La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno se comprometió a indemnizar a todos los empleados del Inai, organismo autónomo extinto el jueves.
Con bloqueos viales reprimidos por policías y acusaciones de “traición”, así fue la extinción del Inai, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, tras 22 años de existencia. El pasado jueves, 20 de marzo, la Cámara de Diputados aprobó las leyes secundarias con las que este organismo se declaró formalmente extinto.
A partir del viernes, un Comité de Transparencia –integrado por las ex personas comisionadas Adrián Alcalá Méndez, Julieta del Río Venegas, Josefina Román Vergara, Blanca Lilia Ibarra Cadena y once personas más– comenzó a colaborar con la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, cartera del gobierno federal a la que pasarán las funciones del desaparecido Inai.
Aunque el Pleno votó el jueves para dar compensaciones únicamente a 419 empleados del servicio profesional de carrera, Raquel Buenrrostro –titular de Anticorrupción y Buen Gobierno– prometió al día siguiente una indemnización para todos los trabajadores del Inai, incluyendo a los 320 empleados de libre designación, quienes habían quedado fuera de ese primer acuerdo.
Algunos de ellos -400 aproximadamente- podrán ser contratados por Anticorrupción y Buen Gobierno para el organismo Transparencia para el Pueblo, pero no todos.
La extinción del Inai se enmarca en una crisis en la que las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), escándalos de presunta corrupción y un discurso fomentado desde el Ejecutivo jugaron un papel importante para su descrédito.
Además, un conflicto interno en el Pleno, el cual data de hace meses, se reflejó en las últimas sesiones del instituto, particularmente en una confrontación abierta entre Adrían Alcalá, excomisionado presidente, y la excomisionada, Julieta del Río.
La votación del jueves produjo un airado reclamo en el que los empleados les gritaron “traidoras” a las hoy ex comisionadas, quienes votaron por compensar solamente a 419 trabajadores, argumentando que otros pagos podrían conllevar consecuencias legales.
“Ahora sí que hasta no ver, no creer. Todavía queda un resquicio de: ‘¿Sí lo van a cumplir?'”, se pregunta Mónica Ramírez, quien trabajó en el instituto desde su época universitaria, cuando ingresó por primera vez como prestadora de servicio social al entonces llamado IFAI.
En entrevista con Fábrica de Periodismo, la servidora pública, quien estudió Ciencia Política en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se excusa por el agotamiento en su voz: pasó la semana protestando en la calle, bajo el sol, para recibir algo de certidumbre por sus años de trabajo.
Foto: Rogelio Morales, Cuartoscuro.
El miércoles, un grupo de granaderos llegó a la avenida Insurgentes Sur para reprimir la manifestación de empleados que, hasta ese momento, seguían sin tener respuestas por parte de las todavía personas comisionadas. Bloquearon la circulación frente al edificio del Inai para exigir liquidaciones justas.
A Mónica le preocupa la deuda de un crédito que sigue pagando. Ante la falta de claridad sobre su empleo en las próximas semanas, consideró manejar un taxi por aplicación para cumplir con esa obligación económica. Para ella, empleada de libre designación, el acuerdo anunciado por Buenrostro representa un aliciente, pero “hasta no tener nada seguro, yo no puedo dar 100% la batalla ganada”.
Era 2013, el presidente Enrique Peña Nieto (EPN) ni siquiera sabía qué significaban las siglas del IFAI.
— El Instituto de Información y de Acceso a… la opinión pública, de… toda la información disponible para la ciudadanía desde el gobierno… el IFAI.
El organismo nació en 2002, con la alternancia política tras las elecciones del 2000 y gracias al impulso que dieron académicos y periodistas desde una organización conocida como Grupo Oaxaca, la cual tuvo influencia directa en la elaboración de la primera Ley de Transparencia dirigida a materializar la rendición de cuentas.
En 2010 se agregó la protección de datos personales a las tareas del organismo tras la publicación de una ley enfocada en salvaguardar la información sensible de la ciudadanía. En 2015 su nombre cambió a INAI, tras la promulgación de una nueva ley.
Sin embargo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) generó las condiciones para la extinción del INAI: acusó al organismo de ser oneroso y los escándalos de corrupción -como los gastos con cargo al erario del ex comisionado Óscar Guerra Ford en un table dance– terminaron por dinamitar la imagen del instituto.
Foto: Rogelio Morales, Cuartoscuro
Omar Cortés Rojas, secretario de Acuerdos y Ponencia, trabajó once años en el Inai y recuerda su participación en el impulso de la Ley General de Transparencia (promulgada en 2015), así como las resoluciones relevantes que dieron acceso a documentos: la masacre de Tlatlaya, la desaparición forzada de Ayotzinapa o el caso de corrupción de Odebrecht.
Para Cortés, quien tomó un papel central como uno de los representantes de los trabajadores, “las comisionadas y el comisionado presidente no cumplieron con las expectativas de lo que se les solicitaba”, señaló en entrevista con Fábrica de Periodismo la misma noche en la que el Inai fue extinto.
Con licenciatura en Derecho por la UAM Azcapotzalco y con más de 18 años estudiando sobre transparencia, Cortés indica que tanto su trabajo, como el de sus compañeros, se tradujo en el fortalecimiento de la democracia: “Una sociedad informada -sabiendo cómo las autoridades actúan o cómo rinden cuentas- a partir de esa información toma decisiones y que creo que se vieron reflejadas en esta última transición, la del sexenio pasado”, reflexiona.
A Rogelio García, jefe de departamento de Acceso a la Información, las últimas horas del Inai lo dejan con obligaciones económicas y preocupaciones: “Ayudo a mi madre , que tiene un trabajo de enfermera, le ayudo con su renta”, explica en conversación telefónica.
“Estamos pasando una zozobra terrible, porque somos trabajadores que vivimos de nuestro sueldo: no tenemos otra situación que nos respalde”, señala el experto, quien ha dedicado los últimos diez años de su trayectoria al instituto extinto, cuyas funciones ya recaen en Anticorrupción y Buen Gobierno.
Pese a que el oficialismo justificó la extinción del Inai señalando reiteradamente que resultaba costoso, mientras pugnaba por la simplificación administrativa, el organismo Transparencia para el Pueblo contempla la creación de 18 autoridades garantes a nivel federal, 40 integrantes del Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 32 subsistemas de transparencia para los estados.
En enero, Buenrostro prometió que los medios de queja y la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) se conservarían, ante las críticas de la sociedad civil sobre los retrocesos que conlleva la nueva legislación, en las que se contemplan motivos más rígidos para reservar documentos.
Para Rogelio García, la eliminación del Inai representa una regresión incluso hasta los tiempos en los que no existía la primera Ley de Transparencia, sin embargo, se lleva las satisfacciones profesionales de “pensar que mi grano de arena contribuía un poco a que a que el país fuera un poco más democrático”.
