Ayotzinapa: la FGR “pierde” a testigo que usó para encarcelar a 8 militares, denuncian abogados
Los abogados de ocho militares explicaron que la FGR no pudo presentar a uno de los testigos porque no lo encontró y confiaron en que sus clientes serán liberados de nueva cuenta.
La Fiscalía General de la República (FGR) suma un nuevo problema en el caso contra los militares a los que vincula con la desaparición de estudiantes en Ayotzinapa: no encuentra a uno de los dos testigos protegidos que utilizó para acusarlos de delincuencia organizada y con los que consiguió nuevas órdenes de aprehensión en su contra luego su liberación.
Alejandro Robledo y César González, abogados de ocho militares implicados por la FGR en la desaparición forzada de los 43 normalistas de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, alertaron sobre la situación de los dos testigos protegidos, identificados como “Carla” y “Neto” y quienes acusaron a los militares de colaborar con el grupo criminal Guerreros Unidos.
Las dos personas que formaban parte de Guerreros Unidos y que hoy colaboran con el gobierno sostienen que los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) recibieron pagos por dar protección a la organización.
“Hoy nos llegaron con dos fantásticas justificaciones: uno (testigo) está enfermo y no puede ir y el otro no es localizable. La fiscalía dice: ‘el testigo no es localizable en el domicilio que le proporcionó’ (…) Me estás diciendo que perdiste al testigo protegido. ¿Te mintió sobre su domicilio y ahora no lo encuentras?”, reclamó el abogado César Omar González Hernández, quien explicó que se solicitó una diligencia para entrevistar a ambos.
En conferencia de prensa, los abogados consideraron que este hecho muestra que existe una “persecución de Estado” en contra de sus representados y anunciaron denuncias contra el titular de la Unidad Especial para la Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA), Rosendo Gómez Piedra, otros funcionarios vinculados al caso y los testigos protegidos “Carla” y “Neto”.
“Hoy tenemos como víctimas a las familias de Ayotzinapa, a los militares y a las familias de los militares, hoy ellos también son víctimas, esto no fue un crimen de Estado, esto es una persecución de Estado, los señores son presos políticos y desafortunadamente el cochinero que han hecho en esta administración (…) Lo único que han logrado es empañar más todo, ensuciar más todo y alejar a las víctimas una vez más del acceso a la justicia y la verdad”, dijo César González.
Los ocho militares estaban sometidos a prisión preventiva desde junio de 2023, acusados de desaparición forzada. Son Roberto de los Santos Eduviges, Uri Yashiel Reyes Lasos, Ramiro Manzanares Sanabria, Juan Andrés Flores Lagunas, Omar Torres Marquillo, Eloy Estrada Diaz, Gustavo Rodríguez de la Cruz y Juan Sotelo Díaz
El 21 de enero, la jueza Ivette Duarte Cedillo ordenó su liberación al determinar que no había riesgo de que se fugaran y luego de que la FGR no aportó pruebas suficientes para mantener la medida de prisión preventiva, por lo que llevarán este proceso en libertad condicionada.
Pero tres días después, se obtuvo una nueva orden de aprehensión en su contra por su supuesta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada, en medio del reclamo del presidente Andrés Manuel López Obrador a Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Poder Judicial de la Federación.
Los abogados consideraron que, ante la ausencia de los testigos, se determinará la liberación de sus clientes, lo que representaría un nuevo revés en el caso que el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a esclarecer antes de que termine su sexenio.
