Las inundaciones que ha ocurrido en los últimos días en varios estados de la república por el desbordamiento de ríos ha activado, una vez más, el Plan DN-III, estrategia militar de auxilio a la población en caso de desastres.
Sin embargo, el documento que dio origen a esos operativos establece un propósito extra, uno que no se conoce suficientemente y mediante el que básicamente se pretende que las fuerzas armadas ayuden a “asegurar el buen gobierno… y conservar el orden interior”, además de garantizar que "el esfuerzo del gobierno no desmerezca ante la opinión pública" y crear un "ambiente de confianza y respeto para el gobierno".
Con fecha de 26 de febrero de 1966 de la oficina del secretario de la Defensa Nacional, Marcelino García Barragán, salían dos sobres con documentos, uno para el secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez, y otro para el Jefe del Estado Mayor Presidencial, Luis Gutiérrez Oropeza. Esos paquetes contenían lo que se conoce como Plan DN-III-E (copia v48-75). Cada uno de los folios, con un destacado sello: CONFIDENCIAL.
De acuerdo con las definiciones públicas, el Plan DN-III es un instrumento operativo militar que establece los lineamientos generales a los organismos del Ejército y Fuerza Armada Mexicanos para realizar actividades de auxilio a la población afectada por desastres de origen natural o humano.
Y aunque son ciertas esas imágenes que muestran a elementos del Ejército Mexicano en auxilio a la población, en ese documento que el entonces secretario de la Defensa Nacional enviaba el objetivo principal del Plan DN-III iba más allá. En su cuarto párrafo establece su otra tarea oculta: “Mantener el orden y asegurar el buen gobierno, o restablecerlo a la brevedad posible, en caso de que así se haga necesario”.
Cuando se presentan desastres naturales, advierte, “los servicios públicos no funcionan, el orden es alterado y las autoridades civiles no son capaces por sí solas de enfrentarse a la población… Por lo tanto, el Ejército Mexicano, en cumplimiento a una de sus misiones (conservar el orden interior), se ve precisado a actuar”.
“Auxiliar con toda determinación y eficacia a las víctimas del mismo, con el objeto de estrechar los vínculos de afecto que unen a las fuerzas armadas con nuestro pueblo, mantener el prestigio del gobierno y limitar los efectos físico y morales del desastre”.
Si bien y siempre de acuerdo con el documento, se puede decir que las fuerzas armadas y el ejército como parte de ellas, son piezas clave en el auxilio a la población en casos de emergencia, el mismo texto sugiere que no es ni la única ni el principal función que ejercen estas instituciones del Estado en momento de crisis y emergencias.
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La puesta en acción del Plan DN-III-E ha sido recurrente en la historia reciente de México. Particularmente, luego del sismo de septiembre de 1985. Aunque una de las razones por las que se recordaría al ejército en su participación de 1985 es porque la aplicación del DN-III en el entonces Distrito Federal no fue tan exitosa como sí lo había sido en casos de huracanes e inundaciones en diversas regiones del país. En el 85, la sociedad civil de esta ciudad tomó gran parte de la organización y rescate de las víctimas del sismo.
Para Raúl Benítez Manaut, presidente del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, (Casede) y experto en fuerzas armadas, el papel del ejército en el 85 se explica también desde su contexto histórico, pues sería la primera vez que el ejército volvía a las calles después de que 1968 se le implicó con la masacre de estudiantes. Fue un regreso a las calles y no sabían cuál podría ser la respuesta de la gente.
Y si “en el 85 el ejército fue rebasado por la respuesta tan rápida y contundente de la sociedad civil, primero espontánea y poco a poco cada vez más organizada, fue porque en cierta medida era una experiencia inédita para el DN-III”.
Benítez Manaut dice que a eso habría que agregarle la tensión que ocurrió al interior del gobierno de Miguel de la Madrid entre dos posiciones: establecer un estado de sitio, como era el planteamiento de la Sedena, y la postura de la Secretaría de Gobernación y el gobierno del entonces Distrito Federal de dejar que fluyera la iniciativa de la sociedad civil, pues intentar contener esta organización social hubiera sido muy costoso políticamente.
