y cuidadosa estrategia que debía elegir una de dos vías: reanudar el diálogo o administrar su suspensión.
Los estrategas pensaban que la primera opción, la de reanudar las pláticas de paz, tendría más costos que beneficios, pues existía la probabilidad de que adquiriera fuerza la propuesta de la Conai para convocar a un diálogo nacional, lo cual buscaban evitar a toda costa, pues eso reforzaría el papel del obispo Samuel Ruiz.
La segunda opción conllevaba el riesgo de que tanto el EZLN como la diócesis de San Cristóbal asumieran una posición ofensiva, colocando al gobierno en desventaja y obligándolo a adoptar una posición reactiva.
Los detalles quedaron escritos en un documento de la Secretaría de Gobernación titulado “Situación del diálogo de paz”, con fecha del 8 de marzo de 1997.
Unas frases delatan la intención de este documento: “Dejar al EZLN fuera de la coyuntura electoral”.
“Al EZLN y a la diócesis les conviene incidir en el contexto de las elecciones. Por ello, la administración de la suspensión unilateral del diálogo implica una estrategia de contención y reducción que disminuya el costo político cuando se produzca la reanudación del diálogo”.
- Lograr que aún con la negociación suspendida, la estrategia de desgaste del EZLN afectara lo menos posible la buena marcha del proceso electoral federal.
- Evitar que los temas asociados al proceso de negociación con el EZLN graviten en contra del gobierno debido al impacto de la propaganda zapatista en la opinión pública.
- Fortalecer la presencia gubernamental en la opinión pública internacional, para contrarrestar la propaganda política del EZLN y de la diócesis, que buscaba culpar al gobierno de la suspensión del diálogo.
- Fortalecer el estado de Derecho y la seguridad en los escenarios de riesgos armados en Chiapas; acciones de disuasión en las zonas en donde está asentado el EZLN; despliegue disuasivo y acción sobre otros grupos armados; y atención a los intentos de deterioro de la imagen del ejército nacional.
En pocas palabras, seguir golpeando en todos los frentes de guerra al EZLN y su influencia. Por ejemplo, contrarrestar tácticas zapatistas como la creación de facto de un nuevo municipio autónomo (el Che Guevara) y la instalación de un Parlamento autónomo.
No eran objetivos sencillos. Por el contrario, su cumplimiento requería de una compleja planeación y, sobre todo, contar con quienes se encargaran de garantizar su éxito.
Qué mejor que un grupo cualificado. Para eso estaban los periodistas y los medios de comunicación. Habían funcionado como aliados del poder en otras épocas, por qué no podrían reeditar su papel.
En un documento fechado el 17 de marzo de 1997 quedan las huellas de esta idea. Era urgente abandonar “el papel defensivo y actuar más agresivamente”. Enfrentar a Marcos en su propio terreno, el de los medios. El proyecto se llamó “Comunicación Social Chiapas”.
El Estado volvía a desempolvar los manuales sobre cómo aprovechar y usar a los medios de comunicación, en todas sus variantes; mayor vinculación con los medios impresos y electrónicos nacionales y un trabajo arduo y permanente con corresponsales extranjeros.
Comprendía la utilización integral de la red de estaciones de radio y televisión del Estado, el Instituto Nacional Indigenista (INI), el Instituto Mexicano de la Radio, Notimex y diario El Nacional, así como la firma de un convenio entre la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión y las autoridades estatales para el diseño, producción y difusión de la campaña nacional “Los hechos cuentan”, que ya estaba operando.
La estrategia buscaba llenar un vacío de información e impactar en la opinión pública local, nacional e internacional con el claro objetivo de “fortalecer la presencia del Estado mexicano ante el conflicto, coadyuvar en alcanzar la paz, mejorar la imagen de las instituciones públicas y resaltar los ‘principios y valores’ que han caracterizado la postura del gobierno en el conflicto”.
Todo tenía que estar perfectamente coordinado entre las oficinas de prensa del gobierno federal y estatal, por lo que se creó un grupo de trabajo de coordinación interinstitucional cuya función era dar seguimiento a las campañas de difusión.
