Santa María Ostula, la guerra que no acaba

“Ya llevamos más de un año con esta situación y no vemos para cuando acaben los ataques”, declara con aire resignado Socorro Medina. Es una campesina que habita la comunidad indígena de Santa María Ostula y que ha atestiguado cómo el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) intensifica día a día su presencia y convierte la región en una zona de guerra, dirigiendo sus balas y sus explosivos, sobre todo, contra las comunidades nahuas de la sierra-costa michoacana.

A Socorro el grupo criminal le arrebató a su hermano el pasado 16 de abril de 2023. Él y su esposa vendían comida en una fiesta de XV años en la localidad del Salitre de Estopila, municipio de Chinicuila, el corazón de la zona ocupada por el CJNG. “Mi hermano –cuenta Socorro– vendía comida en algunas fiestas para completar sus gastos y ese día estaba atendiendo su puesto cuando un hombre llegó y le vació un cuerno de chivo (como se conoce a los fusiles de asalto AK-47)”.

A pesar del desconcierto, la esposa de Juan Medina se acercó al cuerpo destrozado mientras el asesino se retiraba luego de comprobar que su arma se había encasquillado.

A comienzos de diciembre de 2022, la Guardia Comunal de Ostula, un cuerpo de seguridad interno compuesto por habitantes de la comunidad, detuvo un vehículo que circulaba por la franja norte del territorio comunal, justo en la división entre los municipios de Aquila y Chinicuila. Acostumbrados a revisar vehículos o personas, los elementos de seguridad hicieron el alto, revisaron la camioneta y detectaron la presencia de un cargamento de marihuana y precursores químicos para la elaboración de drogas sintéticas.

El chofer, detenido, fue llevado ante la jefatura de tenencia de Ostula, en aquel entonces encabezada por Juan. Ahí se determinó el resguardo del hombre durante varios días así como la destrucción del cargamento. Como no existe en Ostula una representación local de la fiscalía estatal o de cualquier otra dependencia, la comunidad ha implementado sus propios mecanismos de investigación y de procuración de justicia a partir de sus usos y costumbres. Como comunidad indígena, este es uno de sus derechos reconocidos por el Acuerdo 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo, acuerdo internacional ratificado por México que se encuentra en el mismo nivel que las leyes constitucionales. Es gracias a este mecanismo que las comunidades indígenas han sustentado en las últimas tres décadas el desarrollo de sistemas de justicia y seguridad frente a los ataques constantes del crimen organizado y la imposición de mega proyectos estatales.

Tras una semana retenido, el conductor de la camioneta que transportaba el cargamento de marihuana y precursores químicos juró regresar por venganza. Nadie lo tomó muy en serio: cuatro meses después asesinó a Juan y amenazó con matear a su esposa y a toda la familia Medina.

El asesinato de Medina no es una historia aislada. El número de asesinatos y desapariciones de individuos de Santa Ostula perpetrados por la CJNG crece año con año, en una guerra lenta pero sostenida contra la comundiad nahua. De manera simultánea, el cártel ataca a las poblaciones con explosivos y armas de calibre .50mm.

Lo que ocurre en el extremo sur occidental de Michoacán se acerca a un punto crítico. La narrativa oficial, tanto del gobierno del estado como de la federación, habla de una pelea entre organizaciones criminales. En los hechos, sin embargo, la sierra-costa se ha vuelto un campo de guerra en contra de las comunidades que tratan de preservar su territorio libre de violencia y a salvo de las empresas privadas que buscan extraer sus minerales o sus maderas preciosas o arrebatarles sus mismas tierras para imponer proyectos turísticos.

Ataques contra la población

La Cofradía de Ostula es una de las 24 localidades internas que componen a la comunidad nahua de Santa María Ostula. Ubicada en la franja norte, desde sus pequeñas lomas es posible ver el comienzo de un extenso sistema montañoso que conecta esta región con la zona conocida como Tierra Caliente. Es en este corredor que el CJNG ha establecido campamentos, ocupado poblaciones, lanzado bombas artesanales con drones para luego atacar a la población civil con decenas de sus miembros armados. Según la opinión de varios de sus habitantes, La Cofradía se ha vuelto un objetivo militar para la organización criminal y por ello es que los ataques han arreciado en los últimos años.

«En la región se ha registrado la presencia del CJNG desde 2020, pero los ataques contra Ostula comenzaron en 2024: un comando de 50 personas, portando chalecos con las iniciales del grupo y armas de calibre 7.62mm, rafagueó una casa de La Cofradía».

María, de 34 años, es la encargada del orden en Cofradía. Platicamos mientras prepara sus cosas antes de encender la camioneta en la que recorreremos las calles de este lugar: “No sabemos muy bien porqué nos atacan, pero creemos que es porque si logran entrar a la comunidad por aquí van a poder controlar todo el territorio. El otro día, luego de la balacera, estuvimos haciendo el registro de los daños y encontramos una escuela de educación inicial llena de cartuchos de calibre .50mm. Imagínate que esta escuela hubiera estado llena de niños y niñas”.

