Ayotzinapa: detienen a exmagistrada y denuncian a fiscal especial

A la jueza y ex magistrada Lambertina Galeana Marín, de 79 años, se le acusa de desaparecer las grabaciones de seis cámaras de seguridad que sería clave para esclarecer la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Las cámaras estaban colocadas afuera del Palacio de Gobierno de Iguala y habrían registrado lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014, el día en que 43 estudiantes sufrieron desaparición forzada.

Lambertina fue detenida ayer, miércoles 14 de mayo en Chilpancingo, Guerrero, en un operativo que involucró a autoridades federales y estatales. Elementos de la Fiscalía General del Estado de Guerrero cerraron la calle Abasolo de la colonia Rufo Figueroa para detener a la funcionaria en su vivienda.

A Lambertina se le acusa de los delitos de desaparición forzada y de delitos contra la administración de Justicia. Según los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), en los registros videográficos desaparecidos podrían existir evidencias del rapto de un grupo de normalistas por parte de hombres armados, justo frente a las instalaciones del Poder Judicial. En un principio, Lambertina Galeana negó que estas grabaciones existían. 

Desde 2016, el reporte preliminar de la recomendación presentada por la Comisión Nacional por los Derechos Humanos en torno al caso se dice que estos videos podría ser clave para esclarecer lo ocurrido con al menos 15 de los 43 normalistas, que habrían sido sustraídos por policías municipales de uno de los camiones.

Más aún: desde 2022, la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el Caso Ayotzinapa detalló que fue Lambertina, cuando se desempañaba como magistrada, la responsable de ordenar la destrucción de estos videos argumentando que “no eran claros por problemas técnicos”.

También en 2022, un juez de distrito de Procesos Penales del Estado de México ejecutó varias órdenes de aprehensión contra funcionarios estatales, entre los que se incluía a Lambertina. La acusaban de los mismos delitos por los cuales fue detenida ayer pero la orden de aprehensión en su contra fue cancelada. 

En 2014, Lambertina se desempeñaba como magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Guerrero. Tenía bajo su cargo a Javier Uribe en el área de informática, y a Luis Europa Solís, técnico de mantenimiento. 

La presentación de estos videos y la imputación de la entonces magistrada es una de las exigencias más insistentes de las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Se piensa que es una pieza importantísima para el esclarecimiento del caso y, es por eso que, cada septiembre, los familiares acuden a la Ciudad Judicial de Iguala a protestar. 

Estos videos no sólo habrían sido una evidencia que podría ayudar a entender lo sucedido con al menos 15 de los normalistas desaparecidos, sino que también podrían echar luz sobre lo ocurrido con el célebre quinto camión que partió de Iguala y que, supuestamente, transportaba droga escondida en su interior.  

Los videos borrados por Lambertina podrían haber acelerado las investigaciones que han tardado ya más de una década en llegar a conclusiones sólidas. Hoy se sabe que, en el ataque perpetrado contra los estudiantes frente a las instalaciones del Poder Judicial, por ejemplo, participaron policías municipales de Iguala y Huitzuco, además de que policías estatales y federales fueron testigos del ataque, también un informante del Ejército. 

Se especula que Lambertina no actuó sola y que recibió una orden para borrar estos videos. La detención de la magistrada marca una nueva ola de detenciones de “objetivos prioritarios” en el caso Ayotzinapa derivada de la investigación reiniciada por el sexenio de Claudia Sheinbaum.

Otros funcionarios bajo sospecha

Mientras esto sucede, la Unidad Especial para la Investigación y Litigio del Caso Ayotzinapa (UEILCA) se ve enrarecida por una guerra interna: su titular, Rosendo Gómez Piedra ha sido denunciado por peculado, extorsión, obstrucción de la justicia y otros delitos. Los mismos trabajadores de la fiscalía especial denuncian, por ejemplo, que el fiscal apenas pasa cuatro horas al día en la oficina, la mitad de los cuales los gasta en desayunar, que toma clases de baile en su despacho, que contrata gente sin preparación a quienes exige le entregan su primer pago, que realiza colectas de dinero para apoyar la campaña de su jefa, Sara Irene Herrerías, quien es candidata de la elección judicial, entre otras irregularidades.

Gómez Piedra señala que se trata de una venganza personal por el despido de varios trabajadores y señala un presunto robo ocurrido en las oficinas y la “manipulación de una computadora de un compañero ausente”, en la que había “información de solicitudes de extradición y otros temas importantes”.

Aunque Rosendo Gómez Piedra intenta hacer pasar estas denuncias como meros chismes y golpeteo político, lo cierto es que su posición es delicada. La formación original de la UEILCA era encabezada por Omar Gómez Trejo, un fiscal cercano a las familias de Ayotzinapa y que conocía al detalle todos los expedientes del caso. Esta formación fue desmantelada luego de que se señalara de manera contundente la participación del Ejército en el caso. 

El nombramiento de Gómez Piedra como titular de la UEILCA se sintió forzado, como una manera de mantener oculta la información ya generada y entorpecer la investigación subsecuente. 

La denuncia de los trabajadores de la UEILCA va más allá. Se señala que el abogado ni siquiera ha leído los expedientes que componen el caso: “Desconoce totalmente el asunto, porque nunca ha leído un solo expediente. Y, ¿cómo lo va a hacer, si únicamente está en la oficina cuatro horas en todo el día, de las cuales las primeras dodesayuna, y la dos siguientes se reúne con sus allegadora contar chistes, burlarse del personal, ponerles apodos?”, dice la denuncia. 

Síguenos en Google Noticias