Luego se abre un impasse de meses. El siguiente documento sobre estas líneas estratégicas tiene fecha del 9 de diciembre, ya hacia el final de año. Estaba por concluir el año y el diálogo seguía suspendido.
El 11 de diciembre de ese 1997 el obispo Samuel Ruiz había denunciado que los grupos paramilitares actuaban con el respaldo y protección del gobierno, mientras que el secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, hacía un vehemente llamado a los zapatistas para encontrar una salida al conflicto.
Eso era lo que el encargado de la política interior del país declaraba públicamente, pero dos días antes sus estrategas ponían punto final a otro documento, éste con el nombre de “Estrategia integral de atención para Chiapas”, que estaba listo para ser presentado al presidente Ernesto Zedillo. La apuesta real era por seguir alargando y “administrando” la suspensión del diálogo.
El expediente muestra las marcas de haber sido elaborado en la Subsecretaría de Desarrollo Político, con el énfasis puesto en la urgencia de adecuar la política de comunicación gubernamental sobre el proceso de negociación con el EZLN.
Se proponía una estrategia a corto, mediano y largo plazo que difundiera a nivel nacional e internacional “información objetiva” y se daba un salto cualitativo: proponía una “campaña permanente de divulgación ideológica” para insertar entre la opinión pública elementos que ayudaran a “la mayor comprensión de la acción de gobierno”.
Y en este plan se coloca de nuevo el papel de los medios y de periodistas: “Para lograr estos propósitos es necesario que se otorguen los apoyos que el gobierno del estado solicitó para poder operar las estaciones de radio, puesto que ya se cuentan con los equipos y sólo faltan los permisos de las instancias federales, así como instalar una representación de Notimex en Chiapas”.
El documento venía acompañado de una carpeta con una estrategia específica de comunicación para Chiapas. Desde el origen del conflicto en enero de 1994 y hasta esa fecha (diciembre de 1997), el gobierno reconocía al menos en estos papeles su derrota frente a la estrategia mediática del EZLN.
La presencia de los zapatistas en la prensa escrita, los medios electrónicos, incluido internet, había sido eficaz. La del gobierno, insuficiente.
Aunque también detectaban pequeños elementos en contra del EZLN: había perdido espacios y, decían, la atmósfera electoral de 1997 había trabajado en su contra. La marcha de septiembre le había dado cierto impulso, reconocían, pero sólo por un corto tiempo.
La proximidad del cuarto aniversario hacía concluir al gobierno que el esquema propagandístico del EZLN se pondría en marcha de nuevo en los medios de comunicación, buscando destacar el incumplimiento de los Acuerdos de San Andrés, la vinculación de los grupos paramilitares con el PRI y el gobierno, la creciente militarización del estado, la violación de los derechos humanos, la represión gubernamental, la falta de respuesta a los derechos de los grupos en condiciones de pobreza y la provocación de violencia inter religiosa.
Veían ese escenario y reconocían las fallas del gobierno en este terreno:
“Frente a esta estrategia tendenciosa que busca, a través de información dolosa y falsa, crear un clima de opinión desfavorable para el gobierno, no se ha logrado definir y articular un programa de comunicación efectivo dentro y fuera del territorio nacional”.
De ahí la urgencia de contraatacar a través de una fina estrategia de comunicación social que mostrara la mejor cara del gobierno. “Construir una atmósfera favorable en la opinión pública y en los medios de comunicación, que facilitara la negociación política para restituir la paz y la seguridad”.
Y entre los objetivos específicos estaban los siguientes:
- Generar corrientes de presión hacia los diputados opositores, la Conai y la Cocopa para que “asumieran posturas más razonables”.
- Contrarrestar la desinformación y el pesimismo que el EZLN, los partidos de oposición y los grupos de interés propalan en la opinión pública.
- Destacar la labor social del ejército en las comunidades y mostrar avances en materia de derechos humanos.
La orden era que toda la información tendría que ser ampliamente difundida mediante “artículos de fondo y reportajes, programas temáticos de media hora y mensajes testimoniales de 30 segundos, difundidos a través de tiempos oficiales”.