El 24 de abril de 2025, poco después de las 5 de la tarde, a los puestos de control de la Guardia Comunal que vigilan día y noche esta franja norte de Santa María Ostula les llovió la guerra: ráfagas de fusiles de asalto tronaron por todo lados junto a los explosivos que caían desde los drones. “La Guardia acababa de cambiar de turno, vi pasar a los que salieron y a los que entraron y poquito después empezó el ataque”, explica María mientras revisa su celular y escucha el radio con el que se comunican todas las autoridades. “Nosotros trabajamos la tierra: somos personas del campo no de la guerra. Esto no es nuevo, desde el año pasado insisten en atacarnos pero no nos vamos a dejar: vamos a defender nuestra comunidad”.

A pesar de que en la región se tiene el registro de la presencia del CJNG desde mediados de 2020, en el caso de Ostula, los ataques directos en contra de la población nahua comenzaron en febrero de 2024, cuando un comando de alrededor de 50 personas, portando chalecos con las iniciales del grupo y armas de calibre 7.62mm, rafagueó una casa de Cofradía, la incendió y comenzó a tirar hacia otras zonas de esta localidad. En aquella ocasión buscaban a una persona en específico, atacaron su casa y al percatarse que ésta salía corriendo por la parte trasera, prendieron fuego a la vivienda de adobe y lámina mientras que algunos de estos sujetos trataron de perseguirlo.

A pesar de que lograron herir a la persona que buscaban, el CJNG disparó durante varias horas a otras casas, y a todo lo que se moviera. La Guardia Comunal logró proteger a la población y defenderla del ataque.

Los siguientes ataques se registraron el 1 y el 3 de julio de 2024: en el primero se trató de ráfagas de disparos en contra de las personas que estaban festejando las clausuras del ciclo escolar, por lo que había familias enteras divirtiéndose.

El 3 de julio enviaron drones que, desde la mañana, lanzaron bombas artesanales que estallaron a pocos kilómetros de la Cofradía. Ese mismo día, ya por la tarde, con toda la comunidad en alerta, el CJNG aumentó los ataques contra Cofradía y alrededor de las 6 empezó a bombardear los puestos de seguridad y vigilancia de la Guardia y parte de la zona habitada. El ataque duró cerca de 15 horas, tiempo durante el cual todas las personas se refugiaron en sus casas o en lugares en donde el techo fuera de cemento y no de lámina. Seis explosivos cayeron en distintos puntos pero por fortuna no hubo ninguna persona herida o que perdiera la vida.

“Estos han sido los peores ataques que hemos sufrido por parte del crimen organizado”, comenta Lupe, comisariado de bienes comunales, máxima autoridad agraria. Edgar, miembro de la comisión de seguridad de la comunidad, relata: “Ese día sentí que iba a morir, uno de los explosivos cayó muy cerca de la camioneta en la que me trasladaba. Cerré los ojos al escuchar el zumbido del dron y cerré los ojos un momento, luego esperé la explosión, aunque en este caso la bomba que lanzaron a un lado de donde estaba no estalló, se cebó”.

Para abril de 2025, tanto la Cofradía como las autoridades y la Guardia comunal habían aprendido cómo proteger a la población y cómo reaccionar ante ataques sorpresivos de este grupo criminal. El miedo se ha ido transformando en organización: esto les ha permitido sobrevivir a la guerra y, pese a todo, mantener su al CJNG fuera del territorio. En otras comunidades vecinas, como el Coire, este mismo grupo logró entrar y apoderarse de ciertas zonas desde las cuales opera, mientras que las personas que vivían ahí fueron desplazadas desde la segunda semana de agosto de 2024.

Santa María Ostula, una guerra sostenida

La comunidad de Ostula ha exigido –a través de diversos comunicados públicos–, el desmantelamiento del CJNG por parte del gobierno federal. Esta también ha sido una de las principales exigencias en reuniones a puerta cerrada con representantes del gobierno michoacano y del gobierno federal; sin embargo, a pesar de las respuestas positivas y los compromisos establecidos con autoridades de los tres niveles de gobierno, en la realidad no se ha avanzado mucho para garantizar la seguridad e integridad de esta comunidad y del resto de comunidades de la sierra-costa.

Un día atacan a Ostula, al siguiente bombardean Coahuayula, en Chinicuila, luego al Salitre de Estopila y luego a la cabecera municipal de Aquila o al municipio que conecta Colima con Michoacán: Coahuayana. Casi todos los días hay reportes de presencia del grupo criminal y también es notoria la ausencia de elementos de seguridad estatales o federales, a pesar de tener cuarteles cercanos.

