Legisladores endurecen penas por delitos ambientales
Legisladores aprobaron por unanimidad penas más duras por delitos ambientales: peleas de perros, pesca de totoaba, deforestación
Cárcel a quienes entrenen o usen perros para peleas, para quienes realicen tala clandestina o pesquen totoaba. En una sesión histórica, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el endurecimiento del Código Penal Federal para castigar con hasta 20 años de prisión los delitos ambientales más graves. La reforma, avalada con 452 votos, busca enfrentar lo que los legisladores denominaron una “crisis ambiental” caracterizada por deforestación acelerada, tráfico de especies y contaminación de cuerpos de agua.
El dictamen, que ahora pasa al Senado para su revisión, representa la respuesta legislativa más contundente en décadas al deterioro ambiental. El presidente de la Comisión de Justicia, Julio César Moreno, fundamentó la reforma en hechos concretos: “los incendios provocados para cambiar ilegalmente el uso del suelo, las descargas clandestinas de sustancias químicas y la acelerada deforestación”.
La reforma establece sanciones diferenciadas según la gravedad de los delitos ambientales. Para la tala ilegal, las penas aumentan de 2 a 10 años de prisión. Cuando estos delitos ocurren en Áreas Naturales Protegidas, las condenas pueden llegar hasta 20 años de cárcel. Además, se establece una pena de 8 a 15 años cuando se emplean armas de fuego o violencia para obtener beneficio económico.
El tráfico de especies en peligro de extinción recibe atención especial. La comercialización ilegal de totoaba, pez cuyo contrabando amenaza también a la vaquita marina, será castigada con 5 a 15 años de prisión y multas de hasta 12 mil días de salario mínimo.
Nuevos delitos y responsabilidades
La legislación incorpora figuras delictivas que antes no existían. Ahora se sancionará con 2 a 10 años de prisión a quienes usen información ambiental falsa para obtener permisos o engañar a inversionistas. También se tipifica como delito la descarga de aguas residuales y químicos en cuerpos de agua de competencia federal.
Por primera vez, las empresas podrán ser consideradas penalmente responsables por daños ambientales. “Homologamos nuestro marco penal con la mayoría de los estados del país”, explicó el diputado Moreno.
Aunque todos los grupos parlamentarios apoyaron la reforma, legisladores de oposición alertaron sobre riesgos en su aplicación. Diana Estefanía Gutiérrez del PAN señaló que “endurecer penas por supuesto que es necesario, pero no es suficiente“, criticando el debilitamiento presupuestal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

Foto: Diego Simón Sánchez
Iraís Reyes de la Torre del Movimiento Ciudadano fue más allá: “Aumentar penas no detiene la deforestación, no acaba con el tráfico de especies. ¿Dónde está el fortalecimiento de la Profepa y la Conafor?”.
Protección ampliada, pero insuficiente
Entre las reformas destacadas se encuentra la protección de 1.573 especies catalogadas en riesgo. La diputada Gabriela Benavides Cobos del PVEM logró incluir penas adicionales para quienes causen la muerte de ejemplares de fauna en peligro de extinción, especialmente dentro de áreas protegidas.
El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, argumentó que con la legislación anterior “se lograba procesalmente nunca tocar prisión” y destacó que el objetivo es hacer más duras las sanciones “contra todo aquel talador, contra todo aquel que está violando y destruyendo los bosques del país”.

Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro
La reforma incluye otras sanciones para delitos ambientales específicos. Por ejemplo, de 1 a 10 años de prisión para quienes críen o entrenen perros para peleas, y establece penas específicas para el aprovechamiento ilícito de especies marinas como abulón, camarón y langosta en cantidades mayores a cinco kilogramos.
El paquete legislativo ahora espera su turno en el Senado de la República, donde se anticipa un proceso de revisión que podría definir el futuro de la protección ambiental en México.




