El CNI entrega expedientes del asesinato de Colosio y otros 30 políticos, periodistas y activistas

Representantes del órgano de inteligencia del Estado mexicano, responsable de resguardar los archivos de espionaje generados por la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), acudieron a la sede del AGN para hacer transferencia de esos archivos, algunos de los cuales habían sido sustraídos previa e ilegalmente del acervo histórico de la nación.    

De acuerdo con las actas administrativas obtenidas por Fábrica de Periodismo, entre los archivos transferidos en febrero y mayo de 2024 se encuentran, además de los del excandidato presidencial del PRI asesinado el 23 de marzo de 1994, los de Francisco Javier Ovando, uno de los hombres más cercanos a Cuauhtémoc Cárdenas en la campaña de 1988; los del periodista Héctor El Gato Félix Miranda, cofundador del semanario Zeta de Tijuana; los del exguerrillero Anacleto Ramos, a quien se responsabiliza de haber “entregado” al dirigente Lucio Cabañas, así como los de una larga lista de periodistas (ver recuadro). 

Los agentes del CNI también entregaron otros expedientes de asesinatos igualmente relevantes: los del empresario Simón Guindi, el vicecónsul estadunidense John Patterson, los de Florentino Ventura, exjefe de la Interpol, además de sindicalistas y activistas políticos.

En las expedientes entregados se incluyeron carpetas con 165 fotografías, 94 negativos, 186 tarjetas, 18 documentos, 300 hojas, 50 ítems y un videocasete.

Aunque las entregas se hicieron hace prácticamente dos años, los documentos se encuentran “secuestrados” y siguen siendo inaccesibles a los ciudadanos debido a que el AGN argumenta que todavía está en proceso de catalogar e incorporar los 31 expedientes a su acervo.

En agosto y septiembre de 2023 los integrantes del Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH) de violaciones graves a derechos humanos, el órgano creado por decreto presidencial de Andrés Manuel López Obrador, denunció la sustracción de expedientes resguardados por el AGN:  

“Los archivos de la DFS, resguardados en el Archivo General de la Nación, están incompletos. Se identifican al menos dos momentos en los que es posible inferir la extracción de documentación de ellos. Dicha extracción muy probablemente ocurrió cuando el acervo, aun estando en las instalaciones del AGN, estaba bajo control del personal del CISEN y del CNI”.

El MEH compartía en su informe la hipótesis de que el material extraído “es aquel que puede inculpar a los agentes, miembros del gobierno y privados, en algunas violaciones graves a los derechos humanos”.

No obstante que el material está ilocalizable, destacaba, “quedaron huellas de la extracción del material, que muy probablemente se encuentre resguardado por el CNI”. Hasta el día de hoy, insistían, no ha sido traspasado al AGN, como debía haber ocurrido.

Un día después de que el MEH denunció la sustracción de los archivos, el AGN y el CNI firmaron un “acuerdo de colaboración” para la localización de documentos faltantes.

El convenio, revisado por Fábrica de Periodismo, estipula en su claúsula 2 que “el CNI llevará a cabo las investigaciones correspondientes, realizando una búsqueda exhaustiva al interior de sus instalaciones, respecto a la documentación relacionada con aquella que el AGN determine como ‘no localizada’”.

Durante los meses siguientes, Marcos Palafox Schmid, director de Asuntos Jurídicos del AGN, envió una ronda de siete actas en las que pidió la colaboración en la búsqueda de 35 expedientes. “Esta entidad tiene elementos para sostener que los siguientes expedientes debieron ser transferidos y hasta el momento no se han logrado localizar”, dicen las actas fechadas entre septiembre y noviembre de 2023.

Los oficios demuestran un primer intento del AGN de localizar archivos que nunca fueron transferidos y otros que llegaron a figurar en un inventario elaborado por el AGN en el periodo en que Aurora Gómez Galvarriato fue la directora (2009-2013).

Meses después, el Centro Nacional de Inteligencia mandó los archivos, a pesar de que ha argumentado que ya no posee expedientes generados por la DFS ni por el Cisen.

