Continúan activos 1,300 permisos mineros en reservas naturales
Semarnat anunció la recuperación de 272 mil hectáreas bajo concesión minera; organizaciones denuncian que 1,300 permisos de explotación en reservas naturales siguen vigentes.
Más de mil 300 permisos de explotación minera continúan activos en zonas federales de protección natural. En conjunto, estos títulos abarcan una extensión que rebasa las 680 mil 270 hectáreas. Así lo informó en un comunicado la organización civil Cambiémosla Ya.
El marco legal actual es claro: la normativa minera impide desarrollar labores de exploración, extracción o procesamiento en estas reservas pero los permisos mineros siguen vigentes. La organización civil Cambiémosla Ya sostiene que, ante el marco legal vigente, esas concesiones tendrían que anularse sin demora, pues ponen en riesgo el patrimonio natural del país.
El pronunciamiento ocurre luego de que, esta mañana, en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la titular de la SEMARNAT, Alicia Bárcena, informara sobre la recuperación de 272 mil hectáreas de reservas naturales que estaban bajo concesión para minería. Pese a ese anuncio, la organización subrayó que las más de mil 300 concesiones vigentes continúan activas.
La funcionaria también afirmó en dicho espacio que la actual administración federal concretó el cambio de paradigma del “extractivismo neoliberal hacia el ambientalismo humanista”.
Para la agrupación –conformada por defensoras y defensores de la tierra y el territorio junto con personas académicas y organizaciones expertas como Fundar, CartoCrítica y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental– ese cambio exige como primer paso que las dependencias de Medio Ambiente y Economía acaten la reforma aprobada en 2023 en materia de minería y agua, y den a conocer las normas reglamentarias que de ella derivan.
Tres años después de la reforma, los reglamentos siguen sin publicarse
Han transcurrido más de tres años desde la reforma minera. En ese lapso, ni Economía ni SEMARNAT han dado a conocer los reglamentos de la Ley de Minería, la LGEEPA, la LGPGIR ni la Ley General de Aguas en materia de minería. Incluso la presidenta Claudia Sheinbaum ha admitido este retraso, el cual impide aplicar plenamente la nueva legislación minera.
Entre los asuntos pendientes de aclararse destacan la prohibición de labores mineras en reservas naturales, los programas de cierre y post-cierre que deben presentar las empresas, y los mecanismos para costear la remediación de daños ambientales.
Como consecuencia, las autoridades mantienen abierta la posibilidad de que la industria minera siga provocando afectaciones ambientales, muchas de ellas irreparables. Cambiémosla Ya menciona como ejemplo los derrames recurrentes de residuos mineros atribuidos a Grupo México, los cuales han afectado parcelas agrícolas, cauces fluviales y otros depósitos de agua.
Para la Cambiémosla Ya, no puede hablarse de un abandono del modelo “extractivista neoliberal” mientras se sigan construyendo acuerdos con las empresas que más han incumplido sus obligaciones. Citó el caso del Plan de Acción sobre Minerales Críticos suscrito con Estados Unidos, orientado principalmente a proveer materias primas al mercado estadounidense y cuyos compromisos no han sido divulgados.
En un contexto de creciente demanda de minerales para la industria armamentista, la electrificación de vehículos y la transición energética, la ausencia de un marco regulatorio robusto y claro allana el camino para afianzar el modelo extractivo que, según la organización, provoca el despojo y el deterioro de la salud comunitaria, la depredación de los bienes naturales y la destrucción de los ecosistemas.
La colectiva expresó además su preocupación porque el Ejecutivo federal haya puesto en marcha la elaboración de una Estrategia Nacional de Minerales Prioritarios y Estratégicos, sin divulgar detalles ni abrir canales de participación ciudadana.
La Colectiva Cambiémosla Ya reúne a comunidades y pueblos afectados por proyectos mineros en BCS, Coahuila, Morelos, Oaxaca, Puebla, Sonora y Zacatecas, así como a organizaciones como CartoCrítica, CEMDA, Clínica Jurídica para la Justicia Ambiental Berta Cáceres, Colectivo de Académicos Sudcalifornianos, Comités de Cuenca del Río Sonora, Consejo Maseual Altepetajpianij, EDUCA, Engenera, Fundación Heinrich Böll, Fundar, Movimiento Atzin No a la Minería, Movimiento Morelense contra la Minería Tóxica, PODER, TerraVida, Unión de comunidades de la Sierra de Juárez y académicxs de UIA, UAM y UNAM.