El memorial de agravios de los últimos años es contundente: el 12 de enero de 2023, Rolando Magno Zambrano, Isaul Nemesio Zambrano y Miguel Estrada Reyes, tres guardias comunales de Ostula fueron asesinados en un ataque a un puesto de vigilancia; el abogado agrario Ricardo Lagunes y el profesor Antonio Díaz fueron desaparecidos el 15 de enero; el 1 de abril, fue asesinado Eustaquio Alcalá, comunero de Huizontla, una comunidad nahua ocupada casi en su totalidad por el grupo criminal; el 16 de abril Juan Medina fue asesinado mientras vendía comida y el 10 de agosto es asesinado otro elemente de la Guardia Comunal, el joven Lorenzo Froylán de la Cruz; luego de acompañar a su esposa a tomar un autobús en Coalcomán, el profesor José Gabriel Pelayo fue desaparecido el 19 de marzo de 2024; el 17 de mayo fue asesinado el comunero Antonio Regis mientras regresaba a su casa en la Cofradía, luego de llevar a su hijo a atención médica en otro municipio. Todos ellos originarios de la sierra-costa, involucrados en la defensa del territorio de alguna manera.

Por esto y por los ataques constantes que han hecho a Santa María Ostula un blanco más de la guerra, a la comunidad le resulta sospechoso que el único apoyo institucional concreto sea la presencia de un destacamento de elementos del 65 batallón de Infantería, perteneciente a la 43 Zona Militar, ubicado en Coalcomán, uno de los extremos montañosos de la sierra-costa. Como ha sucedido en otros casos, en la mayoría de los ataques, los militares no reaccionan ante un grupo criminal si éste no les ataca primero, así que para defender a la población ha sido la Guardia Comunal quien ha intervenido.

Ante las exigencias de Ostula, este destacamento castrense es el único en activo. Esto a pesar de que, en acuerdos por escrito, se ha establecido el posicionamiento de más personal castrense y de la Guardia Nacional en puntos específicos para frenar el avance del CJNG para así contribuir a su desmantelamiento permanente, al menos en la región.

Al interior de Santa María Ostula la vida intenta continuar e imitar la normalidad, a pesar de la guerra que la circunda. Las labores del campo no se han detenido. En estos días, por ejemplo, se está cosechando el tamarindo y algunas papayeras. La gente ya se prepara para las fiestas de clausura de cursos escolares y el turismo de surfistas se atreve a explorar las playas de la comunidad. Los corridos tumbados suenan en las tiendas y en los celulares de los jóvenes. De cuando en cuando, algún corrido menciona a las cuatro letras, como se le llama al CJNG: si alguien de la Guardia Comunal llega a percatarse, de inmediato exige que se apague la música o cambien de corrido.

“No queremos que la violencia de estos criminales se nos cuele con los jóvenes –me comenta un guardia comunal mientras se prepara para comenzar su turno–. Suficiente tenemos con los ataques que nos hacen cada rato, no nos dejan vivir en paz”.

La paz, por supuesto, es sólo aparente y momentánea. Ostula se encuentra en medio de un fuego cruzado entre autoridades federales y grupos criminales, en donde la Guardia Comunal puede ser un blanco fácil de ambas. Las autoridades insisten en criminalizar, discursivamente, a la guardia de Ostula mientras que el CJGN busca apoderarse de zonas estratégicas bajo el control de la comunidad

El pasado 16 de mayo, de manera sorpresiva, más de 120 vehículos de la Secretaría de Marina (SEMAR), auxiliados por otras camionetas civiles y sin placas realizaron un operativo el pasado 16 de mayo en contra de un reducido grupo de miembros del CJNG, quienes tenían ocupada la comunidad nahua de Huizontla, en el municipio de Chinicuila, vecina de Ostula.

Según un boletín e información difundida por la propia SEMAR, además de asegurar un arsenal de rifles de asalto, parque respectivo y un número indeterminado de explosivos caseros, los marinos también detuvieron a 9 personas –todas de origen colombiano– y abatieron (mataron) a 12 miembros del grupo criminal. Se hicieron públicas las fotografías en donde aparecen las personas detenidas y el gran arsenal, en apariencia un golpe certero al crimen organizado.

Algunas personas habitantes de esta localidad, sin embargo, han difundido en redes sociales detalles del operativo que no son mencionados oficialmente. Cristina, mujer que prefiere usar un seudónimo por temor a represalias, afirma que minutos después del operativo, quienes salieron a encarar a la Marina fueron personal del ayuntamiento y personas cercanas a este, el cual, aparentemente, desde 2021 colabora estrechamente con el CJNG.

En algunas fotografías y videos es posible ver a José Flabio Medina Sánchez, regidor, a Rosa Elena Ortiz Aviña, tesorera municipal, y Alberto Escareño Campos, de la dirección de Desarrollo Rural, quienes abiertamente tratan de impedir que el personal de la SEMAR se lleve a las personas detenidas y asegure el armamento. A decir de varios vecinos de Huizontla, “la gente del ayuntamiento ha colaborado desde 2021 con los criminales y les han facilitado todo, por lo que el operativo fue contrario a sus intereses. De cualquier forma, aquí todo mundo sabe y vio que la mayor parte de miembros de las 4 Letras se subieron a la sierra y allá van a estar un rato, este operativo nomás fue por encima”.

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