La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a México por el caso Ernestina Ascencio
El Estado mexicano aceptó su responsabilidad por el caso de feminicidio de Ernestina Ascencio y por diversas omisiones en la investigación.
El Estado mexicano es responsable por graves omisiones en el caso de violencia sexual y feminicidio de Ernestina Ascencio, mujer náhuatl víctima de elementos del Ejército mexicano en el año 2007, así lo concluyó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) al dictar la sentencia del caso.
Este martes 16 de septiembre, la Corte IDH emitió sentencia tras un largo proceso iniciado en 2012, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió una petición de “Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos” para abordar el caso, ocurrido durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa como presidente de México.
En junio de 2023, la Comisión sometió a la Corte IDH el caso, para que conociera de los hechos y se declarara la responsabilidad internacional del Estado mexicano por las violaciones de los derechos a la vida, garantías judiciales, protección judicial, entre otros.
Caso Ernestina Ascencio, una violación a manos de militares
Ernestina Ascencio Rosario era una mujer náhuatl de 73 años que no hablaba español, que vivía en condiciones de pobreza y se dedicaba al pastoreo de borregos en Tetlalzinga, en el municipio de Soledad Atzompa, Veracruz.
“Era una señora contenta que trabajaba, hacía muchos bordados, iba a cuidar a sus borregos”, así recordó Martha Inés Ascencio a su mamá en la audiencia de la Corte IDH.
El 25 de febrero de 2007, Ernestina Ascencio fue agredida por militares del 63 Batallón de Infantería. Según su testimonio, la habían amarrado, se le pusieron encima y la violaron.
La señora Ernestina Ascencio murió víctima de lesiones la madrugada del 26 de febrero en el Hospital de Río Blanco, el único disponible y que se encontraba a 20 kilómetros del lugar donde fue agredida.
Y sin embargo, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz se apresuró a cerrar la averiguación previa abierta tras la denuncia de los hijos de la mujer, siendo archivada el 30 de abril de 2007.
En paralelo la Fiscalía de Justicia Militar abrió una investigación contra sus elementos, la cual también fue archivada en junio de 2007, sin que la CorteIDH conozca mayores detalles de esta indagatoria. “Las actuaciones realizadas en el marco de la investigación militar estuvieron orientadas a excluir a los miembros del Ejército de cualquier responsabilidad”, indicó la CorteIDH.
Mientras que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), dirigida entonces por José Luis Soberanes, rechazó en una recomendación que existiera una violación sexual contra la víctima y que la causa de su fallecimiento fue por “una anemia aguda”. A esta negativa desde el Estado se sumó el presidente Felipe Calderón, impulsor de la militarización, quien afirmó que “falleció de gastritis crónica no atendida”.
Según la resolución del Tribunal internacional, las instituciones que debieron brindarle atención médica de urgencia a la señora Ascencio fueron deficientes en su actuar, hecho aunado a las indagatorias archivadas y a los intentos de encubrir la responsabilidad del Ejército, entonces desplegado en el país en la llamada “guerra contra el narcotráfico”.
El Estado mexicano admite su responsabilidad
Tras darse a conocer la sentencia, la Secretaría de Gobernación (Segob) y la de Relaciones Exteriores (SRE) emitieron un comunicado conjunto en el cual el gobierno mexicano reconoció su responsabilidad al vulnerar los derechos a la vida y salud de la señora Ernestina Ascencio, además de los derechos a las garantías y protección judicial y el derecho a la integridad personal de sus familiares.
Según el texto de la sentencia, durante los años en los que el asunto se trató ante el Tribunal, el Estado mexicano reconoció las vulneraciones. En escrito, el Estado aceptó la responsabilidad en la falta de atención médica oportuna, la falta de traductores en el hospital y por la falta de una investigación eficaz que llevara a los responsables ante la justicia.
Entre las medidas de reparación dictadas por la Corte destacan la obligación impuesta al Estado mexicano de investigar y esclarecer los hechos; que el Estado brinde tratamiento médico, psicológico y/o psiquiátrico a la familia Ascencio; que otorgue becas escolares a los nietos de Ernestina Ascencio, la publicación de la sentencia y un acto público de reconocimiento en el municipio de Soledad Atzompa, en Veracruz.
