La crisis ambiental multiplica violencia de género y desplaza a mujeres
El cambio climático no es la única causa del desplazamiento forzado de mujeres centroamericanas, pero sí acentúa las violencias.
“Tras enfrentar pérdidas reiteradas de cosechas, una mujer salvadoreña abandonó la agricultura y emprendió una pequeña tienda para sostener a su familia; sin embargo, pronto fue víctima de extorsión por parte de pandillas, lo que finalmente la obligó a huir de su país”, describe un informe del Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI) y la Clínica de Derechos Humanos de Berkeley Law.
El reporte señala que, por sí mismos, los efectos del cambio climático no son los únicos detonantes del desplazamiento forzado de mujeres centroamericanas, pero sí acentúan la violencia, exclusión y discriminación en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: las mujeres entrevistadas reportaron tasas más altas que los hombres respecto a la pérdida de empleo, menos disponibilidad de alimentos y agua, pérdidas en sus cosechas e incomunicación tras eventos climáticos.
“En Guatemala, el aumento de los precios de los alimentos tras el paso de huracanes redujo drásticamente la capacidad de una mujer indígena para subsistir mediante la venta de productos agrícolas”, retrata el informe.
Foto: Adolfo Vladimir, Cuartoscuro
Además, las mujeres jefas de familia reportaron que tras las consecuencias de la crisis climática, asumieron de manera desproporcionada mayores cargas de cuidado. El 22% de las mujeres encuestadas reportó haber huido por episodios de violencia de género, como causa principal.
El reporte se basa en una encuesta realizada a 87 personas migrantes en tránsito, así como en investigación documental e información de especialistas internacionales y autoridades mexicanas. Si bien las organizaciones involucradas señalan que la población encuestada es pequeña y no representativa, dan valor a las experiencias vividas por las personas en movilidad para entender cómo se entrelazan los impactos del cambio climático y otros factores que impulsan el desplazamiento forzado de mujeres. El informe muestra concordancia con las observaciones de ONU Mujeres sobre las correlación entre desigualdad de género y cambio climático.
Otro hallazgo tiene que ver con la generalización a la exposición de riesgos climáticos de las personas entrevistadas: más del 80% experimentó al menos un evento climático en los cinco años previos a salir de su país. Los eventos más reportados incluyeron huracanes (64%), olas de calor (56%) inundaciones (55%), deslizamientos de tierra (45%), sequías (41%), cambios en las temporadas de cultivo (38%) e incendios forestales (37%). En Honduras y Nicaragua la exposición fue mayor.
Instan a integrar la normativa migratoria con la de cambio climático
El informe también analiza cómo la integración de los factores climáticos en los procesos de refugio puede facilitar el acceso a la protección internacional, en el entendido de que los impactos ambientales suelen agravar la violencia, la precariedad y la desprotección estatal. Las variables relacionadas con la crisis climática suelen estar subreportadas en las entrevistas iniciales para solicitar refugio debido a narrativas enfocadas en lo económico.
Por ello, el IMUMI y la Clínica de Derechos Humanos de Berkeley Law recomiendan que, tanto abogados como autoridades, utilicen preguntas específicas e incorporen información objetiva sobre el cambio climático en los expedientes, y así garantizar una evaluación justa y exhaustiva de cada caso.
“Creo que hay que aplicar de manera transversal y coordinada la normativa migratoria con la normativa de cambio climático, porque de repente parece que están separadas, no van coordinadas, no dialogan. Sin embargo hay que aplicarla: tenemos las herramientas del marco jurídico del cambio climático”, enfatizó durante la presentación del informe, Rosalía Ibarra Sarlat, especialista en Derecho Ambiental.
El informe recomienda que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados reconozca el cambio climático como un factor clave en las violaciones masivas de derechos humanos, mientras insta al Instituto Nacional de Migración a establecer lineamientos claros para otorgar la Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias en estos contextos. Exige también que el Estado mexicano adopte un enfoque integral que incluya perspectivas antirracistas, de género y de derechos indígenas para abordar de manera justa los riesgos diferenciados que enfrentan las poblaciones desplazadas por causas ambientales.
