La SCJN debe decidir si niega el derecho a una vivienda alternativa a las víctimas de desalojos forzosos
Tras 7 años en tribunales, hoy la SCJN define el futuro del Artículo 60 y el derecho a no quedarse en la calle tras un desalojo.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) definirá este lunes 19 de enero el destino de una batalla legal que se ha extendido ya siete años: proteger o no a personas en situación de vulnerabilidad frente a los desalojos forzados en la Ciudad de México. La decisión se tomará en medio de una convocatoria a protesta frente a la sede de la SCJN, en Pino Suárez #2, a las 8:00 am.
El corazón del conflicto es el Artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México. La versión original de este artículo fue publicada en febrero de 2019, pero estuvo vigente sólo tres meses.
Establecía, entre otras garantías, el derecho a no ser discriminado, a que el uso de la fuerza fuera el último recurso y —de manera crucial— obligaba a las autoridades a “garantizar el adecuado realojamiento” de las personas sin recursos desalojadas, en un radio no mayor a 15 kilómetros de su vivienda original.
El artículo desató la respuesta de representantes del capital inmobiliario y redes de notarios. Personas como el notario Ignacio Morales Lechuga –exprocurador de la República durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari– aseguraron que este artículo legalizaba “el derecho a invadir”, y articulistas como Pablo Hiriart lo llamaron un “golpe a la propiedad privada”.
La presión de las cámaras empresariales llevó al Congreso local a reformarlo el 31 de mayo de 2019. El texto actual solo señala que “ninguna persona podrá ser desalojada sin mandamiento judicial” –algo que, de por sí es ilegal y que de cualquier forma ocurre en la Ciudad de México– y que las personas afectadas “podrán solicitar su incorporación a los programas de vivienda”. La obligación estatal específica de realojamiento desapareció.
Ese mismo año, 2019, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México promovió una Acción de Inconstitucionalidad (73/2019) para revertir la reforma, con el argumento de que se eliminaron derechos sin justificación.
Este próximo lunes, el pleno de la Corte votará un proyecto de sentencia de la ministra Estela Ríos. Siete años después se resolverá la vigencia de un artículo de ley que estuvo vigente apenas tres meses.
Organizaciones civiles y colectivos como el Frente Contra la Gentrificación y la Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL) advierten que el proyecto de la ministra Ríos, de mantenerse tal como se ha presentado,“desconoce el derecho humano a una vivienda adecuada” y viola el principio constitucional de no regresividad, que prohíbe eliminar derechos ya reconocidos.
El respaldo internacional y vecinal al Artículo 60
La demanda ha recibido un respaldo significativo. En diciembre de 2020, 28 organizaciones, académicos y activistas, junto con una ex relatora especial de la ONU presentaron un amicus curiae (un escrito de “amigo de la corte”). Este documento, dirigido a la SCJN, argumenta que la reforma fue regresiva y que el texto original del Artículo 60 alineaba la legislación local con los estándares internacionales de derechos humanos.
Que el Artículo 60 haya quedado prácticamente sin efectos ha afectado de manera particular la situación de miles de personas en la Ciudad de México. Según el diagnóstico del Programa General de Ordenamiento Territorial, la capital expulsa 23 mil familias cada año. En 2025 se registraron decenas de desalojos masivos por medio de juicios de los cuales, las personas afectadas, jamás fueron enteradas y cuyos procedimientos se señalan como irregulares.
Uno de los casos más emblemáticos es el de los vecinos de la calle República de Cuba, en el Centro Histórico, en donde la mayoría de los desalojados son personas de la tercera edad que llevaban más de medio siglo habitando el edificio con el número 11. Fueron desalojados a finales de agosto del año pasado y desde entonces han instalado un campamento a pie de calle desde donde se organizan con distintos colectivos, ofrecen conferencias de prensa e impulsan la expropiación de un inmueble que, aseguran, las mafias de la zona se quieren apropiar mediante fraudes procesales.
El 1 de noviembre pasado, las 19 familias desalojadas de Cuba 11 anunciaron que impulsarían una iniciativa para restaurar el Artículo 60. Su abogado, Arturo Aparicio, declaró entonces que se enfrentan a una “normativa muy vieja, no diseñada conforme a los estándares internacionales”.
Las familias denunciaron que el mismo protocolo judicial para desalojos con enfoque de derechos humanos, publicado en 2019, fue “dejado sin efectos” por el propio Poder Judicial de la Ciudad.
Las protestas que vienen
La votación en la Corte ocurre en un contexto donde la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, ha anunciado iniciativas para reformar las leyes en materia de desalojos pero que no ha concretado desde hace seis meses. Las familias de República de Cuba #11 ven esta propuesta como un complemento necesario, pero insisten en la urgencia de recuperar el Artículo 60 original.
Foto: Rogelio Morales, Cuartoscuro
Los colectivos convocantes a la protesta del lunes sostienen en sus comunicado: “no podemos permitirnos esto, nosotros podemos ser los siguientes en quedarnos sin vivienda”. Afirman que la sentencia, de confirmar la reforma de 2019, dejaría “un peligroso precedente” a favor de lo que ellos denominan el “cártel inmobiliario”.
