Las policías comunitarias de Guerrero anuncian alianza contra Los Ardillos
Ante la violencia de "Los Ardillos", el CIPOG-EZ y la UPOEG anuncian una alianza y reclaman fuerzas federales en comunidades de Guerrero.
La pesadilla es recurrente en El Terrero, una comunidad rural escondida en Tierra Colorada, estado de Guerrero. Doscientas personas han tenido que huir de sus hogares. Cinco hombres, acusados de defenderse, llevan casi dos años en la cárcel. Y afuera, las sombras de un grupo armado que ya asesinó a 13 policías comunitarios se mueven con libertad.
Así lo cuentan, en conferencia de prensa, el actual líder de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Lino Ponce González, y Jesús Plácido Galindo, dirigente del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ). Ambos convocaron a los medios para anunciar una alianza entre sus organizaciones que tiene como objetivo “enfrentar por sí mismos al crimen organizado ante la falta de acción estatal”.
“Él estaba cuidando su casa, estaba cuidando lo propio, no andaba de delincuente”, afirma Ponce González sobre su hermano, Santos Ponce, uno de las cinco personas que permanecen en prisión desde hace dos años. Según su relato, su hermano fue detenido en mayo de 2024, luego de que un grupo de sujetos armados rodearon El Terrero. Su hermano resistió en su casa y, cuando las autoridades federales llegaron a la zona, él decidió entregarse y dar la cara. Terminó en el penal de Chilpancingo, acusado de portación de arma de fuego.
Meses después, el 16 de agosto de 2025, en la localidad de El Cortijo, perteneciente al municipio de Ayutla de los Libres, una emboscada terminó con la vida de 13 policías comunitarios de la UPOEG. La autoría de la matanza se le atribuye al grupo delictivo conocido como “Los Ardillos”.
Desde entonces el miedo se agudizó.
Foto: Andrea Murcia, Cuartoscuro
Una alianza contra Los Ardillos en Guerrero
El Cipog-EZ denunció que “Los Ardillos” no solo actúan con impunidad en Guerrero, sino que extorsionan a autoridades, controlan policías municipales y someten a la población en una vasta zona que incluye los municipios de Chilapa, Chilpancingo y hasta la zona rural de Acapulco.
El Cipog-EZ y la UPOEG, junto la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) –que mantienen presencia en el la región centro del Estado, sobre todo en el municipio de Chilapa–, declararon que unirán fuerzas para “replegar al crimen organizado” de las comunidades que lo soliciten. Otra agrupación similar, la CRAC-Policía Comunitaria (CRAC-PC), la cual mantiene presencia en una región más amplia, se deslindó públicamente de este pacto.
El anuncio vino acompañado de una petición formal y urgente a los tres niveles de gobierno. Exigen el despliegue “inmediato, permanente y efectivo” de la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina y la Policía de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en cinco comunidades específicas del municipio de Juan R. Escudero: Tlayolapa, El Terrero, San José El Puente, Michapa y El Tabacal.
Piden, además, la instalación de un cuartel militar permanente en El Terrero. Una demanda que, aseguran, ha sido ignorada.
Foto: Dassaev Téllez, Cuartoscuro
La desconfianza en la acción oficial tiene un motivo reciente. Hace cinco meses, en agusto de 2025, fue anunciado con entusiasmo el operativo “Costa Chica Segura”. Lino Ponce González, el líder de la UPOEG, asegura que fue una “simulación”: “El día que se anunció la operación, 25 de las 50 camionetas de militares, Guardia Nacional y policías estatales se regresaron”.
Las demandas, además de la seguridad, incluyen “la liberación inmediata e incondicional” de los cinco presos políticos de El Terrero: Santos Ponce González, Javier Bruno Castro, Luis Ángel Durán García, Darío Avilés Cuenca y Wilber Hernández Vargas.
Por último claman por justicia para dos casos emblemáticos: las familias de los 13 policías masacrados en El Cortijo, y para el del líder fundador de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio, asesinado el 17 de octubre de 2023 en Chilpancingo.
Francisco Rodríguez Cisneros, subsecretario de gobierno estatal, declaró que mantienen coordinación con las organizaciones. “Respetando la libre determinación de los pueblos (…) nada debe estar por encima de los derechos humanos”, afirmó.
