Francisco Garduño, obligado a ofrecer disculpas por muerte de 40 migrantes

A dos años del incendio en la estación migratoria Lerdo-Stanton de la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez, en Chiahuahua, dentro de la cual murieron 40 personas que provenían de Guatemala, Venezuela, Honduras, Colombia y El Salvador, Francisco Garduño Yáñez es todavía el director del Instituto Nacional de Migración. 

Hace unos meses, un juez federal le concedió a Francisco Garduño librar el proceso penal por ejercicio indebido del servicio público, derivado del incendio ocurrido el 27 de marzo de 2023, por medio de varias medidas de reparación del daño a las víctimas y sus familiares, entre las cuales se incluye ofrecer una disculpa pública. Esta disculpa tenía que haberla ofrecido a finales de febrero.

A la fecha, Francisco Garduño no ha ofrecido una disculpa ni en su propio nombre ni en nombre de la dependencia, pese a ser uno de los requisitos impuestos por el sistema de justicia. El mismo juez que le ofreció esa salida en enero pasado, Victor Manlio Hernández Calderón, del Centro de Justicia Federal en el Estado de Chihuahua,  le ha extendido un plazo para por fin cumplirla. El 16 de abril el INM deberá ofrecer una disculpa pública a las víctimas y sus familiares.

Pero debe ser difícil ofrecer una disculpa pública si, como funcionario, Garduño se niega a aceptar que existe una responsabilidad. 

De acuerdo al expediente judicial que detalla la manera en que el comisionado evadió la acción penal en su contra, Garduño acepta la recomendación de la CNDH con el objetivo de cumplir “íntegramente la reparación del daño” pero no acepta que se trate de un caso en donde existan “violaciones graves a los derechos humanos”. 

En cambio, Garduño se autopercibe como un funcionario “injustamente imputado”, tal como ha expresado en varias ocasiones. El incendio y la muerte de 40 migrantes es, por tanto y de acuerdo a sus palabras, una mancha en su carrera y no una tragedia derivada de su gestión al frente del Instituto.

“Ha sido el mayor dolor que me ha causado mi carrera –dijo en un acto informativo el día de ayer–. Terminó con mi perspectiva de defensor de derechos humanos, a lo que siempre me he dedicado: tengo maestría y doctorado en ese tema”.

En esa misma entrevista, Garduño rechazó las responsabilidades penales así como las acusaciones de activistas, abogados, víctimas y periodistas sobre las condiciones indignas en las que se encontraban los migrantes ese día:

“No es cierto, no es cierto. Yo preguntaría a estas organizaciones, ¿qué han hecho por las víctimas del delito, directas o indirectas, de lo que sucedió?”.

Francisco Garduño, una disculpa, una indemnización y varias irregularidades

En concepto de reparación del daño a las víctimas, el gobierno federal ha erogado 240 millones de pesos en indemnizaciones: 3.5 millones de pesos por cada víctima afectada. A los deudos también se les incorporó de manera permanente al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), aún cuando muchos de ellos decidieron no permanecer en el país. Garduño indicó que también se les ofreció apoyo para gastos funerarios.

Hay tres víctimas que el gobierno no ha logrado localizar y, según Garduño, este dinero se encuentra resguardado en un fideicomiso. 

Además, hay nueve personas imputadas, seis de las cuales continúan en prisión, entre ellas un guardia de seguridad, un agente migratorio, el delegado del INM en Chihuahua y dos migrantes venezolanos acusados de haber iniciado el incendio. Garduño se jacta de que, incluso estos últimos migrantes fueron indemnizados por el Estado.

“Quedé marcado” se lamentó Francisco Garduño a pesar de insistir en que cumplirá con el ofrecimiento de disculpa pública. “Hoy, desde ayer, tengo en recuerdo y yo no puedo eludir esa señalización que hacen las ONG o los medios que acusan, procesan, sentencian  y ejecutan la sentencia, sin darle al acusado la garantía de audiencia, la garantía de defensa que establece la Constitución. ¿Por qué? Porque ya me procesaron los medios”.

Antonio Molina Díaz, quien fuera director general de Control y Verificación Migratoria del INM y considerado el segundo al mando de Francisco Garduño, fue también vinculado a proceso por el delito de uso indebido del ejercicio público pero actualmente tiene una orden de búsqueda pues no se ha presentado en las audiencias. 

En su momento, la Fiscalía General de la República señaló que en el INM existía un patrón de irregularidades y omisiones que derivaban en distintas tragedias, como el incendio que ocurrió en 2020 en otro centro migratorio, esta vez en Tenosique, Tabasco, en donde murió una persona y 14 terminaron heridas.

Otras irregularidades en la gestión de Garduño también fueron señaladas por la Auditoría Superior de la Federación y por el New York Times, diario que documentó la inconformidad del gobierno estadounidense con la política de Garduño y los datos engañosos que presentaba públicamente como resultado de su política migratoria. 

A dos años del incendio en Ciudad Juárez

El día de ayer, a dos años de la tragedia, organizaciones, activistas y ciudadanos se reunieron en una vigilia frente a la estación migratoria de Ciudad Juárez donde ocurrió el incendio para exigir justicia y recordar a las víctimas.

Entre las pancartas de los manifestantes, podían leerse las frases: “La frontera es necropolítica” y “La frontera arde, la dignidad resiste”.

Alejandra Corona, representante de la organización Servicio Jesuita a Refugiados, declaró a la prensa desde la estación migratoria: 

“El Gobierno federal cuando decide mantener a Garduño en funciones manda manda un mensaje de no negociación, de no sensibilización con la población migrante y de que va a continuar esta política que genera muerte”.

Ayer, Garduño culpó de la tragedia en Ciudad Juárez a quienes iniciaron el fuego y a los oficiales que tenían las llaves pero decidieron no abrir las rejas. Después enfatizó que se mantendría en el cargo “hasta que lo diga” la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En total, Garduño pagó de su bolsillos 468 mil pesos por los daños de la estación migratoria. Otros 1.4 millones que pagó la aseguradora. Los 246 millones de pesos erogados a las víctimas en concepto de indemnización son recursos que proporcionó el Estado Mexicano. 

“Garduño de su bolsillo no puso nada para las víctimas”, insisten los abogados de las víctimas. “Como imputado, él no ha reparado a nadie”.

“Soy un luchador social”, insistió ayer el todavía comisionado del Instituto Nacional de Migración. “Tengo más de 50 años en la lucha y he conseguido y defendía a las víctimas de la violencia política del régimen de Carlos Salinas de Gortari con 300 asesinatos y después con Ernesto Zedillo con 200… Mis antecedentes no son de un abusador y menos de un violador de derechos humanos. Por eso es para mí muy lamentable que, educándome en esa materia y siendo luchador y fundador de estas organizaciones, esté yo en estas circunstancias”.

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