Denuncian desabasto de alimentos en hospitales psiquiátricos
Trabajadores de hospitales psiquiátricos denuncian que la falta de pago a proveedores mantiene sin comida a pacientes y personal.
Desde hace una semana, el personal médico y sanitario de los hospitales psiquiátricos Fray Bernardino Álvarez y Juan N Navarro –el cual atiende a población infantil–, han denunciado públicamente la falta de alimentos en los hospitales, tanto para las personas con discapacidad internadas como para los trabajadores.
“La situación ya se salió de las manos, ya se desbordó. Yo que he sido paciente desde los 18 nunca me ha tocado ver esto”, expresó una persona usuaria del Hospital Fray Bernardino Álvarez al Movimiento de Personas con Discapacidad (PcD) y a la organización Disability Rights International (DRF).
Ayer, personal de los centros médicos bloqueó la Calzada de Tlalpan para exigir una solución. Señalan que el desabasto de alimentos en los hospitales psiquiátricos se debe a una deuda con la empresa externa encargada del servicio del comedor.
“Esta escasez debida a la falta de pago, demuestra que el Gobierno federal se ha convertido en el actor directo que, por acción u omisión, somete a esta población a condiciones que constituyen tratos crueles, inhumanos y degradantes, privándoles de las necesidades más básicas, como la alimentación”, plantean en un comunicado el Movimiento PcD y la DRF.
Por su parte, la Secretaría de Salud y la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA) –instancias de las dependen directamente los hospitales–, informaron que ayer se emitió el fallo correspondiente a la Licitación Pública Nacional para la contratación de servicios de alimentos, y negaron la suspensión de alimentos en los centros médicos.
Los peligros de la institucionalización
El Movimiento PcD y la organización DRF subrayan que la escasez de alimentos en los hospitales evidencia los peligros de la institucionalización: “En lugar de aumentar el financiamiento de las instituciones, se debería apoyar a las organizaciones comunitarias externas a estas instituciones para que ayuden a las personas internadas. Sacar a las personas de la institución para que reciban comidas en la comunidad sería un paso hacia el fin de los peligros de privación y negligencia en la institución”.
Hace tres meses, el Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad publicó un informe sobre México y exhortó al Estado mexicano a erradicar el modelo de institucionalización.
La ONU concluyó que las personas con discapacidad han sido percibidas como objetos de tratamiento médico y de caridad por parte del Estado, asumiendo que carecen de la titularidad de derechos. Observó que la institucionalización sigue teniendo un fuerte arraigo en las políticas de salud mental y protección social, dejando de lado la integración de las personas con discapacidad en sus comunidades.
Las Directrices de Naciones Unidas sobre la desinstitucionalización, incluso en situaciones de emergencia, señalan que las crisis –como el actual desabasto de alimentos– deben aprovecharse como oportunidades para acelerar la desinstitucionalización necesaria y proteger a las personas con discapacidad.
“Es importante subrayar que la desinstitucionalización no significa abandonar a las personas a su suerte ni trasladarlas a otras instituciones dejando a las personas y a las familias sin tratamientos ni servicios. Es un proceso planificado, gradual y centrado en la persona, que implica la creación de apoyos y servicios en la comunidad para garantizar el ejercicio de sus derechos, su autonomía y su inclusión social”, enfatizan el Movimiento de las PcD y la DRF.
