Vicefiscal de Sinaloa pide licencia tras acusación de EU de narcotráfico
El vicefiscal de Sinaloa, Dámaso Castro, pidió licencia este 5 de mayo: enfrenta tres cargos en EU y un presunto soborno de 200 mil pesos.
El vicefiscal general de Sinaloa, Dámaso Castro Zaavedra, solicitó una licencia sin goce de sueldo el 5 de mayo de 2026, en medio de una investigación abierta por la Fiscalía General de la República. La decisión lo convierte en el tercer alto funcionario acusado por Estados Unidos que abandona temporalmente su puesto, después de que el gobernador Rubén Rocha Moya y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, presentaran sus respectivas separaciones el viernes previo.
El único cargo que permanece activo entre los señalados es el del senador morenista Enrique Inzunza Cázares, quien hasta ahora ha decidido mantenerse en su escaño. Con la salida de Castro, la atención se concentra en la postura del legislador.
La Fiscalía General del Estado de Sinaloa confirmó la licencia en un comunicado fechado el mismo 5 de mayo. La institución citó los artículos 1° y 8° de la Constitución mexicana, así como la fracción XIII del apartado B del artículo 123, además de los artículos 141, 142 y 148 de la Constitución estatal y la Ley Orgánica de la Fiscalía local. Castro, según el mismo documento, se declaró dispuesto a atender “cualquier requerimiento institucional que le sea formulado por las vías legales correspondientes”.
Horas antes de la licencia, la fiscal Claudia Zulema Sánchez —quien ratificó a Castro en el cargo tras asumir la titularidad de la Fiscalía— había declarado que estudiaba la posibilidad de apartarlo mientras se realizaban las investigaciones. Castro recogió así el guante de su propia jefa.
Los cargos que enfrenta en Estados Unidos
El gobierno estadounidense acusó formalmente a Castro de tres delitos federales: conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos; y conspiración para poseer dichas armas. Según el expediente del Departamento de Justicia, el vicefiscal Dámaso Castro Zaavedra habría utilizado su cargo para proteger a la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa. Presuntamente recibía un soborno mensual de 200.000 pesos —unos 11.000 dólares— y aparecía en listas internas del crimen organizado bajo el alias “Culiacán Regio”.
La acusación detalla que Castro no solo evitaba el arresto de los miembros de esa facción, sino que instruía a las autoridades estatales a detener a los rivales de “Los Chapitos”. También habría filtrado información sobre operativos respaldados por Estados Unidos, incluyendo aquellos dirigidos contra narcolaboratorios, para que los criminales pudieran destruir o trasladar las pruebas.
Una red de diez funcionarios
Castro es uno de los diez nombres que aparecen en la acusación estadounidense. La lista incluye a Rubén Rocha Moya (el gobernador que ahora se encuentra bajo licencia); Enrique Inzunza Cázares (senador en activo); Enrique Díaz Vega, empresario y exsecretario de Administración y Finanzas; Marco Antonio Almanza Avilés, extitular de la Policía de Investigación; su sucesor Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”; Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública; José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, exsubdirector de la Policía Estatal; Juan de Dios Gámez Mendívil (alcalde con licencia); y Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, comandante de la Policía Municipal de Culiacán.
De acuerdo con las listas de sobornos en poder del Departamento de Justicia, los dos exdirectores de la Policía de Investigación (identificados como “R1”) recibían 300.000 pesos mensuales; Dionisio Hipólito, 100.000 pesos; y Valenzuela Millán, 30.000 pesos. La fiscalía estadounidense sostiene que esta red permitió a “Los Chapitos” traficar toneladas de drogas y cometer actos de violencia masiva sin ser molestados.
No es la primera vez que Castro queda bajo escrutinio, además. En agosto de 2024, cuando aún era vicefiscal, presentó junto a la entonces fiscal Sara Bruna un video que supuestamente mostraba el asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Cuén, en una gasolinera. La Fiscalía General de la República concluyó que la grabación era un montaje y que Cuén había sido asesinado en la misma finca donde fue secuestrado Ismael “El Mayo” Zambada el 25 de julio de 2024. El escándalo le costó el puesto a Bruna, pero Castro no solo se mantuvo: Rubén Rocha lo incluyó en la terna para ser fiscal. El Congreso estatal eligió finalmente a Claudia Zulema Sánchez, quien ratificó a Castro como su vicefiscal.
Tras asumir, Sánchez prometió revisar la integración de aquella carpeta de investigación. Hasta la fecha se desconoce el resultado de esa revisión.
