A 20 años de la tortura sexual en Atenco, mujeres siguen sin justicia ni reparación

A casi dos décadas de la represión policiaca en San Salvador Atenco, y ocho años después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitiera una sentencia condenatoria contra el Estado mexicano por tortura sexual contra once mujeres, las sobrevivientes volvieron a presentarse ante el tribunal regional. En una audiencia virtual de supervisión de cumplimiento denunciaron que la impunidad estructural persiste, las investigaciones continúan fragmentadas y las reparaciones ordenadas siguen sin materializarse.

La represión del pueblo de San Salvador Atenco tuvo lugar el 3 y 4 de mayo de 2006. e trata de uno de los casos más emblemáticos de violencia, brutalidad y violaciones ejercidas por fuerzas de seguridad en México en los tiempos recientes. Un operativo conjunto de mil 815 policías estatales y 628 elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) —enviados por el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto— buscó reprimir una protesta del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, que se oponía a la expropiación de sus tierras para la construcción de un aeropuerto en Texcoco. El saldo de la represión en San Salvador Atenco fue de más de 200 personas detenidas arbitrariamente y al menos once mujeres que declararon haber sido sometidas a tortura sexual durante su detención y traslado.

Acompañadas por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), las víctimas expusieron ante las juezas y jueces del tribunal interamericano que, tras más de siete años de litigio internacional que culminó en la sentencia del 28 de noviembre de 2018, las obligaciones impuestas al Estado mexicano siguen mayoritariamente incumplidas.

“No hay un solo policía que haya pisado la cárcel”

Edith Rosales, una de las mujeres sobrevivientes, tomó la palabra durante la audiencia virtual. “El Estado no ha cumplido con su responsabilidad de investigar y juzgar a los responsables y el caso permanece en impunidad”, declaró. “Nunca nos ha presentado un plan de investigación pese a que lo hemos solicitado de manera reiterada. No ha garantizado la información y nuestro derecho a coadyuvar”.

Rosales también cuestionó la actuación de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA). Señaló que las acusaciones presentadas por esa instancia adolecen de errores reiterados, los cuales las propias víctimas han tenido que señalar. “Ustedes escucharán supuestos avances, pero esto no es así”, advirtió ante el tribunal.

Las sobrevivientes recordaron que, tras la sentencia de 2018, el Estado mexicano instaló en 2019 una mesa de alto nivel para coordinar el cumplimiento del fallo. Sin embargo, esa mesa no se sostuvo en el tiempo. La falta de coordinación interinstitucional se ha convertido, según las víctimas, en uno de los principales obstáculos para acceder a la justicia.

Investigaciones fragmentadas, impunidad y revictimización

Uno de los puntos centrales de la denuncia ante la Corte IDH fue la ausencia de avances sustanciales en la investigación penal. Las sobrevivientes expusieron que la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la FEVIMTRA, no ha logrado integrar un plan de investigación que aborde el operativo de 2006 en su conjunto ni que investigue la cadena de mando.

Las víctimas afirmaron que han tenido que interponer acciones legales debido a la fragmentación de las indagatorias entre el fuero local y el federal. Esta división ha impedido una visión integral de los hechos. Además, señalaron que la FEVIMTRA ha presentado en reiteradas ocasiones solicitudes de órdenes de aprehensión “con múltiples falencias”, sin atender el marco fáctico constatado por la Corte IDH, en particular al excluir la responsabilidad de los mandos superiores.

“Las acusaciones por la Fevimtra presentan errores, los cuales hemos señalado”, reiteró Rosales en su intervención.

Otro capítulo del incumplimiento estatal se refiere a las medidas de reparación en materia de salud. Las sobrevivientes evidenciaron ante el tribunal la “indolencia y negligencia” que han enfrentado para recibir tratamiento médico y psicológico a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

Señalaron múltiples eventos de revictimización, derivados de la falta de coordinación entre las instituciones responsables, el acceso oportuno a medicamentos y las complejidades de los procesos administrativos. Según las víctimas, estos procedimientos no ponen al centro las necesidades de las afectadas, sino las de las propias instituciones, lo que genera una carga adicional para ellas y cuestiona la verdadera garantía de un servicio prioritario y gratuito, tal como fue ordenado por el tribunal regional.

“No queremos preferencias pero sí responsabilidad del Estado”, enfatizó Rosales.

En cuanto a las garantías de no repetición, las mujeres y sus organizaciones acompañantes expusieron que, si bien se han registrado acciones en torno al mecanismo de Seguimiento a Casos de Tortura Sexual, este no ha logrado consolidar “modelos de actuación” para el seguimiento y atención de los casos que se le presentan.

Las víctimas destacaron, no obstante, que la próxima emisión de un segundo Diagnóstico Nacional sobre Tortura Sexual en el país será de la mayor relevancia para conocer más sobre la persistencia de la práctica y las acciones institucionales al respecto. El primer diagnóstico, ordenado por la Corte IDH como parte de la sentencia de 2018, reveló que siete de cada diez mujeres privadas de su libertad en México han sufrido violencia en alguna etapa de su proceso judicial, incluyendo tortura sexual.

Un llamado a 20 años de los hechos

Norma Jiménez, otra de las mujeres sobrevivientes de la represión en Atenco, tomó la palabra durante la audiencia virtual para poner en perspectiva el tiempo transcurrido. “Al recibir la sentencia de la Corte estábamos convencidas que sería una oportunidad para abrir un camino de justicia no sólo para nosotras, sino para otras mujeres que permanecen en prisión, sin acceso a acompañamiento, justicia o atención médica y psicológica”, declaró.

“El Estado ha tenido 20 años para esclarecer lo ocurrido, determinar responsabilidades, generar mecanismos para evitar la repetición de los hechos a múltiples escalas”, agregó Jiménez. “Después de 20 años seguimos pidiendo algo que debería ser una certeza para todas las mujeres: seguridad, un trato digno y una vida libre de violencia para todas las mujeres”.

Por su parte, Eduardo Guerrero, coordinador del área internacional del Centro Prodh, informó que el Estado mexicano solamente ha cumplido con una medida de reparación: el reembolso a la Corte Interamericana de algunos gastos del fondo de asistencia legal a México. Tras escuchar a las sobrevivientes y al Estado, el tribunal emitirá una resolución de supervisión en la que determinará el grado de cumplimiento de la sentencia.

20 años han pasado de la brutal represión contra el pueblo de Atenco en la que, además de las golpizas y las detenciones arbitrarias, once mujeres fueron sometidas a tortura sexual por elementos de la Policía Federal Preventiva y la Policía del Estado de México. El caso, como lo señalan las víctimas, es sólo uno más de un patrón más grande: en México, es común que agentes del Estado torturen sexualmente a mujeres privadas de su libertad. Lo han hecho militares, agentes de la Guardia Nacional, policías federales, estatales, municipales. Y si no se castiga ni siquiera a los casos más emblemáticos, la impunidad seguirá siendo la única consecuencia.

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