El gobierno de Chiapas debía trabajar más de cerca con los medios locales con el propósito de lograr “veracidad y objetividad”, y que durante sus estancias en Chiapas, los funcionarios federales celebraran convenios con concesionarios y directores de medios.
Además para “sensibilizar” a los directores y concesionarios de medios impresos y electrónicos de la Ciudad de México, los funcionarios deberían acudir a reuniones privadas con el propósito de informarles del trabajo realizado en Chiapas.
Uno de los puntos más delicado de la estrategia radicaba en unificar un solo tipo “discurso político”. Por ello, los voceros deberían ser únicamente el secretario y los subsecretarios de Gobernación, el negociador gubernamental y el coordinador general de Comunicación Social.
Como parte de las reuniones con concesionarios y directores de medios “para informar y sensibilizar” se enlistaba a varios periodistas y directivos de MVS: Pedro Ferriz de Con, Carmen Aristegui, Jorge Fernández, Joaquín López Dóriga y Joaquín Vargas.
En Televisa buscarían a Guillermo Ortega, Jacobo Zabludowsky, Ricardo Rocha, Lolita Ayala y Amador Narcia, mientras que en la Cámara de la Industria de Radio y Televisión, a Emilio Nassart (presidente de la CIRT) y Miguel Alemán Magnani (vicepresidente).
En los anexos al documento se ofrecía un listado habitual en las esferas de gobierno, en el que se clasifica a comentaristas y periodistas según la cercanía o distancia que mantengan con las posiciones oficiales.
Entre quienes, según la lista de Gobernación, se hallaban en una posición proclive a los zapatistas ubicaron a los siguientes:
• Miguel Ángel Granados Chapa (Reforma)
• Ricardo Rocha (Radiópolis)
• Javier Solórzano (MVS)
• Carmen Aristegui (MVS)
• Carlos Monsivais (El Universal)
• Ricardo Alemán (El Universal)
• Guadalupe Loaeza (Reforma)
• Fátima Monterrosa (MVS)
• Lorenzo Meyer (Reforma)
• Roberto Zamarripa (Reforma)
• y Elena Poniatowska (El Nacional), entre otros.
En la lista “en contra” del EZLN figuraban:
• Eduardo Ruiz Healy (Radio Fórmula)
• Rafael Segovia (Reforma)
• Sergio Sarmiento (Reforma, TV Azteca)
• Pablo Hiriart (Crónica)
• Francisco Cárdenas (El Universal)
• Joaquín López Dóriga (MVS, El Heraldo)
• Jorge Fernández M. (El Financiero, MVS)
• Marco Levario (Crónica)
• y José Fonseca (El Heraldo), entre otros.
Los gobiernos del PRI siempre han valorado la importancia de mantener una buena imagen en el exterior como uno de los elementos de gobernabilidad y de consolidación de poder dentro del país. Máxime cuando irrumpen tiempos violentos. El conflicto armado del EZLN encajaba en ese modelo.
De ahí que cada uno de los documentos elaborados en torno a las estrategias de comunicación colocara especial atención al tema de los medios y corresponsales extranjeros, así como al trabajo minucioso de difusión que se diera a través de las embajadas y representaciones diplomáticas de México en el exterior.
En pocas palabras, los estrategas de Gobernación demandaban una participación activa del personal diplomático mexicano en foros, ante organizaciones internacionales e instancias parlamentarias del exterior.
La campaña internacional se concentraría en hacer llegar “información oportuna” a los corresponsales, embajadas de otros países, principales diarios del mundo, universidades de mayor renombre e investigadores interesados en el conflicto chiapaneco.
“Sería conveniente elaborar un documental sobre Chiapas que refleje la problemática social y económica que se enfrenta. Sería un instrumento que permitiría brindar puntos de vista que no han sido divulgados en el extranjero, por lo tanto deberá ser traducido cuando menos al inglés y al francés, y convendría también difundirlo en cadenas internacionales como Discovery Chanel y en las propias redes nacionales de televisión”.
Uno de los documentos advertía: durante el primer semestre de 1998 México se encontraría de nuevo bajo la mirada internacional principalmente por dos sucesos: la certificación del Congreso de EU por la lucha contra el narcotráfico en México y el tratado comercial con la Unión Europea.