Durante décadas tanto el Cisen como el Archivo General de la Nación han guardado un absoluto silencio sobre el expediente del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato presidencial del PRI, ocurrido el 23 de marzo de 1994 mientras caminaba al término de un mitin electoral realizado en Lomas Taurinas, una zona marginada en los suburbios de Tijuana.

Aunque el homicidio marcó una etapa de enorme estrés social y político y, además, sacudió al país en uno de los años más turbulentos de la historia reciente (en 1994 el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional se levantó en armas y José Francisco Ruiz Massieu, entonces secretario general del PRI, y el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo fueron brutalmente asesinados), los aparatos de inteligencia han callado sobre el tema.

De hecho, han buscado ocultar la información de la que por ley disponen. Un oficio fechado el 29 de septiembre de 2023 lo reveló claramente.

Ese día, Marcos Palafox Schmid, titular de la Dirección Jurídica del Archivo General de la Nación envió un oficio a su homólogo del CNI. En el asunto colocó cuatro palabras: “Listado expedientes No Localizados”.

En el cuerpo del documento le hace de su conocimiento que el AGN “tiene elementos para sostener que los siguientes expedientes debieron haber sido transferidos” y que hasta esa fecha “no se han logrado localizar”.

Son cinco expedientes y el último de ellos está identificado así: “Expediente 009-033-084; tema: Luis Donaldo Colosio Murrieta”. Y le da un tip: “Los expedientes podrían localizarse en la documentación relacionada con el Distrito Federal o la Federación, así como con la serie o temática de homicidios”.

La respuesta del Centro Nacional de Inteligencia tardó unos meses en llegar. Todo lo que quiso entregar sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio, padre del actual senador del mismo nombre, fue un sobre, con una fotografía y un negativo.

No quiso entregar más. De hecho, el autor de este texto solicitó al CNI una copia de ese expediente, pero su respuesta a la solicitud de información es que no existía.

Sin embargo, el Cisen sí tiene expedientes sobre el asesinato de Colosio. Como el localizado fortuitamente por el periodista Jacinto Rodríguez Munguía, integrante del equipo editorial de Fábrica de Periodismo, quien en unas cajas con expedientes de otros temas, encontró un legajo sobre el asesinato de Colosio y parte de la investigación posterior.

Ese expediente, rotulado como “P / 113502, Colosio-Murrieta-Luis Donaldo, A-13 / C-4-80”, consta de cientos de páginas en las que se encuentran documentos con información de alto interés público:

• Un “Gráfico de contacto del caso Colosio”, en el que se traza un mapa de actores políticos (Carlos Salinas de Gortari, José Córdova Montoya, Manlio Fabio Beltrones), criminales, policiacos, empresariales, personal del Cisen y el autor material del asesinato (Mario Aburto), conectados de una u otra manera con el asesinato.
• Algunas de las primeras líneas de investigación.
• Una minuciosa cronología del caso, que concluye en 1995 e incopora hechos relevantes en fechas posteriores al asesinato.
• La minuta de una reunión de trabajo entre el director del Cisen y el subprocurador especial para el caso Colosio, en la que se aborda el tema de la presunta participación de Jorge Antonio Sánchez Ortega, agente del Cisen, en el crimen.
• Notas periodísticas diversas.
• Seguimiento a llamadas telefónicas que advertían del futuro asesinato de Colosio.

Oficialmente, las siguientes imágenes del expediente del Cisen no existen. Eso dicen las autoridades, pero acá las pueden ver.

No existe certeza alguna sobre qué tipo de información contienen los expedientes entregados al AGN. Algunos especialistas han expresado su reserva porque la calidad de la información podría ser muy baja o porque los archivos podrían estar “rasurados” y contener reportes poco sustanciales.

