El mexicano Manuel Guerrero es detenido y torturado en Qatar por su orientación sexual
El mexicano fue detenido por la policía de Qatar y desde entonces ha sido torturado en la cárcel, denunció el comité para exigir su liberación.
Manuel Guerrero Aviña, ciudadano mexicano, lleva más de 20 días preso en una cárcel Qatar. Fue detenido por la policía de ese país, que lo engañó con un perfil falso de la aplicación Grindr para citarlo a una reunión de personas homosexuales. Desde entonces, ha sufrido tortura y se le ha negado el acceso a su tratamiento contra el VIH, denunció un comité de activistas de la diversidad sexual que exige su liberación.
El Comité Manuel Guerrero aseguró que el mexicano, de 44 años, fue víctima de una especie de modus operandi de la policía de Qatar en contra de las personas homosexuales: usa cuentas falsas de Grindr, una app de citas destinada a hombres homosexuales y bisexuales, para detenerlos arbitrariamente, fabricarles delitos, privarlos de su libertad y obligarlos a identificar a otras personas con la misma orientación sexual.
En Qatar, la homosexualidad es castigada por la ley con penas de hasta siete años de cárcel. El 4 de febrero pasado, Manuel Guerrero fue citado en la ciudad de Doha y se convirtió envíctima de ese modelo de persecución, explicaron sus defensores.
“Manuel se encontraría con la supuesta persona con quien acordó la cita pero, en su lugar, encontró a oficiales de la policía que lo esperaban para detenerlo de manera arbitraria. Durante la detención, los oficiales le ‘sembraron’ 1/4 de gramo de metanfetaminas para incriminarlo por el delito de posesión de drogas y, al día de hoy, permanece injustamente privado de su libertad en la Dirección General de Lucha Contra las Drogas de Catar”, detalló el comité en un comunicado.
Desde su detención, Manuel, quien ha vivido siete años en Qatar, ha sufrido “tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como de actos de tortura psicológica”. Según el comité, lo forzaron a identificar entre sus contactos telefónicos a más integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+ y a presenciar el sufrimiento de otras personas detenidas mientras eran golpeadas.
Además, el comité alertó que está aislado y no recibe alimentos y agua suficientes ni tiene acceso a los medicamentos contra el VIH. También se le ha negado el derecho a tener un abogado y se le ha obligado a firmar documentos en árabe sin un traductor.
El Comité Manuel Guerrero solicitó la intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), de la embajada de México en Qatar y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para garantizar la salud, la libertad inmediata y la repatriación del hombre, así como una investigación y castigo por las violaciones a sus derechos humanos.
La embajada de México en Qatar emitió un breve comunicado en el que informó que está al tanto del caso, que mantiene comunicación y que constató que cuenta con representación legal. Y agregó: “debido a que el interesado tiene registrada su residencia en Qatar como nacional del Reino Unido, el consulado de ese país en Doha ha sido la entidad responsable y reconocida por autoridades qatarís para hacer gestiones consulares a su favor”.
Tras ello, Enrique Guerrero, hermano de Manuel, pidió presionar a la cancillería para que fije una postura firme sobre el caso. “No es lo mismo respetar la soberanía de un Estado que no defender a un ciudadano mexicano. A todas luces fue detenido de manera arbitraria, porque la orientación sexual es un derecho humano”, comentó para Radio Chilango.
Organizaciones internacionales se han unido al reclamo de liberación y justicia para Manuel Guerrero. Amnistía Internacional exigió a las autoridades qataríes respetar los derechos de todas las personas de la comunidad LGBTTTIQ+, mientras que It Gets Better exhortó a las autoridades mexicanas y del Reino Unido a garantizar “su pronta salida a salvo y rápido acceso a su tratamiento retroviral”.
De cara al pasado Mundial de futbol y en medio de los cuestionamientos sobre violaciones de los derechos humanos en Qatar, Human Rights Watch documentó seis casos de palizas graves y repetidas y cinco casos de acoso sexual bajo custodia policial entre 2019 y 2022. Las fuerzas de seguridad detuvieron a personas en lugares públicos basándose únicamente en su expresión de género y registraron ilegalmente sus teléfonos.