“Se deberá promover con destacadas personalidades y líderes de opinión, diversas reuniones, seminarios y conferencias en Chiapas que tengan impacto nacional y den fe de las acciones gubernamentales. Periódicamente se deben promover pronunciamientos y desplegados de asociaciones y organismos de diversa índole que inviten al diálogo”.
Lo que Emilio Chuayfett no sabía es que el 22 de diciembre de 1997 se le descompondrían todos sus planes. El apoyo otorgado desde diversas instancias federales a grupos paramilitares que enfrentaban a las comunidades zapatistas se salió de control en la pequeña comunidad de Acteal, municipio de Chenalhó, en la zona de Los Altos de Chiapas.
Un grupo de aproximadamente 90 hombres armados atacó a indígenas tzotziles de la organización Las Abejas, que se encontraban orando en el interior de una pequeña iglesia de la localidad.
El resultado del ataque: 45 muertos. De las víctimas, 16 eran niños, niñas y adolescentes; 20 mujeres (siete de ellas embarazadas) y nueve hombres adultos. Según testigos, la matanza se extendió durante siete horas y se desarrolló a sólo 200 metros de un retén de la policía.
Chuayfett fue forzado entonces a presentar su renuncia luego de varios días. Se iba a un exilio político prolongado, del cual saldría después y lo colocaría 20 años más tarde en la Secretaría de Educación.
Asé el 3 de enero de 1998 llegó un relevo a la Secretaría de Gobernación: Francisco Labastida, quien de inmediato intensificó la operación diplomática.
En un oficio fechado el 9 de febrero de 1998 y enviado a la embajadora Rosario Green, secretaria de Relaciones Exteriores, Labastida pedía su ayuda:
“Como es de su apreciable conocimiento, la situación en Chiapas ha creado una situación contraria a la imagen de México en el extranjero, propiciada en gran medida por las actividades de comunicación del EZLN y de la diócesis de San Cristóbal. Es necesario –enfatizaba– recuperar el terreno perdido en el ánimo de la opinión pública mundial”.
Por ello, le solicitaba “profundizar la coordinación de actividades de ambas Secretarías, que hagan más eficientes las acciones de promoción de la imagen de nuestro país en dicha materia”.
Le adjuntó un documento de 30 cuartillas donde se explicaba la génesis estructural del conflicto, los propósitos iniciales del levantamiento, las acciones realizadas por el gobierno para solucionarlo y algunos elementos de las estrategias implementadas.
Le proponía que los embajadores y cónsules mexicanos diseñaran estrategias de comunicación social donde se encontraran adscritos. Se buscaba: mejorar la imagen de México, quitar presión internacional a las acciones que realiza el gobierno federal para solucionar el conflicto y crear una opinión pública internacional favorable.
“Es tiempo de detener el desgaste que el gobierno está pagando por el conflicto”, afirmaba Labastida Ochoa en el oficio número 56 con carácter de “reservado”.
Para lograr estos objetivos le giraba una serie de instrucciones:
- Mayor acercamiento y diálogo con las oficinas de los jefes de Estado, de gobierno, cancillerías y demás ministerios para explicarles la posición y acciones que realiza el gobierno de la República.
- Propiciar un diálogo fluido y constante con las fracciones parlamentarias.
- Trato y diálogo constante con los líderes de los partidos políticos para mantenerlos permanentemente informados. De ser posible organizar conferencias con auditorios amplios de militantes.
- Mayor trato y un acercamiento más profundo con los dirigentes de las ongs internacionales, nacionales o locales.
- Encuentro personal con cada uno de los propietarios de los más importantes medios de comunicación masiva para explicarles la posición y acciones que realiza el gobierno.
- Encuentro personal con los directores de los diarios impresos más importantes, directores de radio y televisión más influyentes.
- Entrevista con los principales reporteros internacionales.
- Elaboración de ensayos periodísticos para que sean publicados y difundidos por los principales medios de comunicación.
- Presentación de seminarios y conferencias en los institutos de enseñanza superior y centros de investigación.
- Presentación de pláticas y conferencias en las asociaciones empresariales y profesionales más destacadas.
