Niños de Guerrero ganan amparo: jueza ordena enviar maestros al municipio más pobre del Estado
Tras dos años de lucha, jueza ordena asignar maestros al municipio más pobre de Guerrero. La sentencia se notificó en tu'un savi a los estudiantes.
Ocurrió en la Biblioteca “Javier Mojica” del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, ubicado en la ciudad de Tlapa, estado de Guerrero. Erick, Dilan Aron, Wrayann y Norydelma, todos estudiantes indígenas na savi, escucharon durante cinco minutos una sentencia judicial leída en su lengua materna: el tu’un savi. El mensaje era claro: por primera vez, una jueza federal ordenaba que su escuela en la remota sierra de Guerrero contara con maestros permanentes para todas las materias.
La mañana del jueves 18 de diciembre comenzó con un viaje de tres horas desde Cochoapa el Grande, municipio catalogado como el más pobre del país. Los jóvenes, acompañados por sus padres Paulino Vázquez de la Cruz, Ramiro Aguilar Ortiz e Irma Tito Basilio, llegaron a las 8 de la mañana a Tlapa. Esperaron dos horas más en el zócalo de la ciudad antes de dirigirse a la sede del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan para integrarse a la videollamada.
Fue allí donde un actuario judicial del Juzgado Primero de Distrito dio lectura, en un formato de “lectura fácil”, al fallo de la jueza federal Maribel Castillo Moreno. La magistrada se dirigió directamente a los estudiantes en un lenguaje sencillo: “Soy Maribel, una jueza federal… Me enteré de que en su escuela no hay maestros para impartir todas las clases… Decidí que ustedes tienen derecho a recibir una educación completa con maestros suficientes, en condiciones dignas y respetando su cultura”.
La resolución, correspondiente al juicio de amparo 1249/2025, ordena de manera permanente a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) y a sus subsecretarías de Educación Básica y Planeación Educativa asignar maestros de español, matemáticas, artes y educación física a la Escuela Secundaria Técnica número 295 “Sor Juana Inés de la Cruz”, con clave 12DST0295P.
Una larga batalla legal
La notificación fue fruto de una lucha que se extendió más de dos años. Los padres de familia, organizados en un comité, habían solicitado repetidamente a las autoridades educativas la asignación de más docentes, sin obtener respuesta. El 21 de octubre de 2025, agotadas las vías administrativas, interpusieron una demanda de amparo contra la Secretaría de Educación de Guerrero.
La batalla legal implicó un sacrificio económico para familias ya de por sí vulnerables. “Tuvieron que pedir prestado dinero para realizar los trámites”, indica el comunicado de Tlachinollan. El pasado 10 de diciembre, la jueza Castillo Moreno había concedido una suspensión provisional y definitiva, especificando la necesidad de dos maestros para 60 horas de español, uno para 25 horas de matemáticas, otro para 26 horas de artes y uno más para 24 horas de educación física.
Que la sentencia se notificara en tu’un savi es también relevante. Esta lengua es una de las tres originarias de Guerrero que se encuentran en riesgo de desaparecer, según advirtió recientemente el titular de la Secretaría para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (Sedepia), Abel Bruno Arriaga.
De acuerdo con cifras de esa dependencia, en Guerrero hay alrededor de 515 mil hablantes de lengua materna. De ellos, aproximadamente 140 mil usan alguna variante del tu’un savi. la falta de políticas públicas efectivas, los estigmas sociales que la vinculan con pobreza y discriminación, y su enseñanza limitada casi exclusivamente al nivel primaria, amenazan su supervivencia.
Foto: Dassaev Téllez, Cuartoscuro
La orden judicial busca garantizar un derecho educativo pero, además, intenta enmarcar el respeto a la cultura e idioma de la comunidad, ordenando una educación intercultural. Esto contrasta con el trato histórico que, denuncian los padres, han recibido: “Los han discriminado por hablar su lengua materna y los han marginado en las altas montañas“.
Un futuro por escribir
El contexto en Cochoapa el Grande es de extrema precariedad. Las familias denuncian un abandono institucional crónico. La falta de opciones educativas tiene consecuencias dramáticas: “Las niñas y niños no tienen opciones cuando sus escuelas están cerradas y terminan casados. En Joya Real, municipio de Cochoapa el Grande, desde los 11 o 12 años dejan los estudios para contraer matrimonio y luego irse a los campos agrícolas”.
La sentencia representa un pequeñísimo rayo de esperanza. El fallo advierte que su incumplimiento puede acarrear consecuencias legales para las autoridades, incluyendo multas de aproximadamente 127 mil pesos, procesos de inhabilitación e incluso la apertura de carpetas de investigación, según señaló el abogado Baldomero Díaz.