Existen elementos prácticos que también complicaron el papel del ejército en la ciudad en ese momento, como el hecho de que el DN-III para huracanes e inundaciones casi no se aplica en grandes ciudades, sino sobre todo en pequeñas ciudades y pueblos costeros, donde la población es muy humilde y respalda mucho la ayuda militar, explica Benítez Manaut.
Para el especialista y profesor durante años en las fuerzas armadas, algo similar pasa ahora con la Guardia Nacional. Se despliega en la CDMX, pero en zonas marginales y populares, no en el casco central de la ciudad. “El pueblo sí apoya a las fuerzas armadas, pero la clase media para nada”.
Y no es nada menor la imagen, ligada directamente a la percepción social de las acciones de las fuerzas armadas, particularmente del ejército mexicano.
Máxime cuando en los últimos años precisamente la imagen del ejército se fue deteriorando por, entre otras razones, su papel contra el narcotráfico y la infiltración de éste en sus filas. De acuerdo con investigaciones periodísticas, el narcotráfico infiltró al ejército a través de altos mandos de la estatura de los generales Jesús Gutiérrez Rebollo y Mario Arturo Acosta Chaparro.
Y dos, la violación de los derechos humanos en diversos operativos, como el del caso Tlatlaya, donde también investigaciones periodísticas demostraron que elementos del ejército habrían disparado contra presuntos delincuentes cuando éstos ya habían sido sometidos. Les habían dado el tiro de gracia con autorización de los superiores castrenses.
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Una consulta al sitio de la Sedena confirma que el documento del DN-III sigue siendo el mismo de los años sesenta y que entró en operación cuando impactó el huracán Inés en octubre de 1966: “se pone en ejecución por primera vez, con resultados positivos, propiciando una recuperación rápida de la zona de desastre”.
Pero lo que el sitio no explica es que la creación del Plan DN-III (1965) ocurrirá a la par de una serie de movimientos sociales que van germinando ese año y que terminarán sacudiendo desde sus raíces al país en esa y la siguiente década.
Por ejemplo, el 13 de enero de 1965 los médicos de todo el país han paralizado los servicios de salud: 59 hospitales de la ciudad de México y 48 de los estados. Sus demandas en ese momento, al igual que en estos días, iban de mejorar las condiciones laborales hasta lo más básico: equipos de trabajo: zapatos, vestuario, etcétera. El paro médico obligó al gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz a responder a sus demandas, al tiempo que se abrían las puertas para otros movimientos.
El documento origen del DN-III tiene fecha de 22 de septiembre de 1965. Y exactamente al día siguiente, el 23, ocurrió la que sería una de las primeras irrupciones de la guerrilla en contra el ejército. Ese día, un grupo de jóvenes armados atacó el cuartel Madera, en Chihuahua.
Esa acción guerrillera sería derrotada, pero quedaba la semilla de lo que una década después fue la inspiración de grupos urbanos como la Liga Comunista 23 de septiembre, y rurales, como el Partido de los Pobres, comandado por Lucio Cabañas en la sierra de Guerrero.
En ambas guerrillas, la rural y urbana de los 70, el ejército mexicano tendría un papel protagonista para su eliminación. También serían, responsables en gran medida en la detención, tortura y desaparición de más de 500 personas, según documentó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (recomendacion 26/2001), en lo que se conoce como la guerra sucia de los años setenta que, aunque insuficientemente conocida por la población, si está documentada en los documentos que guarda el Archivo General de la Nación, lugar donde hace años se encontraron miles de documentos de un fondo que proviene de la Secretaría de Gobernación… y entre esos, los del Plan DN-III-E.
De acuerdo con el estudio México: doctrina, historia y relaciones cívico-militares a inicios del siglo XXI, de Benítez Manaut, las fuerzas armadas, a nivel operativo, dividen sus misiones en dos: el Plan DN-I, para la defensa de la nación, el territorio y la población ante un enemigo externo y el Plan DN-II, para colaborar en la paz social y la seguridad interna.
