La desaparición de José Cárdenas Fuentes: una disculpa militar sin castigo
La Sedena emitió una disculpa pública por la ejecución extrajudicial de José Salvador Cárdenas Fuentes, joven de 19 años de Guanajuato
“Quiero expresar a la señora María de la Luz Fuentes Caudillo lo doloroso que significa la ausencia de un hijo, por lo que este acto tiene la finalidad de contribuir a reivindicar esta pérdida tan grande”, leyó el comandante Vicente Pérez López, a cargo de la XII Región Militar de la Sedena, en un escueto mensaje de disculpa pública ordenado por la autoridad judicial.
Palabras poco comunes en la boca de un militar fueron pronunciadas este fin de semana en la Alhóndiga de Granaditas como parte del cumplimiento a una sentencia por la desaparición forzada y asesinato de José Salvador Cárdenas Fuentes, joven guanajuatense asesinado en marzo de 2017, tras ser detenido arbitrariamente por militares.
Sin embargo, la madre de José no estuvo presente en el acto, debido a las amenazas que ella y su familia han recibido tras denunciar el homicidio de su hijo.
“¿Por qué no está aquí la familia de José? Por qué tienen miedo a las represalias, ‘si mete la denuncia le va a ir muy mal por qué la acusación que está haciendo es muy grave’, le dijeron militares”, explicó Raymundo Sandoval, integrante de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato que acudió al acto en representación de la familia.
Que los militares reconocieran su responsabilidad fue posible gracias a la sentencia de la jueza Karla Macías Lovera a un amparo tramitado por la señora Cárdenas, cuyos efectos fueron aplazados durante más de seis años por las impugnaciones de militares, reacios a admitir sus delitos.
José y su primo iban a un baile
“José Salvador tiene un hermano, muchos tíos, primos, una sobrinita, dos sobrinos, amigos de infancia, vecinos y recuerdos de quienes lo quisieron y lo quieren, y con quienes trabajaba, jugaba, bailaba, pasaba sus mejores momentos y comía su platillo favorito: los nopales fritos con garbanzos que le mandaba su abuelita”, contó Fabrizio Lorusso, representante de la familia, durante su intervención tras la disculpa pública de la Sedena.
La noche del 17 de marzo de 2017, José iba a divertirse, se dirigía a un baile junto a su primo Andrés, pero no llegó.
Pasarían por la novia de José a La Calera, sin embargo, en el trayecto Andrés se detuvo a hacer del baño y en ese momento vio como militares perseguían a dos jóvenes, los soldados le gritaron a Andrés que se detuviera, pero por temor corrió. “¡Tírale, tírale!”, escuchó antes de oír disparos detrás suyo.
José alcanzó a hablarle por teléfono a su primo, pidió auxilio ya que fue capturado por los militares y lo estaban golpeando.
Andrés llegó sofocado a una tienda de abarrotes y pidió un vaso de agua, allí fue encontrado por un conocido, con quien salió a avisar a sus familiares, posteriormente regresaron a buscar a José, quien días después fue encontrado con un disparo en la cabeza, a un costado de la carretera Irapuato-Salamanca, a unos 3 kilómetros de la sede de la XII Región Militar.
Involucramiento militar en el expediente
La sentencia del amparo 241/2017 muestra el rol de militares en la desaparición forzada e incluso en su investigación posterior. Por ejemplo, la presencia de cuatro bases de operaciones -conocidas como Pirul- aledañas al sitio de la detención, cuyos elementos participaron en esa fecha en la Operación Jabalí, destinada a combatir el huachicoleo (robo de hidrocarburos).
Después de los hechos, militares acudieron a “entrevistar” a dos testigos: un velador de una empresa agrícola (a quien le pidieron una identificación) y la dueña de una tienda a la que Andrés, el primo de José, había llegado corriendo a pedir auxilio.
“La Fiscalía Militar debe abstenerse de investigar hechos probablemente constitutivos de delito cuando involucren civiles”, señala la sentencia, al apuntar que estas “entrevistas” a testigos podían constituir intimidaciones.
Además, la sábana de llamadas del número telefónico de José registró actividad horas e incluso días después de su desaparición forzada. De acuerdo con el expediente, las coordenadas mostraban actividad hasta el 21 de marzo en comunidades donde existieron BOM Pirul y donde se hacían patrullajes.
Disculpa de la Sedena sin sanción
El documento de sentencia, fechado en octubre de 2018 y cuyo mandamiento de disculpa pública se retrasó por más de seis años, contiene referencias a los crímenes de fuerzas federales: la masacre de Tlatlaya, la de Apatzingán a manos de la Policía Federal; la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la de Rosendo Radilla Pacheco, un caso en el que la jueza Karla Macías sentenció en 2024 al Estado mexicano a reconocer su responsabilidad en el terrorismo estatal durante la Guerra Sucia.
Al igual que en el caso de José, la sentencia de Lovera sobre el caso Radilla fue impugnada por la Sedena.
Y aunque la disculpa pública es un avance significativo como un acto de reparación del daño, la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) para castigar a los militares responsables sigue estancada.
“Exhortamos a la FGR a avanzar en la carpeta. ¿Dónde está el doctor (Alejandro) Gertz Manero? No puede haber justicia plena sin la sanción penal. ¿Será que la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en realidad está comprometida con el combate a la impunidad?”, expresó el defensor Sandoval, en nombre de la familia de José, intimidada por militares sin castigo.
