Dos años después, inhabilitan un año a funcionario por boda en el Munal
La inhabilitación se sumó a un conjunto de resoluciones administrativas que involucran a 82 servidores públicos, una empresa y un particular.
En octubre de 2024, un funcionario de la cancillería reservó el Salón de Recepciones del Museo Nacional de Arte (Munal) para un “evento de carácter oficial”: el evento era su propia boda. Dos años después, este lunes 16 de noviembre, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno dio a conocer que Martín Borrego Llorente fue inhabilitado para ejercer cargos en el Gobierno de México durante un año.
El documento de la dependencia que encabeza Raquel Buenrostro es directo. Señala que Borrego, valiéndose de su cargo en la Secretaría de Relaciones Exteriores, tramitó el permiso para un acto oficial en el Munal, aunque el inmueble se destinó a una fiesta privada. La Secretaría lo acusó de faltar a la verdad respecto a los motivos de su petición. “En 2024, aprovechándose de su puesto solicitó autorización para realizar un evento de carácter oficial en el Salón de Recepciones del Museo Nacional del Arte, pero en realidad lo utilizó para celebrar un evento de carácter personal”, dice el documento.

El trámite inició formalmente el 11 de septiembre de 2024. Ese día, Borrego presentó la solicitud del espacio alegando que se llevaría a cabo un coctel diplomático por el 89 aniversario del establecimiento de relaciones entre México y Rumania.
A la boda del funcionario en el Munal acudieron unas 70 personas, incluidos miembros del cuerpo diplomático y la entonces canciller Alicia Bárcena. Martín Borrego contrajo nupcias con Ionut Valcu, funcionario de la Embajada de Rumania en México. Antes de la recepción, la pareja celebró una ceremonia religiosa en la Capilla de los Ángeles de la Catedral Metropolitana.
Del salón oficial a la fiesta privada
El secreto se mantuvo apenas unas semanas. En diciembre de 2024, el caso saltó a la luz pública después de que asistentes al festejo compartieran imágenes y pormenores en sus redes sociales, lo cual pronto sería cuestionado por e el periodista Claudio Ochoa Huerta, en una columna publicada en El Universal.
Frente a los cuestionamientos, el funcionario ofreció su versión. Aseguró que la reunión siguió los protocolos del museo y que se pagó con dinero privado. Planteó, además, que el matrimonio había ocurrido un mes antes y que los mensajes de felicitación durante la recepción eran muestras espontáneas de los presentes.
Pero la exposición pública precipitó su renuncia. Para ese momento ya no trabajaba en la Secretaría de Relaciones Exteriores, su jefa Alicia Bárcena había sido promovida como titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y había integrado a Borrego a su equipo como coordinador de Contacto con la Ciudadanía. Mediante una misiva a Alicia Bárcena, describió su dimisión como voluntaria, irrevocable y de efecto inmediato. Aceptó, asimismo, que fue un desacierto haber tramitado el uso del recinto por vías institucionales.
En la carta, Borrego describió el evento en el Munal como un acto estrictamente privado, apegado a los protocolos del museo y costeado con dinero propio, por lo que, según su versión, las arcas públicas no resintieron perjuicio alguno. No obstante, aceptó que resultó improcedente pedir el inmueble a través de su cuenta de correo oficial. “Ese actuar no fue correcto para un funcionario público ni digno de la confianza que depositó en mí”, escribió. También se disculpó con la secretaria por arrastrarla a la polémica y expresó su pesar por haber traicionado su confianza.
El caso forma parte de un operativo anticorrupción de mayor alcance. La inhabilitación se sumó a un conjunto de resoluciones administrativas que involucran a 82 servidores públicos, una empresa y un particular, por faltas cometidas en diversos organismos del gobierno federal. Las sanciones abarcan desde despidos hasta inhabilitaciones de hasta una década, además de multas que en total rondan los 175 millones de pesos, según La Jornada.