El Plan DN-II es lo que se considera la actividad medular de las fuerzas armadas mexicanas. Por la historia de México, parte muy importante de los recursos e hipótesis de guerra en México se centran en amenazas internas. Éstas van desde la existencia de grupos armados que desafían el poder del Estado, hasta misiones que se asignan a las fuerzas armadas, la mayoría de ellas por insuficiencia de otras instituciones del Estado y gobierno en México, sobre todo de seguridad pública en el ámbito rural.
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Chilpancingo, Guerrero, octubre de 2023
Foto: Dassaev Tellez | Cuartoscuro.com
Tulum, Quintana Roo, julio de 2024. Foto: Cuartoscuro.com
Soto La Marina. Tamaulipas, junio de 2024. Foto: Cuartoscuro.com
Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia en 2018, comenzó una fina y quirúrgica reconstrucción de la imagen de las Fuerzas Armadas, muy en particular del ejército, dotándole de mayor poder y presencia pública.
El expresidente no sólo buscó restituir la imagen del ejército, sino que además presumió una y otra vez su buena relación con el mundo castrense. Al ejército le encargó varios de los proyectos insignia de su sexenio: el aeropuerto Felipe Ángeles en terrenos también militares, la refinería Dos Bocas y el Tren Maya, además del mando e incorporación de la Guardia Nacional a su estructura.
Con esos antecedentes, las fuerzas armadas entran a escena en uno de los papeles quizá más demandantes y superior al del sismo de 1985: una pandemia global provocada por un virus que contagió a decenas de millones y medio de personas y causó la muerte de cientos de miles de personas en México.
Ante este escenario, hay varias interrogantes elementales: ¿El DN-III fue diseñado para este tipo de emergencias? ¿El ejército está preparado?
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El 24 de marzo de 2020 el gobierno decretó la fase 2 de la pandemia en México y se anunció la entrada en el escenario de la Defensa Nacional a través del Plan DN-III. El entonces titular de Sedena, general Luis Crescencio Sandoval, dijo que con el plan se buscaba “complementar todas las capacidades del sistema de salud en el territorio nacional”.
El martes 31 de marzo el Plan DN-III pasó a formar parte del decreto para la emergencia sanitaria. El punto cinco del decreto establece que la Defensa Nacional, Marina Armada de México y Guardia Nacional tomarán las medidas para garantizar la seguridad de las personas y sociedad conforme a sus perspectivas atribuciones, así como para la protección y resguardo de instalaciones estratégicas y redes públicas de comunicación; velando siempre por el debido respeto a los derechos humanos.
El primero de abril, ya como parte del Plan DN-III, el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) entregó al ejército el control de 34 hospitales
Y aunque desde el 24 de marzo el presidente anunció la entrada en acción del plan militar, el lunes 3 de mayo informó que empezaba su aplicación junto con el Plan Marina, ambos para reforzar toda la estrategia contra la pandemia del coronavirus.
Por instrucción de López Obrador, todas las instalaciones sanitarias se convirtieron en lugares de atención al Covid-19: 117 hospitales de especialización, hospitales militares de zona y unidades médicas de consulta externa.
El Plan DN III original
El documento original del Plan DN-III (unas 40 páginas) abunda en detalles de las tácticas y estrategias del ejército en caso de huracanes, ciclones, sismos, incendios, deslaves… pero, por lo menos en el documento, nunca estuvieron en su escenarios de futuro, algún tipo de epidemia-pandemia como causa grave que pusiera en riesgo la seguridad nacional y de los habitantes, y que eso requiriera de una preparación particular de las fuerzas armadas, como si ante los otros tipos de desastres y emergencias.
En ese mismo catálogo de emergencias nacionales, el DN-III da cuenta de otro tipo de desastres que, aun cuando son menos frecuentes y los daños no tan considerables en la población, también atendería, como trombas, maremotos, torbellinos y tornados, incendios, explosiones, accidentes mayores: ferroviarios, aéreos y marítimos.
