Detienen a 11 policías en Veracruz por desaparición forzada
Once policías estatales de Veracruz fueron arrestados por desaparición forzada durante el gobierno de Javier Duarte.
La Fiscalía General del Estado de Veracruz detuvo este lunes a once elementos y exelementos de la Policía Estatal por su presunta participación en la desaparición forzada de cuatro personas durante el operativo de seguridad “Blindaje Coatzacoalcos”, ejecutado hace más de una década bajo el mandato del entonces gobernador Javier Duarte de Ochoa.
Las capturas se realizaron en el municipio de Coatzacoalcos, en el sur de la entidad, luego de que agentes de la Policía Ministerial cumplimentaran una orden de aprehensión emitida por un juez con sede en ese distrito judicial, según informó la dependencia estatal en un comunicado.
Los detenidos fueron identificados como Adiel “N”, Guillermo “N”, Pablo “N”, Lorenza “N”, Juan “N”, Francisco “N”, Cristian Iván “N”, Rosendo “N”, Froylán “N”, Isaí “N” y María Guadalupe “N”. La Fiscalía precisó que todos estos policías de Veracruz son investigados por su probable participación en el delito de desaparición forzada en agravio de cuatro víctimas.
Encabezando el evento estuvo el secretario de Seguridad Pública Hugo Gutiérrez Maldonado acompañado de la titular de la Comisión de Derechos Humanos, Namiko Matzumoto Benítez.
Fuentes consultadas por The Associated Press, que pidieron guardar el anonimato por no estar autorizadas a hacer declaraciones, confirmaron que se trata de policías estatales en activo al momento de ejecutarse las órdenes de aprehensión. La institución no precisó cuántos de los detenidos formaban parte actualmente de la fuerza de seguridad, aunque fuentes extraoficiales señalaron que varios pertenecieron a la extinta corporación conocida como Guardia Civil, que en ese entonces formaba parte de la Secretaría de Seguridad Pública.
A una década del Blindaje Coatzacoalcos
El caso está vinculado al operativo “Blindaje Coatzacoalcos”, una estrategia implementada en 2014 por el gobierno de Javier Duarte, quien gobernó Veracruz de 2010 a 2016, con el supuesto objetivo de contener la violencia en uno de los municipios con mayores índices delictivos del estado. Los hechos por los que se les investiga ocurrieron el 25 de septiembre de 2015, cuando los ahora detenidos participaban en esa operación.
Aunque el programa fue presentado como una medida para reforzar la seguridad en Veracruz, con el tiempo quedó marcado por denuncias de familiares que acusaban a policías de participar en la desaparición forzada de varias personas. Colectivos de familiares documentaron la desaparición de al menos 30 personas durante ese operativo. Diversas protestas realizadas en aquellos años evidenciaron el descontento de madres y familiares de personas desaparecidas, quienes señalaron directamente a integrantes de las corporaciones de seguridad.
Duarte, quien gobernó por el Partido Revolucionario Institucional, fue detenido dos años más tarde y actualmente cumple sentencia por crimen organizado y lavado de dinero. Sin embargo, la crisis de desapariciones en Veracruz no se limitó a su administración.
Jorge Winckler, fiscal de Veracruz de 2016 a 2019 —con gobiernos del Partido Acción Nacional y del ahora oficialista Morena—, fue acusado en 2022 de desaparición forzada y otros delitos. Durante su tiempo en ese cargo, inició un proceso contra varios exjefes de la policía de Veracruz, acusados de crear unidades que, entre 2013 y 2014, emplearon tácticas de guerra sucia para secuestrar, matar y hacer desaparecer a por lo menos 15 personas, en su mayoría jóvenes, sospechosos de ser informantes de cárteles del narcotráfico. El proceso contra Winckler fue desestimado por falta de pruebas, pero él sigue encarcelado y bajo proceso por abuso de autoridad y tráfico de influencias.
Las detenciones de este lunes no son las primeras relacionadas con el operativo “Blindaje Coatzacoalcos”. En marzo de 2022, otros once policías estatales fueron detenidos por desaparición forzada de otras personas en el mismo operativo. En esa época, durante el gobierno de Cuitláhuac García, de Morena, las autoridades ofrecieron disculpas públicas a familiares de algunas víctimas, al reconocer la responsabilidad de agentes estatales en las desapariciones.
El descubrimiento de agentes de seguridad presuntamente implicados en desapariciones continuó incluso con el actual gobierno, también del partido oficialista y dirigido por Rocío Nahle. En diciembre de 2024, la Fiscalía de Veracruz informó que trece policías estatales estaban siendo investigados por su posible implicación en casos de desaparición forzada.
Los once detenidos serán puestos a disposición del Juez de Control, quien definirá su situación jurídica en las próximas horas y determinará si existen elementos para vincularlos a proceso por el delito de desaparición forzada, considerado uno de los ilícitos más graves por la legislación mexicana debido a la participación de servidores públicos en la privación ilegal de la libertad de las víctimas y el ocultamiento de su paradero.
Hasta el momento, la dependencia no ha revelado la identidad de las cuatro personas desaparecidas ni ha informado si sus cuerpos fueron localizados o cuál fue el avance de las investigaciones que permitieron solicitar las órdenes de captura. Por el caso de Jacob Vicente Jiménez González, Abraham Torres, Camilo Silva y Carlos Rojas, desaparecidos cuando viajaban a bordo de un taxi en el municipio, los colectivos ya han conseguido obtener recomendaciones de derechos humanos y disculpas públicas por parte del Gobierno del Estado, según reportó El Financiero.
En la entidad han desaparecido más de siete mil personas, de las ciento treinta y cinco mil que las autoridades federales han registrado en todo el país. En esa región se han encontrado algunos de los cementerios clandestinos más grandes de México.
Con la captura de los once policías, la Fiscalía busca avanzar en uno de los expedientes relacionados con presuntas desapariciones forzadas atribuidas a elementos de seguridad durante el operativo “Blindaje Coatzacoalcos”, un caso que durante años fue señalado por familiares de víctimas como uno de los episodios más controvertidos en la historia reciente del estado.
