La explosión del coche bomba en Coahuayana será investigada como “terrorismo”
Ataque con coche bomba en Coahuayana, Michoacán, deja al menos 6 fallecidos. FGR Investigará el crimen como terrorismo.
La explosión de un coche bomba frente a una base de policía comunitaria este sábado, 6 de diciembre, en el municipio costero de Coahuayana, Michoacán, dejó al menos seis muertos y doce heridos confirmados.
Apenas tres días antes, el miércoles 3 de diciembre, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch , visitó Michoacán y se reunió con autoridades estatales en el cuartel de la Guardia Nacional ubicado entre las localidades de Tiamba y la Basilia, en el municipio de Uruapan, para discutir los avances en la estrategia de combate a la delincuencia anunciada como “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia” implementado después del asesinato del alcalde Carlos Manzo el pasado 1 de noviembre.
El coche bomba en Coahuayana representa una afrenta a las autoridades federales yEn un comunicado emitido tras el ataque, la Fiscalía General de la República anunció que, para indagar sobre los hechos, fueron movilizados 15 peritos del Centro Federal Pericial Forense (CFPF) y 11 policías federales especializados en criminalística de campo, fotografía, medicina, genética y lofoscopia forense; además en telecomunicaciones, tránsito terrestre, en ingeniería y arquitectura, incendios y explosivos, química y balística forense. Sin embargo, dos días después del atentado, todavía no hay claridad sobre lo ocurrido y el por qué.
La explosión tuvo lugar a las 11:40 horas del sábado pasado en la calle Ignacio López Rayón, colonia Centro, de Coahuayana. De acuerdo a los informes de las autoridades, una camioneta Dodge Dakota de color negro, que había ingresado al estado desde Colima alrededor de las 08:30 de esa misma mañana, detonó frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria, a un costado del Palacio Municipal.
Foto: Cuartoscuro
La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó inicialmente la muerte de cinco personas: dos que se encontraban en el interior del vehículo y tres integrantes de la Policía Comunitaria que fallecieron mientras recibían atención médica. Reportes posteriores de la fiscalía estatal elevaron la cifra a seis fallecidos. El número de heridos todavía es objeto de discrepancia: el alcalde de Coahuayana, Andrés Aguilar Mendoza, aseguró en entrevistas que los heridos sumaban “más de 25 o 30”; autoridades federales mencionarían después 7 lesionados y la FGR confirmó en un comunicado que existen 12 personas heridas.
La onda expansiva, según peritajes, afectó un perímetro de 300 metros lineales horizontales y 50 metros verticales. La explosión dañó el frente del Palacio Municipal, el Hospital Comunitario, negocios, viviendas y al menos una docena de vehículos, entre ellos dos camionetas blindadas de la policía. La zona quedó temporalmente sin servicio eléctrico.
CJNG, autodefensas y policías comunitarias
El ataque con coche bomba en Coahuayana se inserta en una guerra de años entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y los grupos de autodefensa o policías comunitarias que surgieron en la región para combatir a los cárteles. Aunque ninguna autoría ha sido oficialmente confirmada, la comunidad indígena nahua de Santa María Ostula —quien cuenta con su propia policía comunitaria que resiste desde hace años balaceras y bombas lanzadas con dron por parte de grupos criminales— señaló directamente al CJNG. En un comunicado, la comunidad afirmó que este cártel “desde hace ya cinco años ha atacado a sus poblados para intentar desplazarlos”.
Foto: Juan José Estrada Serafín, Cuartoscuro
La Policía Comunitaria de Coahuayana, encabezada por Héctor Zepeda Navarrete, alias “El Comandante Teto”, no está reconocida oficialmente por el gobierno de Michoacán. Las autoridades estatales señalan que sus integrantes se han negado a someterse a los protocolos de control del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Este vacío de reconocimiento formal coloca a la corporación en un limbo legal y la deja expuesta como un actor en un conflicto que las fuerzas federales no han podido contener.
La Secretaría de Marina ha identificado previamente una “fuerte confrontación” en la costa michoacana entre las policías comunitarias de Aquila y Coahuayana con el CJNG, por el control de las rutas del tráfico de drogas. El ataque del sábado tuvo un antecedente directo el 25 de agosto de 2024, cuando ocho guardias comunitarios de Coahuayana fueron emboscados y asesinados.
Despliegue militar
La respuesta del Estado al ataque con coche bomba en Coahuayana se articuló en dos niveles. Por un lado, la FGR atrajo la investigación y anunció la apertura de carpetas no solo por el delito de delincuencia organizada, sino también por terrorismo, debido al uso de explosivos contra una corporación. Se trata de una calificación jurídica excepcional. En la indagatoria participan la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo (UEITATA).
Coordinadamente, se desplegó un amplio operativo de seguridad. La Secretaría de Marina movilizó a 205 elementos de Infantería de Marina, 21 vehículos, cinco helicópteros y personal médico para evacuación de heridos y vigilancia. La investigación en el lugar contó con 15 peritos federales forenses y 30 especialistas de la fiscalía de Michoacán, apoyados por la Guardia Nacional y el Ejército.
Foto: Juan José Estrada Serafín, Cuartoscuro
Esta respuesta se enmarca en el ya mencionado “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, anunciado tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el 1 de noviembre. El plan, que supone una inversión millonaria, combina operativos de seguridad con programas sociales.
Más allá de las cifras, el ataque evidencia el costo humano y material para la población civil atrapada en el conflicto. Los heridos, según el secretario de Gobierno estatal, Raúl Zepeda Villaseñor, fueron trasladados en helicópteros de los gobiernos federal y estatal a hospitales de Morelia. El gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, visitó la zona para prometer apoyo médico, legal y psicológico a las familias, así como ayuda para los negocios afectados.
Dos de los fallecidos, cuyos cuerpos fueron encontrados en el vehículo siniestrado, permanecen sin identificar. El fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, señaló que uno de ellos se presume que pudo ser el conductor de la camioneta. El ataque no hizo distinción entre el objetivo policial y el entorno civil: la onda expansiva dañó infraestructura pública y privada en el corazón del pueblo.