La guía de catástrofes se basaba en la estadística que en ese momento tenía Sedena de un compilado de datos desde 1921 y hasta 1964, periodo en que habían ocurrido un total de 621 ciclones tropicales, de los cuales 162 habían tocado territorio nacional en las costas orientales del Mar y Golfo de México y costas del Pacífico… Pero de lo que no se ocupa el DN-III es de las epidemias o pandemias como problemas de interés y urgencia nacional.
Esa capacidad militar de reacción ante fenómenos naturales es la que les avala para poner en marcha el DN-III. Aunque en su lado oculto está, discreto, el propósito central: mantener el orden social.
Aquí algunos de esos argumentos para la ejecución de esa parte no tan pública del DN-III:
–Por lo regular las autoridades municipales o de otro tipo, encargadas de intervenir, son insuficientes por carecer principalmente del personal necesario para controlar al pueblo.
–Las Fuerzas Armadas deberán, cuando sus misiones no se vean afectadas por ello, intervenir en auxilio de otras autoridades, tanto para ayudar en la lucha contra los efectos del siniestro, como para ayudar a controlar a la población.
–Porque los desastres producen en las regiones devastadas un estado psicológico que se caracteriza por una moral quebrantada de la población.
Aunado esto, a la suspensión temporal de los servicios de seguridad, orden público y administrativo en el área afectada, se facilita la ejecución de delitos diversos (robos, despojos, ultrajes, etc.) creando una situación de inseguridad, lo cual exige la intervención de las fuerzas armadas en auxilio de las autoridades civiles para conservar el orden, vigilar y ejecutar en su caso la operación de auxilio y rescate en provecho de la población.
Algunas de las medidas de seguridad que se establecen son, vigilancia de la zona afectada, a fin de evitar el pillaje; vigilancia de las rutas de evacuación para evitar ultrajes y desórdenes; organización del organismo de control de la población afectada, la recepción y difusión de la información; vigilancia de los sitios de concentración; vigilancia de los centros de distribución y depósito de víveres, medicinas y ropa.
Para poder ejecutar todo esto, dice en el apartado de las capacidades de las Fuerzas Armadas, “la ley orgánica previene que el Ejército y la Armada, son instituciones destinadas a defender la integridad e independencia de la Patria, a mantener el imperio de la Constitución y de las demás leyes a CONSERVAR EL ORDEN INTERIOR”. (En mayúsculas en el original).
No sólo eso, busca objetivos adicionales: “Evitar que el esfuerzo de nuestro gobierno para aminorar los efectos del desastre en la zona devastada desmerezca ante la opinión pública nacional y mundial“.
Y, por otra parte, “crear en nuestro pueblo un ambiente de confianza y respeto a la capacidad de nuestro gobierno en general y de nuestras fuerzas armadas en particular, para, mediante su colaboración, limitar o reducir las consecuencias de un desastre”.
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Parafraseando al expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que la pandemia cayó “como anillo al dedo”, es posible que laa crisis sanitaria haya sido “oportuna” para el ejército. Las fuerzas armadas estarían logrando varios de los objetivos no explícitos u ocultos que el DN-III planteaba en su documento original, como:
- Reconstruir la imagen de unas fuerzas armadas frente a la sociedad que se vino deteriorando en los últimos años y, de paso, el afecto de ciertos grupos sociales.
- Recuperar un papel determinante como coordinador de todas las instituciones del Estado en situaciones de alto riesgo, como se señala en el anexo A “E” –1 del documento de origen: “…el objeto fundamental del DN-III será establecer las medidas tendientes a capacitar mejor a las fuerzas armadas mexicanas, para intervenir efectivamente en auxilio de la población civil”.
Y quizá lo más importante: recuperar una presencia real de poder en el terreno al mantener el orden social ante posibles actos de la delincuencia común, o brotes de organización social espontánea, situaciones que suelen ocurrir en tiempos de crisis o emergencias.
Una versión distinta de este texto se publicó en mayo de 2020 en Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. Lo republicamos ahora por la actualidad que adquiere ante la participación de elementos del Ejército en las tareas de apoyo por las recientes inundaciones que se han registrado en varios estados del país.
