La FGR abre carpetas de investigación contra 20 comuneros indígenas de Oaxaca
Seis mujeres y 14 hombres de la comunidad indígena San Francisco Coatlán son acusados por oposición a una obra pública.
La Fiscalía General de la República (FGR) abrió carpetas de investigación contra catorce hombres y seis mujeres, integrantes del Comisariado de Bienes Comunales de San Francisco Coatlán, comunidad indígena de Oaxaca, acusados por el delito de oponerse a la ejecución de una obra pública, la autopista Barranca Larga – Ventanilla.
La demanda la interpuso el representante legal de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), a partir de un enfrentamiento entre habitantes de San Francisco Coatlán y San Sebastián Coatlán, en marzo del año pasado, en donde murieron cinco personas y otras resultaron lesionadas.
El Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (CEDHAPI) y el Comité por la Defensa, la Justicia, la Autonomía y el Territorio de San Francisco Coatlán, sostienen que este suceso tiene raíces en los incumplimientos de la empresa de construcción Coconal y el gobierno federal, quienes –de acuerdo con los comuneros– incumplieron promesas y compromisos que habían acordado con habitantes de la región.
Acusan que uno de esos incumplimientos detonó el enfrentamiento entre las comunidades, pues afirman que la empresa Coconal permitió a los comuneros de San Francisco Coatlán la recolección de madera talada por las obras de la autopista en el paraje El Limar, pero ni la empresa ni las autoridades gubernamentales dieron aviso a los habitantes de la comunidad San Sebastián Coatlán, por lo que se generó un descontento que desató el enfrentamiento.
Acusan criminalización contra comuneros
Tanto el (CEDHAPI) como el Comité de San Francisco Coatlán señalan que los comuneros acusados son víctimas de criminalización.
“La criminalización de defensores y defensoras del territorio en Oaxaca es un problema grave y persistente, caracterizado por el uso del sistema penal para hostigar, detener y desmovilizar a personas y comunidades que defienden sus tierras, recursos naturales y autonomía frente a megaproyectos y actividades extractivas. Se destaca el uso de la fuerza pública en acciones de represión por parte de elementos de seguridad”, señalaron en un comunicado.
Agregaron que son frecuentes los casos de hostigamiento, amenazas y estigmatización a los que se enfrentan los representantes agrarios y comunales, quienes se rigen por sus acuerdos en asambleas.
El CEDHAPI y el Comité exigen que se detenga la criminalización de las y los representantes de Bienes Comunales de San Francisco Coatlán, además de la cancelación de las carpetas de investigación.
Piden que se respete el Acuerdo de Escazú, el primer tratado ambiental de América Latina que busca garantizar el acceso a información, participación ciudadana y justicia ambiental, protegiendo activamente a defensores de la naturaleza y comunidades indígenas frente a proyectos extractivos que amenazan sus territorios.