- Acercamiento con las iglesias nacionales y difusión amplia de las acciones y acontecimientos en las revistas y folletos que editen las misiones.
En otro documento, éste del 15 de abril de 1998, se informa a Emilio Rabasa, entonces titular de la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas, sobre los eventos de difusión en el extranjero.
Para el gobierno federal continuaba existiendo en el exterior una imagen distorsionada sobre los alcances del conflicto en Chiapas, y esto se debía a que algunos activistas, partidos políticos y organizaciones civiles, “en su afán de legitimar sus márgenes de acción”, habían contribuido al deterioro de la imagen del sistema político mexicano.
Por lo que el cerco pasaba a otro nivel. “Parece oportuno por lo tanto que un reducido grupo de ciudadanos distinguidos, con ascendiente trabajo intelectual, académico y conocimiento del tema indígena y del proceso político en Chiapas, coadyuven a crear una imagen más objetiva y argumentada del conflicto”.
En el documento se aclaraba que no se trataba de asumir una actitud justificadora o defensiva ni de una “maniobra propagandística”, sino que se intentaría explicar, a partir de información fundada en “hechos objetivos”, los alcances del conflicto y la fortaleza de las instituciones políticas.
El programa de difusión proyectaba también una amplia cobertura de prensa para compensar la falta de “activismo” en el exterior.
El formato de las reuniones sería tan abierto como se requiriera: conferencias, coloquios, seminarios, así como reuniones cerradas que dieran paso a un intercambio serio de puntos de vista, privilegiando siempre los ámbitos académicos.
En los eventos se involucraría a fundaciones extranjeras, centros o instituciones académicas nacionales como la UNAM, a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas, la Coordinación de Humanidades y el Instituto de Investigaciones Sociales, así como centros de reconocido prestigio internacional como el CIDE y el Colegio de México.
“Los invitados serán todos ellos intelectuales que cuenten con prestigio y relaciones en los ámbitos académicos en los países que visitarán, además comparten entre sí puntos de vista comunes sobre la cuestión de Chiapas”.
Los posibles invitados podrían ser, entre otros: Enrique González (INI), José Fernández Santillán (ITAM), José Luis Soberanes (UNAM), Francisco Gil (Colmex), Luis Medina Peña (CIDE) y Rafael Segovia (Colmex).
Entre las instituciones con la que se establecería contacto para llevar a cabo las actividades en Latinoamérica mencionaban a la Universidad Cándido Méndez, de Río de Janeiro, en Brasil; así como a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Santiago de Chile.
En Estados Unidos, la Universidad de Chicago, la Universidad de Austin en Texas, la Universidad de California, la Universidad de Harvard y la Universidad de Columbia. También se anexaba una lista de universidades de Inglaterra, Italia, Francia, España y Alemania.
Al gobierno también le preocupaba la actuación de las organizaciones no gubernamentales internacionales. Destacaba que habían jugado un significativo papel en Chiapas y estaban tan bien organizadas que sólo en el estado había 4 mil 500 extranjeros operando.
“Gozan de credibilidad ante la opinión pública y ejercen influencia sobre las políticas hacia México de gobiernos como los de Estados Unidos y la Unión Europea, así como de organizaciones como la ONU y la OEA. Por lo general, sostienen las mismas demandas de la Conai y simpatizantes de EZLN, como exigir el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés”.
Además, subrayaba, estas organizaciones habían estado promoviendo manifestaciones en el extranjero, “haciendo aparecer al gobierno como responsable de la matanza de Acteal”.
Por ello, la urgencia de atender todos los frentes. No dejar ni un hueco de información al EZLN. Responder a todo.
NOTA DE LA REDACCIÓN: Este texto se publicó originalmente en enero de 2014. Lo republicamos ahora por la relevancia pública de los expedientes obtenidos de la Secretaría de Gobernación y por la oportunidad de revisar en el 30 aniversario del levantamiento zapatista la estrategia de operación y comunicación política, incluida la batalla por los medios, del Estado mexicano contra el EZLN y el Sucomandante Marcos. Es un reportaje que mantiene intacta su vigencia periodística.
