Clausuran predios de menonitas en el sureste; devastaron más de 2,600 has. de selva maya
En una de las intervenciones más significativas contra la deforestación ilegal en el sureste mexicano, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró siete predios donde comunidades menonitas desmontaron más de 2 mil 600 hectáreas de selva maya en Yucatán, Campeche y Quintana Roo.
Los operativos, realizados entre el 28 de mayo y el 14 de junio con apoyo del Ejército mexicano, la Guardia Nacional y policías estatales, expusieron un patrón recurrente: la transformación acelerada de bosques tropicales en monocultivos agroindustriales, impulsada principalmente por comunidades menonitas que operan sin autorizaciones ambientales.
Los inspectores documentaron daños en selvas medianas subperennifolias, bajas espinosas y subcaducifolias, ecosistemas clave para la biodiversidad de la península. Entre las especies afectadas hay ejemplares protegidos por la NOM-059-SEMARNAT y la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES), como la caoba (Swietenia macrophylla), el jobillo (Astronium graveolens) y palmas nativas como el guano kum (Cryosophila argéntea) y el chit (Thrinax radiata).

En Quintana Roo, los predios clausurados se ubicaron en los municipios de José María Morelos y Othón P. Blanco. En el ejido Piedras Negras, por ejemplo, se verificó el cambio ilegal de uso de suelo en 10.68 hectáreas, con la remoción de 1,057 metros cúbicos de vegetación nativa. Mientras que en el ejido Juan Sarabia, la afectación alcanzó 437.5 hectáreas.
En Campeche, las inspecciones se concentraron en Hopelchén y Calakmul, donde se detectaron 527 hectáreas de selva convertidas en campos agrícolas. Allí, las autoridades aseguraron tres tractores, una cosechadora y un remolque, además de madera extraída sin permiso.
El caso más dramático se registró en Tekax, Yucatán: 350 hectáreas de selva maya fueron arrasadas con maquinaria pesada, y en su lugar los menonitas construyeron drenes, caminos y hasta un sistema de riego por aspersión.
Entre los hallazgos más graves destacan evidencias de quema de vegetación, uso de maquinaria pesada y sistemas de riego instalados en zonas recién despojadas de su cobertura forestal. Las autoridades aseguraron tractores, cosechadoras y 108.5 metros cúbicos de madera extraída ilegalmente.
Un conflicto con raíces profundas
El comunicado de la Profepa señala que todos los predios clausurados coinciden con áreas de expansión menonita, un grupo de origen alemán que, desde su llegada a México en el siglo XX, se ha dedicado a la agricultura intensiva. Su modelo productivo, basado en grandes extensiones de soya, sorgo y maíz, ha generado tensiones históricas con comunidades locales y ambientalistas.
Los menonitas se caracterizan por su estilo de vida aislado, su ferviente práctica del anabaptismo y, sobre todo, por su vocación agrícola. Sin embargo, su modelo de producción —basado en monocultivos mecanizados y el uso intensivo de agroquímicos— se traduce en conflictos cada vez más patentes.
Reportes previos de Mongabay Latam documentan cómo, desde la década de 1980, los menonitas han adquirido tierras ejidales en Quintana Roo —a veces mediante contratos de usufructo que evaden la ley agraria— para convertirlas en campos de cultivo.
Las comunidades mayas y apicultores de la región consideran que estos desmontes amenazan su sustento y el equilibrio ecológico. Donde antes existía una selva densa e impenetrable, quedan campos homógeneos en donde la diversidad biológica es sustituida por tierras de labranza. La apicultura, actividad clave en la península, se ha visto especialmente afectada por los pesticidas y la reducción de flora nativa.
Afectaciones a la selva maya por los sembradíos menonitas
La Profepa anunció que mantendrá operativos en la zona para “revertir las afectaciones”, aunque no precisó si habrá sanciones penales para los responsables. El caso revela un dilema más amplio: cómo conciliar los derechos de grupos culturales como los menonitas —cuya vocación agrícola es parte de su identidad— con la protección de ecosistemas frágiles. Mientras tanto, la selva maya sigue retrocediendo ante el avance de los tractores menonitas.
No obstante las consideraciones culturales, lo cierto es que la Ley General de Desarrollo Forestal prohíbe el cambio de uso de suelo sin autorización de la SEMARNAT. Además la NOM-059-SEMARNAT protege especies como la caoba y el jobillo (Astronium graveolens), mismas que han sido afectadas en estos desmontes.

Foto: Profepa
La transformación del paisaje en la región ha sido drástica. Donde antes había selva tropical, ahora se extienden interminables campos de soya, maíz y sorgo. Datos de Global Forest Watch revelan que, solo en el municipio de Bacalar, se registraron 27,347 alertas de deforestación entre enero y octubre de 2022, concentradas en ejidos con presencia menonita como El Bajío, Paraíso y Salamanca. En este último, por ejemplo, se han perdido alrededor de 4,600 hectáreas de selva desde 2005.
Este no es el primer operativo contra desmontes ilegales vinculados a menonitas. En 2017, la Profepa ya había documentado la tala de 1,445 hectáreas en ejidos de Quintana Roo, y en 2018 impuso multas por más de 10 millones de pesos. Sin embargo, habitantes de la zona aseguran que las sanciones nunca se pagaron y que la deforestación continuó.

Foto: Profepa
“Vieron que no les cobraron nada y siguieron desmontando”, dijo un ejidatario de Paraíso a Mongabay. Las imágenes satelitales respaldan su testimonio: entre 2019 y 2022, la pérdida de cobertura forestal se aceleró en los ejidos donde operan estas comunidades.
La Profepa asegura que mantendrá operativos en la región, pero el desafío es complejo. Por un lado, está la necesidad de hacer cumplir la ley ambiental; por otro, el respeto a un grupo cultural cuya identidad está ligada a la agricultura.