Sin embargo, las personas que están incluidas en el listado de archivos entregados sí poseen un perfil de alto interés público. Estos son algunos de ellos:

Francisco Javier Ovando. Integrante del Frente Democrático Nacional que postuló a Cuauhtémoc Cárdenas como candidato a la Presidencia en 1988, elección sobre la que existen indicios graves de que se cometió un fraude electoral que llevó al poder a Carlos Salinas de Gortari.

Ovando, quien era parte del círculo más cercano al ingeniero Cárdenas, fue asesinado a balazos el 2 de julio de 1988, la víspera de la cuestionada elección. El papel de Ovando en la elección era clave: estaba encargado de coordinar el sistema de acopio de información, diseñado para recabar datos distrito por distrito y tratar de evitar el fraude electoral que se temía.

Ovando fue acribillado junto con Román Gil Heráldez, su asistente, en la colonia Lorenzo Boturini del entonces Distrito Federal. Esa noche de sábado, sus homicidas robaron un maletín con la información del sistema que se usaría al día siguiente.

“La red (de acopio y procesamiento de datos electorales) que había armado se esfumó con el asesinato”, recordó Cuahtémoc Cárdenas en su libro Mis pasos.

Sobre el caso Ovando, el CNI encontró 21 hojas, 34 tarjetas, tres fotos, cuatro negativos y un videocasete.

Esa ejecución fue una de las más notorias en un periodo violento para militantes perredistas, pero hubo centenas de ellas.

Un mes después del asesinato de Ovando y Gil, un grupo de policías judiciales masacró a cuatro estudiantes en calles de la alcaldía Azcapotzalco: Jesús Ramos Rivas, de 16 años; Jorge Flores Vargas y José Luis García Juárez, ambos, de 17; y Ernesto del Arco Parra, de 18.

Los jóvenes, simpatizantes del FDN, formaban parte de los comités de defensa del voto y participaban en las movilizaciones de protesta contra el fraude electoral. Los cuatro se dirigían en automóvil al Cine Cosmos cuando fueron asesinados por los agentes policiacos. Al interior del auto se encontró propaganda política.

La inteligencia del Estado mexicano localizó ocho tarjetas sobre Ernesto del Arco Parra, hijo de Luis del Arco, excandidato del Partido Revolucionario de los Trabajadores a una diputación en 1982. 

Héctor El Gato Félix Miranda. Periodista, era cofundador y codirector del semanario Zeta de Tijuana y autor de la columna “Un poco de algo”. Su estilo directo y mordaz para criticar a los políticos lo convirtieron en un referente del periodismo de opinión en Baja California.

El 20 de abril de 1988, Félix Miranda fue asesinado a escopetazos por Victoriano Medina y Antonio Vera Palestina, miembros del equipo de seguridad de Jorge Hank Rhon, hijo de Carlos Hank González y dueño del Hipódromo Caliente.

Medina y Vera fueron sentenciados por el homicidio, pero organizaciones civiles y periodistas han reclamado desde entonces que nunca se investigó la autoría intelectual del asesinato, en cuyo centro se encuentra Hank Rhon, el también exalcalde de Tijuana y propietario de casinos y centros de juego y apuestas.    

En fichas obtenidas y publicadas por el diario El País en agosto de 2024, los agentes de inteligencia apuntaron que “aunque Medina Moreno afirma haber cometido el crimen por decisión propia, esto no lo cree así la autoridad judicial, por lo que en unas horas más habrán de catear las instalaciones del Hipódromo”.

Anacleto Ramos. Campesino originario de Tecpan de Galeana y aliado del guerrilleroLucio Cabañas, maestro rural, dirigente del Partido de los Pobres.

De acuerdo con versiones de familiares y de quienes estuvieron cerca del líder guerrillero, Anacleto Ramos, junto con sus hermanos José Isabel y Ezequiel, “deciden entregar a Lucio, presuntamente porque habían detenido a las hijas de uno de ellos. Por eso lo canjean y lo traicionan”.

Once años después de la muerte de Cabañas, cercado por el Ejército, Anacleto Ramos fue ejecutado en diciembre de 1986. Sobre su asesinato, el Cisen recopiló ocho hojas, ocho tarjetas, 10 fotos y cuatro negativos.   

