Michoacán: comunidades impiden consulta sobre ley de derechos indígenas y afromexicanos
Los pueblos que integran el Consejo Supremo Indígena de Michoacán rechazan el proceso por considerarlo "discriminatorio, simulado y fallido".
Integrantes del Consejo Supremo Indígena de Michoacán tomaron ayer las instalaciones de las oficinas del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), en Pátzcuaro, para mostrar su rechazo a la consulta sobre la iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, impulsada por el Gobierno de México.
Las comunidades p’urhépecha, hñahñú, matlazinca, náhuatl y afromexicanas que integran el Consejo, manifestaron que la consulta es “discriminatoria, simulada y fallida”, y señalaron que dejará fuera a 109 comunidades indígenas que no son parte del catálogo de pueblos y comunidades del INPI.
La iniciativa de ley fue presentada el pasado 9 de junio en conferencia matutina, en la cual el director del INPI, Adolfo Regino Montes, compartió que el objetivo de la propuesta es “promover, proteger, garantizar e implementar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en su carácter de sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio”.
Para promover la iniciativa, el gobierno estableció una etapa informativa a través de 82 foros de consulta en distintos puntos del país.
Una consulta “discriminatoria, simulada y fallida”
El Consejo Supremo Indígena considera, en primer lugar, que la consulta es discriminatoria porque el catálogo del INPI “no respeta el derecho a la autoadscripción y la historia de los pueblos originarios”, anteriores a la conformación del Estado mexicano.
En segundo lugar, el Consejo plantea que hay simulación porque la consulta “no es culturalmente adecuada debido a que no se respetan los usos y costumbres de las comunidades. Al no consultar a la máxima autoridad de los pueblos que es la Asamblea General, únicamente se queda en foros que ni siquiera respetan los tiempos y formas de las comunidades”.
Las comunidades añaden que este mecanismo no cumple con los estándares internacionales de derechos indígenas, y por ello no les es posible analizar y debatir 453 artículos durante un día o en las horas que duran los foros.
Y, en tercer lugar, los integrantes del Consejo apuntan que “la consulta es fallida porque no mantiene un carácter vinculatorio. Lo que las comunidades manifiesten en los foros organizados por el INPI, solo serán opiniones que el Estado mexicano no tiene la responsabilidad jurídica de acatar”. Esto, subrayan, podría legitimar megaproyectos aunque los pueblos estén en contra de ellos.
El Consejo anunció que interpondrá los recursos jurídicos necesarios para garantizar sus derechos colectivos a través del Colectivo de Abogados Indígenas Juchári Uinápekua (Nuestra Fuerza).
“Exigimos una consulta en los tiempos y formas de las comunidades, que emane directamente de las asambleas generales, y sobre todo que no se quede solo en opiniones, sino que mantenga un carácter vinculatorio”, señaló el Consejo.
