México reacciona tarde ante el reclutamiento forzado de menores
Autoridades intentan frenar el reclutamiento forzado de menores en Hidalgo, Jalisco y Chihuahua, tras dejar crecer el fenómeno por años.
Ocurrió al menos una vez en la colonia EL Arbolito, en Pachuca. Allí, como en otros municipios del estado de Hidalgo, menores de edad han sido enganchados por grupos criminales, advierte la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).
Poco a poco, el crimen organizado se gana la confianza de las y los jóvenes, a veces todavía niños. Los incluyen grupos de WhatsApp y lo que en un principio es una interacción inofensiva se convierte, gradualmente, en un esquema de manipulación en donde las víctimas comparten información personal o imágenes comprometedoras con las que se ejerce coerción ara obligarlos a cometer actividades delictivas.
El caso específico, tal como lo documentó la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), se trata de un adolescente de la colonia El Arbolito que fue ingresado a un grupo de WhatsApp y, poco a poco, terminó formando parte de una red delictiva. Al descubrir la situación en la que se encontraba, sus familiares tuvieron que intervenir y eliminar toda la información del teléfono.
Rafael Castelón –integrante de Redim– señaló que, en Hidalgo, existen también casos en el municipio de Cuautepec, en donde un menor fue obligado a participar en una red criminal dedicada a la trata de personas.
“Hidalgo es la única entidad que ha tipificado este delito. Los grupos criminales utilizan a los adolescentes para presionar a sus compañeros y obligarlos a permanecer dentro de estas redes. A cambio, les ofrecen un pago de hasta 5,000 pesos”, explicó Castelán.
Mientras el crimen organizado ha diversificado sus métodos para hacerse de nuevas víctimas e, incluso, de fuerza laboral mientras el Estado apenas comienza a reconocer el fenómeno, a pesar de que el Comité de Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas alertó al Estado mexicano en 2011 y 2015 sobre el reclutamiento forzado de niños, pidió revisar la estrategia de combate a la delincuencia organizada para proteger a los niños de la violencia
En un documento publicado en julio de 2015, el Comité instó al Estado mexicano a tipificar como delito expresamente el reclutamiento y la utilización de niños por grupos armados, como los grupos de la delincuencia organizada.
El Comité de Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas alertó al Estado mexicano desde 2011 sobre el crecimiento del reclutamiento forzado de niños y pidió revisar la estrategia de lucha contra la delincuencia organizada para que los niños estén protegidos de la violencia. En julio de 2015, el Comité instó al gobierno de México a tipificar como delito el reclutamiento y la utilización de niños por grupos armados.
Además de advertir a las familias que pongan atención a las interacciones de sus hijos en las redes sociales, Castelán lamentó que las denuncias respecto al reclutamiento forzado en Hidalgo, el único estado donde estos intentos documentados de reclutamiento de menores está tipificado como delito, no llegue a las instancias judiciales y se registre sólo como “incidencias escolares”.
Algunas acciones contra el reclutamiento de menores
Por su parte, diputados de Movimiento Ciudadano –Carla Perales Arrieta y Alejandro Alcántara Carvajal– exhortaron a la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo a reforzar la labor de la policía cibernética y evitar el reclutamiento infantil por parte del crimen organizado.
Señalaron que, hoy por hoy, el crimen organizado no necesita ya siquiera buscar menores en las calles: las redes sociales, los videojuegos, las aplicaciones, el mundo virtual y hasta códigos QR’s pegados en la calle suelen ser mucho más efectivos al momento de persuadir, convencer u obligar a las nuevas generaciones de integrarse a las filas de un grupo delictivo.
“En este mes de la niñez, es importante recordar: ‘La niña no se toca, no se recluta y no se mata. No más niñas y niños en medio de la guerra del narco’”, enfatizaron.
Desde el hallazgo de prendas, fragmentos óseos, documentos y fotografías en el Rancho Izaguirre, en Jalisco, el reclutamiento forzado se ha convertido en uno de los temas más urgentes del país, sobre todo si se le entiende como un antecedente de la desaparición forzada que en México acumula ya 120 mil víctimas.
También en Chihuahua, uno de los cinco estados donde los menores de edad son más vulnerables a este tipo de crimen, de acuerdo a la Secretaría de Gobernación, se están impulsando reformas que buscan imponer penas más severas a quienes incurran en este tipo de delitos.
El diputado Pedro Torres Estrada, de Morena, propuso reformar el artículo 181 del Código Penal de Chihuahua para que se castigue con una pena de entre tres y seis años de prisión y multas de hasta mil doscientos días a quienes induzcan o recluten menores para actividades delictivas.
Jalisco, por su parte, firmó este martes un convenio en colaboración con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), junto con los tres poderes del estado –el gobernador Pablo Lemus; la presidenta del Congreso local, Mónica Magaña; y el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, José Luis Álvarez Pulido– en el cual se comprometen a fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes.
Este convenio incluye, entre varias medidas, la tipificación penal del reclutamiento forzado de menores por parte del crimen; sanciones por trabajo infantil a quienes contraten a menores de 15 años, así como la Creación de un Parlamento Infantil.
A su vez, la Redim presentó esta semana el proyecto “Niñez Primero: Acciones de Incidencia y Atención ante la Trata y el Reclutamiento de Niñas, Niños y Adolescentes”, un documento que busca convertirse en una guía de trabajo para prevenir la trata de menores y el reclutamiento forzado de infancias y adolescencias en México, con énfasis en la implementación de políticas públicas que permitan el acceso a la justicia, la reparación del daño y la restitución de derechos para quienes logren sobrevivir a estos delitos.
Tania Ramírez, directora general de la REDIM, comentó que se trata de un proyecto que se ha trabajado desde 2024, cuando se presentó ya una iniciativa de ley que ofrecía un diagnóstico en los estados de Michoacán, Veracruz y Ciudad de México.
“Es una estrategia desde la cual REDIM y muchas otras organizaciones queremos incidir en una realidad que nos duele Estamos analizando la realidad de los derechos de adolescencia y niñez en el país a través de un proyecto que ya pasó la fase de diagnóstico y plantea un momento de articulación e incidencia”, informó Ramírez.
Con este proyecto se buscará crear espacios diálogo y articulación con actores nacionales e internacionales que puedan coordinar acciones de prevención, atención y erradicación de la trata y el reclutamiento forzado de menores. La idea es involucrar tanto a las infancias y adolescencias, tanto como a la sociedad civil en general, en la prevención de este tipo de delitos y proporcionar atención psicosocial a víctimas y sobrevivientes de este fenómeno.