Florentino Ventura Gutiérrez. Integrante durante décadas de la policía política y de la Policía Judicial Federal, era considerado por agencias extranjeras como una persona que actuaba “con extrema crueldad”, lo que lo hacía quizá el “policía más brutal, pero el más eficiente”. Fue uno de los participantes destacados en el periodo de la Guerra Sucia en México y, muchos años después, fue nombrado director de la Interpol en México. Como tal, fue responsable de trasladar al país al narcotraficante Rafael Caro Quintero, quien había sido detenido en San José, Costa Rica, en 1985.

“A Caro Quintero lo tuvieron detenido en el mismo lugar que a mí. Los interrogatorios los encabezaba el comandante Florentino Ventura y yo alcanzaba a escuchar todos los gritos... Escuché todos los interrogatorios que le hacían y las superpalizas que le daban”, contó Armando Pavón Reyes, excomandante de la Policía Judicial Federal, a la revista Proceso.

Ventura se suicidó el 17 de septiembre de 1988, después de asesinar a su esposa María Cira Villanueva y a Olga Treviño, en el auto en que circulaban por la avenida Insurgentes Sur, a la altura del Centro Cultural Universitario de la UNAM. El único sobreviviente fue Elías Orozco Salazar, exmilitante de la Liga Comunista 23 de Septiembre, quien había salido a cenar junto con su esposa Olga y el matrimonio de Florentino y María Cira.

El CNI entregó al Archivo General de la Nación cinco hojas y seis tarjetas sobre Florentino Ventura.

Promesa incumplida

Tres meses después de que asumió la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador se refirió a los papeles de inteligencia: “Todo esto se abre por completo, transparencia en lo general, sólo con las limitaciones que establece la ley, lo que tiene que ver con cuestiones de protección a niños, a familiares”.

El entonces presidente explicó los alcances del acuerdo que publicó el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 28 de febrero de 2019, mediante el cual se instruyó a la Administración Pública Federal a transferir al AGN archivos relacionados con violaciones a los derechos humanos y persecuciones políticas. 

Poco después del anuncio, el AGN estableció una serie de lineamientos para las entregas: el CNI debió transferir en 2020 documentos del periodo 1986 a 1990; en 2021, los de 1991 a 1995; en 2022, la información de 1996 al 2000; y en 2023, los expedientes generados entre 2001 y 2004.

El acuerdo no se ha cumplido. Hasta el día de hoy, el AGN ha recibido apenas una parte del universo de información: el expediente del homicidio de Manuel Buendía, fotografías del caso Acteal, reportes escuetos sobre la desaparición de José Ramón García Gómez y de sacerdotes extranjeros expulsados. El último archivo está fechado en 1997.

Las instituciones públicas, de acuerdo con la Ley General de Archivos, pueden contar con un archivo histórico. Y aunque pueden conservarlos, el plazo no podrá exceder los 25 años a partir de que se genere un documento.

En el caso del Centro Nacional de Inteligencia, según su catálogo de disposición documental, el plazo máximo de conservación para archivos sobre “Servicios de inteligencia para la seguridad nacional / procesamiento de información” es de 15 años.

Pese a ello, el CNI ha rechazado sistemáticamente que cuente con un “archivo histórico” propio, pese a que localizó expedientes de hasta cuatro y tres décadas de antigüedad en sus instalaciones.

La entrega parcial de a documentación echa algo de luz sobre la persecución política durante las últimas décadas del PRI como partido hegemónico. No obstante, las investigaciones del MEH confirmaron que otros expedientes relevantes no han sido transferidos o permanecen no localizados.

Aunque Fábrica de Periodismo solicitó algunos expedientes al CNI como el relacionado al homicidio de José Francisco Ruiz Massieu, antecedentes sobre el EZLN, Manuel Bartlett, Carlos Salinas de Gortari y líderes estudiantiles de la UNAM, pero las respuestas siempre fueron las mismas: “no localización” e “inexistencia”.

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