La Auditoría detecta irregularidades por 22 mil mdp en el uso del presupuesto de 2022
La Auditoría Superior de la Federación (ASF), a cargo de David Colmenares, detectó irregularidades por 22 mil 892 millones de pesos en el ejercicio del presupuesto 2022, en su mayoría en los estados.
En el tercer y último informe de la Cuenta Pública de 2022, el órgano técnico consignó irregularidades por un total de 32 mil 894 millones de pesos en los recursos ejercidos por los estados, los municipios y la federación. Tras un proceso de justificación, aún quedan 22.8 mil millones de pesos sin aclarar.
Las irregularidades halladas en su mayoría corresponden a:
| Falta de documentación justificativa y comprobatoria | 14.6 mil mdp |
| Pago de remuneraciones indebidas o injustificadas | 2.1 mil mdp |
| Recursos empleados en conceptos que no cumplen con los objetivos | 868.9 mdp |
| Transferencia de recursos a otras cuentas | 867.4 mdp |
| Pagos improcedentes o en exceso | 761.4 mdp |
| Recursos no entregados o con retrasos | 669.1 mdp |
| Bienes que no operan o servicios no realizados | 665.2 mdp |
| Otras irregularidades | 2.2 mil mdp |
Presupuesto en los estados
De los 22 mil 892 millones de pesos en irregularidades, el 70.5% correspondiente al ejercicio del presupuesto en los estados.
Durango fue el estado con el monto mayor observado con 3.9 mil millones de pesos pendientes por aclarar. Le sigue Baja California Sur con 2.2 mil millones de pesos, Michoacán e Hidalgo con 1.3 mil millones de pesos cada uno, y Puebla con 1.1 mil millones de pesos.
David Colmenares expuso que en esta tercera entrega de la Cuenta Pública 2022 se presentaron mil 359 informes individuales, 149 de cumplimiento financiero, 56 de desempeño y 1 mil 154 de gasto federalizado.
Indicó que como parte de la fiscalización se logró que las entidades reintegraran a la Federación recursos por más de 3.1 mil mdp, importe que equivale al 142% de los recursos con los que contó la ASF para el ejercicio de sus funciones.
Colmenares defendió que durante su gestión los montos observados y las acciones promovidas contra funcionarios sean menores que en las de sus antecesores, argumentó que se ha fortalecido el trabajo de prevención y así se han podido reducir “las observaciones que no tenían razón de ser”.
