Entra en vigor la “Ley Censura” en Puebla
La llamada “Ley Censura” en Puebla contempla pena de cárcel y multas para quienes “insulten, injurien y ofendan” en redes sociales.
Este domingo la llamada “Ley contra la violencia digital”, pero apodada por activistas como “Ley Censura”, fue publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla tras aprobarse en el Congreso local. Se trata de una modificación que busca sancionar con prisión a personas que emitan mensajes denigrantes, insultantes o maliciosos en redes sociales, medida que causa alerta entre organizaciones defensoras de la libertad de expresión.
La definición vaga y escueta del delito provoca preocupaciones en sectores de la sociedad civil, quienes afirman que la ley podría motivar actos de censura digital en Puebla.
El artículo 480 dice lo siguiente:
Comete el delito de ciberasedio quien a través de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, redes sociales, correo electrónico o cualquier espacio digital insulte, injurie, ofenda, agravie o veje a otra persona, con la insistencia necesaria para causarle un daño o menoscabo en su integridad física o emocional.
A la persona responsable de la conducta descrita en el párrafo anterior se le impondrá la pena de once meses a tres años de prisión y multa de cincuenta a trescientos días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente en el momento de la comisión del delito.
Cuando la víctima sea menor de edad, se presumirá el daño a la dignidad por tratarse de una persona en desarrollo psicoemocional y físico, y la sanción se aumentará desde una tercera parte de la pena mínima, hasta dos terceras partes de la pena máxima.
Al respecto, la organización Artículo 19 recalcó que el delito de ciberasedio, espionaje y usurpación de identidad (también contemplados en la ley local) se frasean de maneras en que las interpretaciones pueden criminalizar el ejercicio periodístico: “El penalizar la obtención de datos, o transferir datos con información de datos personales pone en riesgo las investigaciones periodísticas, particularmente de casos de corrupción o de información provista por personas alertadoras quienes busquen hacer pública información sobre malas prácticas, abusos, o corrupción por parte de las autoridades”, advierte.
Ante el rechazo de organizaciones y de periodistas locales, el gobernador Alejandro Armenta informó que se llevarán a cabo foros de diálogo sobre dicha ley, aunque estos debieron haberse convocado previo a la aprobación, para garantizar un diálogo profundo sobre las implicaciones del delito.
Hace dos meses, la Ley Telecom de la presidenta Claudia Sheinbaum también encendió las alarmas de organizaciones civiles y de opositores políticos, al plantear un artículo con definiciones vagas sobre la suspensión de plataformas digitales. Al final, la mandataria afirmó que ese artículo se eliminaría.
Antier, el grupo de legisladores de las bancadas de Morena, PVEM, PT, Fuerza por México y Nueva Alianza en Puebla, firmaron un desplegado en el que reconocieron explícitamente el rechazo a las críticas que cuentas anónimas en redes sociales realizan a su trabajo como servidores públicos.
“No vamos a permitir que desde la cobardía del anonimato que ampara una cuenta falsa se mantenga el intento de dañar la imagen de los diputados y las diputadas con infundios y ofensas”, señalan las bancadas afines al oficialismo.
