El reconocimiento a uno de los protagonistas principales de la "guerra sucia" no es un error. “No es un acto inocente”, advierte el exsubsecretario de Derechos Humanos. “Quien decide hacerlo sabe exactamente a quién está enviando un guiño; es una forma de reafirmar viejos pactos que históricamente han dificultado la justicia”.
Actual representante de México ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Alejandro Encinas deplora que haya “dos narrativas oficiales conviviendo al mismo tiempo: una que intenta establecer la responsabilidad del Estado en las desapariciones de los años setenta y otra que celebra a quienes , encabezaron esas estructuras represivas”.
Se trata de un “mensaje devastador” para las víctimas, lamenta el extitular de la Comisión por la Verdad y la Justicia en Ayotzinapa.
El homenaje oficial que el gobierno de Guerrero realizó al exgobernador Rubén Figueroa Figueroa a través de su Secretaría de Cultura el pasado domingo 9 de noviembre detonó una oleada de críticas entre sobrevivientes de la violencia estatal, organizaciones civiles, activistas y especialistas en memoria histórica.
Para Alejandro Encinas Rodríguez, exsubsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, el acto “revive la impunidad” y “resquebraja el compromiso político” que distintas instituciones habían asumido para avanzar en el esclarecimiento del pasado.
Reconocer a Figueroa Figueroa desde el aparato gubernamental implica minimizar las denuncias documentadas por la Comisión de la Verdad de Guerrero, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y múltiples expedientes federales que señalan su responsabilidad en actos de represión, expone Encinas en entrevista vía telefónica con El Sur.
Para quien estuvo a cargo de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, el homenaje transmitió un mensaje equivocado: uno que “normaliza la violencia de Estado” y relega nuevamente a las víctimas a la periferia.
“Cuando normalizas estos gestos, abres la puerta a que se reinstalen viejas prácticas, a que se trivialice la responsabilidad histórica, a que se desdibuje el proyecto de verdad que tanto trabajo ha costado construir”.
Y aunque el gobierno estatal eliminó toda mención del evento en sus canales oficiales tras la avalancha de críticas, el daño simbólico ya estaba hecho, dice Encinas.
La verdadera dimensión del problema no se limita al homenaje, sino a lo que revela: un Estado que aún negocia con su pasado sin asumirlo plenamente. “Lo preocupante es lo que puede venir después”, alerta.
El contexto importa; las contradicciones también
Rubén Figueroa Figueroa, el llamado Tigre de Huitzuco, fue gobernador de Guerrero de 1975 a 1981, un sexenio marcado por la represión, las desapariciones y las persecuciones políticas de dirigentes sociales, magisteriales, estudiantiles y campesinos por parte del Ejército y los cuerpos policiacos; en particular, contra todos aquellos señalados de pertenecer o simpatizar con el movimiento guerrillero del que formaron parte Lucio Cabañas y Genaro Vázquez Rojas.
Sin importar que aquellos años se han reconocido formalmente como parte del periodo histórico conocido como “guerra sucia”, el gobierno de Guerrero intentó que se viera sólo como una actividad protocolaria para recordar a una figura “importante en la historia política” del estado.
Las reacciones mostraron un efecto contrario: colectivos como la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem) consideraron el acto un insulto directo a quienes buscan a sus seres queridos desde hace más de cuatro décadas.
Organizado para conmemorar el 117 aniversario del natalicio de Figueroa Figueroa, según el calendario cívico establecido en la Ley 761 sobre Símbolos de Identidad y Pertenencia del Estado, publicada en 2018, el acto fue encabezado por la secretaria de Cultura estatal, Aída Melina Martínez Rebolledo. La acompañaron el alcalde morenista de Huitzuco, Eder Nájera Nájera; el teniente coronel de Infantería, Issac Ramírez Martín, en representación de la 35 Zona Militar del Ejército, y el suboficial Dircio Lorenzo Victoriano, de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero.
Además de las autoridades civiles y militares, estuvo presente Rubén Figueroa Alcocer, hijo del homenajeado, también exgobernador del estado y quien ejerció tres años el cargo, de 1993 a 1996, pues renunció tras difundirse evidencia de que su policía masacró el 28 de junio de 1995 a 17 campesinos de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) en el vado de Aguas Blancas, cuando se dirigían a Atoyac.
El peso simbólico del aparato estatal –de un gobierno que se identifica como “de izquierda”, progresista– rindiendo honores a un personaje denunciado por graves violaciones a derechos humanos modificó por completo el significado del acto y lo convirtió, para amplios sectores de la sociedad dentro y fuera de Guerrero, en una señal de que el Estado mexicano continúa dejando en la impunidad a grupos de poder por encima de la verdad histórica y la justicia.
En ese contexto, Alejandro Encinas, actual representante de México ante la Organización de Estados Americanos (OEA), hace énfasis en la contradicción entre los esfuerzos institucionales recientes, como la investigación de patrones de represión o la búsqueda de fosas clandestinas, por un lado, y el homenaje a Rubén Figueroa, por otro.
