Iglesia católica denuncia aumento de extorsiones a sacerdotes en los últimos 6 años
Aunque bajaron los homicidios, las agresiones y extorsiones a integrantes de la Iglesia católica aumentaron en los últimos 6 años.
Más de 900 extorsiones y amenazas de muerte contra integrantes de la iglesia católica fueron registradas en México durante los últimos seis años. Así lo reporta el documento Violencia contra sacerdotes, religiones e instituciones de la Iglesia Católica en México, elaborado por el Centro Católico Multimedia (CCM).
“Fue una cosa espantosa”, con esas palabras describió el obispo de Cancún-Chetumal, Pedro Pablo Elizondo Cárdenas, lo ocurrido el 2 de septiembre de este año 2024, cuando a la casa sacerdotal de su diócesis sufrió un “asalto masivo” en el cual las principales víctimas fueron clérigos de la tercera edad.
El padre Abraham Hernández, por ejemplo, misionero encargado de la parroquia Cristo Salvador y Señor en la Ciudad de México, recibió varias amenazas de muerte por distintas vías, incluyendo varias cabezas de cerdo enviadas a la parroquia con el fin de obligarlo a pagar “derecho de piso”.
El 3 de abril de 2024, el obispo de Orizaba, Eduardo Cervantes Merino, fue víctima junto a otros sacerdotes de un “asalto masivo en el que se le despojó de su anillo episcopal”.
Por esas mismas semanas, el obispo emérito de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, sufrió un secuestro express y desapareció durante varios días. Fue encontrado en la sala de urgencias de un hospital en Cuernavaca. Los paramédicos lo habían encontrado inconsciente, drogado y desnudo en la habitación de un hotel.
La cifra presentada por el CMM –más de 900 amenazas y extorsiones contra integrantes de la iglesia católica– es apenas un aproximado: la cifra real se estima mucho mayor debido a que no todas las denuncias son presentadas.
“Un inconveniente –detalla el documento– es la forma cómo las diócesis han afrontado el delito: sólo por advertencias sin articular mecanismos de prevención y denuncias, lo que hace que no haya un panorama claro de las cifras de delitos y cuáles son las diócesis con la mayor prevalencia en estos delitos. Tampoco se conoce la cifra relativa a las pérdidas económicas”, añade el documento.
Asesinato de sacerdotes
El estudio detalla que en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se redujeron los homicidios de sacerdotes católicos. Sólo se contaron 10 asesinatos. Sin embargo, se registraron “inéditos casos de asalto, violencia, detenciones arbitrarias contra varios obispos”.
Además, se contabilizaron otros 10 sacerdotes y religiosos violentados; 26 templos asaltados, profanados o atacados por semana; dos sacerdotes desaparecidos por más de 10 años.
Entre los sacerdotes que fueron víctimas de homicidio, se cuenta a Ícmar Arturo Orta Llamar quien, a sus 49 años, fue asesinado a balazos en Tijuana, Baja California, en 2018.
El padre José Martín Guzmán fue asesinado en 2019, luego de varios meses de emitir denuncias y comentarios críticos contra el gobierno del estado de Tamaulipas.
En Zacatepec, Morelos, José Guadalupe Popoca Soto, párroco de San Nicolás de Bari en Galeana, adscrito a la diócesis de Cuernavaca, fue asesinado en agosto de 2021.
Ese mismo año fueron asesinados Gumersindo Cortés González, de 63 años, y el fraile Juan Antonio Orozco, de 33 años. El primero era un clérigo de la diócesis de Celaya y su cuerpo fue encontrado con signos de violencia. El segundo quedó atrapado en un fuego cruzado junto con una comitiva de laicos.
En 2022, el padre José Guadalupe Rivas, presidente entonces de la Casa del Migrante en Tecate, Baja California, permaneció desaparecido varios días antes de ser localizado sin vida y con indicios de violencia.
En julio de 2022, Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar, sacerdotes de 78 y 81 años, fueron asesinados el interior de su misión en Cerocahui, Chihuahua.
En 2023, en Jalisco, el padre José Angulo Fonseca fue asesinado a balazos por su hermano. El padre Javier García Villafaña, de 60 años, fue asesinado a tiros en su auto en San Agustín del Pulque en Cuitzeo, Michoacán.
Por último, el padre Marcelo Pérez Pérez, de la iglesia de Guadalupe, en San Cristobal de las Casas, fue asesinado al terminar misa. El padre Marcelo era reconocido en varias comunidades por su trabajo para promover paz y bienestar en comunidades especialmente violentadas.
Iglesia católica: una competencia incómoda
Según el estudio del CCM, los asesinatos y agresiones a sacerdotes y religiosos católicos en México responden a que el crimen organizado los ve como una competencia incómoda.
“El crimen organizado ha visto a los sacerdotes como una competencia, darle trabajo a los migrantes es como quitarle el recurso humano al crimen organizado”, dijo Omar Sotelo Aguilar, director del CCM, durante la presentación del reporte hace unos días.
No es raro que, en la vida cotidiana, los sacerdotes enfrenten constantemente retenes por parte de grupos armados, en ocasiones son asaltados o agredidos por estos grupos; o son atacados con armas blancas al terminar sus ceremonias públicas; algunos son asaltados en los caminos y abandonados en zonas despobladas.
En 2019, el jesuita Raúl Cervera Milán fue embocado y atacado a balazos en Huayacocotla, al norte de Veracruz. Logró escapar. En 2020, otro sacerdote fue secuestrado, herido con arma de fuego y luego abandonado sobre la carretera México-Puebla.
El 23 de julio, el obispo de Tehuacán, Gonzalo Alonso Calzada Guerrero, fue asaltado por un grupo armado que le quitó sus pertenencias y su camioneta, abandonándolo en una zona despoblada.
De acuerdo al estudio, México es el país latinoamericano con más ataques violentos a recintos religiosos. Desde robo de arte sacro hasta agresiones contra los fieles, vandalismo, quema de iglesias, terrorismo contra monasterios, intimidación asesinato a ministros de culto y agentes evangelizadores.
Desde 1990 se ha registrado un total de 80 religiosos asesinados en México, siendo el estado de Guerrero el que registra el número más alto de homicidios (11), seguido por la Ciudad de México (8). “Nos faltan también 80 sacerdotes, religiosos y laícos, muchos de ellos en un purgatorio legal que no ha definido justicia ni reparación del daño”, dice el estudio.
