Tras tragedia en Juárez, Sheinbaum regala a Garduño cargo en la SEP
Polémico nombramiento: Garduño Yáñez, señalado por la muerte de 40 migrantes, es designado para un alto cargo en la SEP.
Francisco Garduño Yáñez, el extitular del Instituto Nacional de Migración (INM) cuya gestión estuvo marcada por el incendio mortal de 40 migrantes en Ciudad Juárez y por señalamientos de desvíos millonarios, fue designado este lunes por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para un alto cargo en la Secretaría de Educación Pública (SEP). El nombramiento, calificado como la vuelta “por la puerta grande” a la administración pública, fue anunciado por el titular de la misma SEP, Mario Delgado Carrillo, quien definió a Garduño como un “funcionario ejemplar”.
Garduño asumirá la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo, una unidad administrativa adscrita a la Subsecretaría de Educación Media Superior. En sus redes sociales, Delgado Carrillo sostuvo que la participación del nuevo funcionario “será fundamental para la reforma a la Educación Media Superior que está en marcha con el Bachillerato Nacional”. Agregó que esta designación se suma a la actualización de la oferta educativa superior, que se alinea con “los sectores estratégicos del Plan México”.
Foto: Damián Sánchez, Cuartoscuro
Este nombramiento se produce a menos de un año de que Garduño dejara la dirección del INM, organismo que comandó desde junio de 2019 hasta mayo de 2025. Su paso por la institución migratoria quedó opacado por la tragedia ocurrida el 27 de marzo de 2023 en la estación migratoria de Ciudad Juárez, donde un incendio provocó la muerte de 40 personas migrantes que no pudieron salir de las celdas en las que estaban recluidas.
Por estos hechos, Garduño enfrentó un proceso penal por el delito de ejercicio indebido del servicio público. El pasado 12 de abril de 2025, un Tribunal de Apelación confirmó, por unanimidad, la suspensión condicional de ese proceso. Dicha suspensión estuvo condicionada, entre otras medidas, a que ofreciera una disculpa pública.
Una disculpa forzada y un historial turbio
La disculpa pública la ofreció de manera forzada, Garduño pospuso dos veces el acto reparatorio y en documentos oficiales negaba que en el incendio de la estación migratoria existieran graves violaciones a derechos humanos y se refería a sí mismo como un “funcionario injustamente imputado”. El acto se llevó a cabo, por fin, el 26 de septiembre de 2025 en el Museo de la Ciudad de México. Garduño dio lectura a los nombres de las 40 personas fallecidas y externó sus condolencias. Sin embargo, activistas y familiares de las víctimas han denunciado reiteradamente que este procedimiento judicial fue un resultado de la “impunidad y corrupción”, una manera de evitar el juicio.
“Solo así, con las complicidades del poder, se puede explicar por qué siendo responsable de la muerte de 40 migrantes en la cárcel del INM en Ciudad Juárez, hace dos años, Garduño Yáñez, salga impune y no enfrente a la justicia”, declaró el pasado 17 de abril Irineo Mujica Arzate, director de la organización Pueblos Sin Fronteras.
El historial de Garduño al frente del INM incluye otros señalamientos graves. Bajo su mandato, se aplicó una política de contención migratoria que reportó 2 millones 497 mil detenciones de personas migrantes entre julio de 2019 y julio de 2024, una estrategia calificada como la más dura en la historia reciente de México. Además, la institución se convirtió en una de las más denunciadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), con más de seis mil quejas registradas durante su gestión.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) también documentó irregularidades financieras. Detectó contrataciones por 324 millones de pesos a una red de empresas del empresario israelí Uri Emmanuel Ansbacher —vinculado a la venta del software espía Pegasus—, de los cuales 230 millones de pesos terminaron en 26 empresas de papel, según determinó el órgano fiscalizador.
La designación de Garduño en la SEP coloca a un funcionario con este perfil al frente de una unidad encargada de normar, operar y coordinar la capacitación para el trabajo, con el objetivo declarado de “coadyuvar al acceso al empleo” y al “mejoramiento del nivel de vida de la población”.
