EU acusa al gobernador Rocha Moya de vínculos con el Cártel de Sinaloa
También responsabiliza al senador morenista Enrique Inzunza Cázarez y a Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad del estado, entre otros oficiales de las fuerzas de seguridad locales.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos por narcotráfico contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, e integrantes actuales y pasados de su gabinete, entre los que destacan el actual senador, exsecretario general de gobierno de Sinaloa y expresidente del Tribunal de Justicia del estado, Enrique Inzunza Cázarez, así como su exsecretario de Finanzas, Enrique Díaz Vega, y el exsecretario de Seguridad del estado, Gerardo Mérida Sánchez.
La acusación presentada en una corte federal detalla que Los Chapitos, la facción que comanda el Cártel de Sinaloa, ayudaron a Rocha Moya a ganar la elección en noviembre de 2021, para lo cual secuestraron e intimidaron a los candidatos rivales. A cambio de eso, antes y después de que se convirtiera en gobernador tuvo reuniones con este grupo delictivo, en las cuales les prometió protegerlos en sus actividades de tráfico de drogas.
“Durante su gobierno, Los Chapitos han operado con absoluta impunidad en Sinaloa a cambio de cuantiosos sobornos”, indica el comunicado emitido la tarde de este miércoles en Washington.
La acusación del Departamento de Justicia menciona también al excomandante de la policía de Culiacán Juan Valenzuela Millán, a quien señala de presuntamente estar implicado en el secuestro y asesinato de informantes de la DEA, y a Dámaso Castro Saavedra, actual vicefiscal de Sinaloa, a quien acusan de haber recibido 11 mil dólares mensuales de Los Chapitos.
Además, incluye a Juan de Dios Gámez Mendívil, presidente municipal de Culiacán por Morena; Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez, exdirectores de la policía de investigación de Sinaloa, y José Antonio Dionisio Hipólito, exsubdirector de la policía estatal.
“Todos los acusados son actuales o ex funcionarios de alto rango de Sinaloa, incluyendo al actual gobernador, y se les responsabiliza de haber colaborado con el Cártel de Sinaloa para el envío de cantidades masivas de drogas a Estados Unidos”.
El fiscal Jay Clayton destacó que esta y otras organizaciones del narcotráfico “no habrían podido operar tan libre y exitosa sin la colaboración de políticos corruptos y funcionarios de seguridad que estaban en su nómina. El apoyo de funcionarios corruptos como los mencionados debe de parar. Esta acusación envía un mensaje claro a todos los funcionarios extranjeros que trabajan con narcotraficantes: no importan cuál sea tu cargo o tu posición te vamos a someter a la justicia“.
En la acusación, las autoridades responsabilizan a los funcionarios de haber protegidos a los líderes del cártel y haberles filtrado información sensible de inteligencia militar para evitar su arresto y facilitar el tráfico de drogas a Estados Unidos.
Entre las autoridades acusados por el Departamento de Justicia se encuentran el mando más alto de la policía estatal de Sinaloa, la policía de investigación, la policía municipal, así como el actual gobernador y ex integrantes de su gabinete.
“Todos los señalados se alinearon con la facción del cártel liderada por Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, y con sus hijos”, indica. “(Y) han operado al más alto nivel del gobierno y de las agencias de seguridad de Sinaloa y desde su posición facilitaron las operaciones de Los Chapitos“.
Apenas ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum desconoció la cancelación de la visa a Rubén Rocha Moya, revelada por LA Times: “No tenemos conocimiento”, dijo al ser cuestionada en su conferencia de prensa matutina.
Desde el inicio de su administración, Sheinbaum ha respaldado públicamente al gobernador de Sinaloa. “No hay ninguna prueba en contra del gobernador Rocha Moya”, afirmó en octubre de 2024 en respuesta a documentos de inteligencia que lo vincularon con la facción Los Chapitos.
EU solicita detención con fines de extradición
Tras la acusación de narcotráfico contra Rubén Rocha Moya y otros nueve integrantes de su administración, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos requirió detenciones con fines de extradición.
“Los documentos que fueron recibidos por parte de la Embajada de los Estados Unidos, de acuerdo a la revisión jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el marco del Tratado de Extradición bilateral, no cuenta con elementos de prueba para poder determinar la responsabilidad de las personas de las cuales se solicita la detención provisional con fines de extradición”.
La SRE turnó las peticiones a la Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Ernestina Godoy. “Será la FGR quien determine si existen elementos probatorios de acuerdo con el sistema jurídico mexicano y la viabilidad de las solicitudes de detención provisional con fines de extradición”, agregó.
