Samir Flores: a siete años de su muerte, convocan a jornadas por justicia
A siete años del asesinato de Samir Flores, el EZLN y el CNI convocan jornadas para exigir justicia y recordar su lucha contra el PIM.
A un mes de cumplirse siete años del asesinato del defensor nahua Samir Flores Soberanes, un frente de organizaciones sociales y pueblos indígenas convocó a jornadas nacionales e internacionales para exigir justicia y mantener viva su memoria. El llamado, que incluye actos culturales y políticos entre el 19 y el 22 de febrero de 2026, subraya la impunidad que persiste en uno de los crímenes más emblemáticos contra un defensor del territorio en México.
La convocatoria fue emitida por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala (FPDTA-MPT), el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Congreso Nacional Indígena (CNI). Bajo el lema “Justicia para Samir y autodeterminación para los pueblos”, proponen una agenda que incluye nombrar a víctimas de la violencia, realizar murales comunitarios, canciones y actos de difusión sobre la lucha de Flores.
Samir Flores Soberanes, comunicador comunitario y defensor del territorio, fue asesinado a tiros el 20 de febrero de 2019 afuera de su casa en Amilcingo, Morelos. En el momento de su muerte, era una de las voces más visibles en la oposición al Proyecto Integral Morelos (PIM), un megaproyecto energético que incluye una termoeléctrica, un gasoducto y un acueducto.
Foto: Margarito Pérez Retana
Su crimen ocurrió en un contexto de alta polarización. Diez días antes, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador había calificado a Flores y a otros defensores de “radicales de izquierda”, “conservadores” y “ambientalistas financiados por los yanquis”. El asesinato se perpetró, además, tres días antes de una consulta ciudadana impulsada por el gobierno federal sobre la continuación del PIM, un proceso que las comunidades afectadas consideraron ilegítimo.
En su comunicado, las organizaciones convocantes realizan una grave acusación: responsabilizan a una red “narcoestado” por el homicidio. Señalan directamente al expresidente López Obrador, al exdelegado federal Hugo Erik Flores, al director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Manuel Bartlett, a los gobernadores de Morelos Cuauhtémoc Blanco y Graco Ramírez, y a autoridades locales. Como presuntos autores materiales identifican a la célula criminal “Los Aparicio”, vinculada al Cartel Jalisco Nueva Generación.
El caso de Samir Flores se ha convertido en un símbolo de los riesgos que enfrentan los defensores de la tierra y el agua en México, así como de la fragilidad de la libertad de expresión comunitaria. Flores era fundador de la radio comunitaria Radio Amiltzinko 100.7 FM, un espacio clave para informar y organizar a la población frente al megaproyecto.
La investigación del crimen ha estado marcada por la lentitud y la opacidad. En agosto de 2023, la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo el caso, reconociendo indicios de que el homicidio podría estar relacionado con la labor de Flores como informador y defensor. Sin embargo, reportes posteriores de familiares y organizaciones han señalado la falta de avances sustanciales.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó el homicidio en 2019 y pidió una investigación exhaustiva. Por su parte, la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y la organización Artículo 19 también documentaron su labor y exigieron justicia.
Foto: Margarito Pérez Retana, Cuartoscuro
Para los convocantes, la impunidad en el caso de Samir Flores es un ejemplo de un patrón más amplio de violencia y despojo. En su comunicado, enmarcan la lucha en una defensa global de la autodeterminación de los pueblos frente al “capitalismo extractivista”, la militarización y lo que denominan una “guerra” del capital contra las comunidades.
“La justicia desde abajo solo se construirá con memoria, rebeldía y organización”, afirma la convocatoria. Las jornadas de febrero de 2026 buscan ejercer esa memoria colectiva como un acto político. Más que una conmemoración, es una exigencia renovada: esclarecer el asesinato no solo para rendir cuentas por un crimen, sino para defender el derecho de todas las comunidades a oponerse a proyectos que consideran una amenaza, sin pagar con su vida.
