Denuncian abandono y filtraciones al crimen organizado en caso del “Rancho Izaguirre”
El colectivo Guerreros Buscadores denuncia que la investigación del Rancho Izaguirre está paralizada y en riesgo por presuntas filtraciones de la FGR al crimen organizado.
Uno de los hallazgos más graves de la crisis de desapariciones en México está en peligro de quedar en la impunidad. El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco denunció que existe un “riesgo real” de que los detenidos por los crímenes cometidos en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, queden en libertad. La causa, según su acusación, son presuntas filtraciones de información desde la Fiscalía General de la República (FGR) hacia el crimen organizado.
En un comunicado, el colectivo describe el predio como un “campo de exterminio” y centro de reclutamiento y denuncian que se encuentra hoy “totalmente abandonado”, sin trabajos periciales activos. Para demostrar esto último, las familias buscadoras acompañaron su comunicado con imágenes aéreas.
La doble denuncia fue lanzada en un comunicado público dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, tras meses de silencio por parte del colectivo. “Guardamos silencio durante meses para no afectar investigaciones. Confiamos en las instituciones y esperamos respuestas. Lo único que recibimos fue abandono, omisiones y mentiras”, señala el texto.
Foto: Fernando Carranza, Cuartoscuro
La información filtrada
El hallazgo del Rancho Izaguirre ocuriró el 5 de marzo de 2025. Guiados por una llamada anónima, los integrantes de Guerreros Buscadores llegaron al Rancho Izaguirre, ubicado en el poblado de La Estanzuela, en el municipio de Teuchitlán.
En el lugar descubrieron fosas utilizadas como crematorios, restos óseos humanos, cientos de pares de zapatos y otros objetos personales. También hallaron indicios de un campo de tiro, casquillos percutidos, un altar con figuras de la Santa Muerte y cartas, algunas fotografías y objetos personales de las personas que estuvieron allí recluidas.
En su comunicado, el colectivo es contundente: “El Rancho Izaguirre no fue un rancho más; fue una zona de exterminio donde se cometieron privación ilegal de la libertad, trata de personas, asesinatos sistemáticos, canibalismo y otros actos inhumanos”. Las investigaciones periodísticas y oficiales señalaron posteriormente que el lugar fue usado como centro de adiestramiento y reclutamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La gravedad del descubrimiento contrasta con la historia del sitio y la respuesta institucional. En septiembre de 2024, meses antes del hallazgo de los buscadores, autoridades de la Fiscalía de Jalisco habían realizado un cateo en el mismo rancho. En esa ocasión, no reportaron ningún hallazgo.
Tras la revelación pública en marzo de 2025, el caso tuvo un desarrollo legal. El 8 de julio de ese año, la Fiscalía de Jalisco informó de la condena de 10 sujetos a 141 años de prisión por delitos como desaparición y homicidio. Sin embargo, la defensa de los condenados apeló la sentencia.
Es en este punto donde el colectivo centra su acusación más grave: “Existió filtración de información desde la Fiscalía General de la República hacia el crimen organizado. A causa de estas irregularidades, los detenidos hoy apelan, existiendo un riesgo real de que queden en libertad, lo que sería trágico y fatal”.
Una investigación fracturada
Las acusaciones van más allá de las filtraciones. Guerreros Buscadores señala una serie de omisiones que, a su juicio, han fracturado la investigación. Denuncian la “negativa reiterada” de las autoridades para permitirles el acceso a la carpeta de investigación, a pesar de su condición de coadyuvantes.
También han presentado quejas formales contra el director del área de Personas Desaparecidas de la FGR, Ricardo Flores, por presuntas omisiones en el caso. “Hoy sabemos que la información que ha llegado a la Presidenta es falsa, utilizada para simular trabajo, ocultar omisiones y aparentar responsabilidad institucional”, afirman.
La consecuencia más dramática de esta desprotección, según su relato, la vivieron testigos clave. Personas con “información delicada” sobre los hechos “fueron ignorados” por las autoridades. Algunas, “por miedo a perder la vida”, se vieron obligadas a desplazarse a Estados Unidos. Desde allí, han manifestado estar dispuestas a entregar pruebas, desconfiando del sistema mexicano.
Un llamado final
La denuncia no es solo de procedimiento. En las imágenes compartidas por el colectivo, tomadas en días recientes con un dros, se puede ver el Rancho Izaguirre invadido por la maleza, sin señal de trabajos forenses o de investigación en curso. “Si hubiera trabajos, el terreno estaría limpio de alguna manera, pero no lo está”, afirmó Raúl Servín, vocero del colectivo, en entrevista con Aristegui Noticias.
El predio, aunque bajo resguardo formal de la Guardia Nacional, parece condenado al olvido. Las lluvias del año pasado fueron, según la denuncia, la justificación utilizada por las autoridades para suspender las diligencias y nunca retomarlas.
Foto: Guerreros Buscadores
En su mensaje, dirigido a la presidenta Sheinbaum y a la titular de la FGR, Ernestina Godoy, el colectivo hace un llamado a evitar “que la verdad se entierre”. Subrayan la urgencia del caso mientras “siguen desapareciendo jóvenes y el reclutamiento continúa sin que nadie parezca estar actuando”.
El pronunciamiento se presenta como un “último grito de esperanza” de familias que descubrieron el horror, confiaron en el Estado y ahora, ante el abandono y el riesgo de impunidad, elevan su voz para que el caso no se archive.