Esa ceremonia, dice, “desvirtúa años de trabajo para reconocer la magnitud de los abusos cometidos por el Estado mexicano” y envía un mensaje desalentador a quienes han participado en procesos de verdad y justicia: “No puede haber dos narrativas oficiales conviviendo al mismo tiempo: una que intenta establecer la responsabilidad del Estado en las desapariciones de los años 70 y otra que celebra a quienes encabezaron esas estructuras represivas”.
“En un estado con miles de desaparecidos, no puedes permitirte ignorar el significado político de este tipo de actos”.
La memoria implica un compromiso con la verdad
Encinas Rodríguez recuerda que en Guerrero operaron cuerpos ilegales –la Brigada Blanca, por ejemplo– y múltiples agrupaciones policiacas y paraestatales que respondían directamente al poder político local. Figueroa Figueroa no sólo fue parte de ese engranaje, sino uno de sus pilares: “No lo digo yo, lo dicen las investigaciones, los testimonios y los documentos desclasificados”.
–¿Qué significa para las víctimas un homenaje como éste?
–Es un mensaje devastador. Les dice que su palabra vale menos que las redes políticas que aún sobreviven. Las víctimas han luchado por décadas para ser escuchadas; esto las vuelve a empujar al silencio institucional.
–¿Afecta al trabajo de memoria histórica que se ha impulsado en los últimos años?
–Sí, porque la memoria no es un ritual vacío: implica un compromiso con la verdad. Si al mismo tiempo que se investiga la responsabilidad del Estado se homenajea a quienes la ejercieron, el mensaje se vuelve contradictorio y erosiona la confianza.
El integrante del consejo consultivo de Morena también cuestiona el cálculo político detrás de la ceremonia, pues “hacer un homenaje de este tipo en Guerrero no es un acto inocente. Quien decide hacerlo sabe exactamente a quién está enviando un guiño y qué mensaje reproduce dentro del estado. Es también una forma de reafirmar viejos pactos que históricamente han dificultado la justicia”.
El peso del pasado, la responsabilidad del presente
Alejandro Encinas enfatiza que Guerrero sigue siendo uno de los estados más afectados por la violencia, y que su historia reciente no puede desvincularse de las heridas del pasado.
La persistencia de desapariciones, desplazamientos y asesinatos de líderes comunitarios exhibe, afirma, que la impunidad estructural de los años setenta nunca fue desmontada del todo. Por eso, insiste, es fundamental cuidar los mensajes institucionales.
“No estamos hablando solamente de un evento conmemorativo; estamos hablando de cómo el Estado se relaciona con su propia historia de violencia. En un estado con miles de desaparecidos, con fosas en prácticamente todos sus municipios, no puedes permitirte ignorar el significado político de este tipo de actos”.
La verdadera dimensión del problema, continúa, no se limita al homenaje, sino a lo que revela: un Estado que aún negocia con su pasado sin asumirlo plenamente. “Lo preocupante es lo que puede venir después”.
“Cuando normalizas estos gestos, abres la puerta a que se reinstalen viejas prácticas, a que se trivialice la responsabilidad histórica, a que se desdibuje el proyecto de verdad que tanto trabajo ha costado construir”.
Encinas concluye que rectificar no significa borrar publicaciones, sino ofrecer explicaciones: “El gobierno debe aclarar quién tomó la decisión, por qué se hizo y qué entiende sobre el papel de la memoria y la justicia en Guerrero. Sin esa claridad, todo queda en ambigüedad, y la ambigüedad en temas de derechos humanos siempre beneficia a la impunidad”.
Entre las reacciones que ha provocado el homenaje a Rubén Figueroa Figueroa está la eliminación de su nombre en la placa de inauguración de un parque en Chilpancingo, colocada originalmente en septiembre de 2024 por la entonces alcaldesa morenista –antes priista– de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández.
A fin de erradicar a “personajes oscuros” de los espacios públicos de la entidad, el sábado pasado Micaela Cabañas Ayala, delegada en Guerrero de la CNDH, borró el nombre del exgobernador y puso en su lugar el nombre de su papá, el asesinado líder guerrillero Lucio Cabañas Barrientos, maestro normalista y fundador del Partido de los Pobres.
Mientras tanto, familiares de desaparecidos y organizaciones civiles exigen que no se repitan estos homenajes, que la gobernadora ofrezca una disculpa pública a las familias y sobrevivientes de los crímenes cometidos por Figueroa Figueroa y que el Estado asuma un compromiso serio con la verdad histórica.
Además, mantienen la demanda de que renuncie Aída Martínez, secretaria de Cultura, ya que hasta ahora sólo ha dimitido una funcionaria menor: la directora de actividades cívicas de la Secretaría de Cultura, Yareli Muñoz López.
Para Encinas Rodríguez, este episodio demuestra “que el pasado sigue vivo, que la memoria continúa en disputa y que cualquier avance puede desmoronarse cuando el poder decide recuperar, aunque sea por un instante, las viejas figuras que encabezaron la represión”.
*Esta es una versión extendida del texto original publicado en El Sur.
