El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU pide la libertad para Juan Carlos Ramírez Michaca
La resolución de expertos de la ONU se suma a un fallo de la Comisión de Derechos Humanos mexiquense que pide la amnistía para Juan Carlos Ramírez Michaca.
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se pronunció a favor de la libertad de Juan Carlos Ramírez Michaca, encarcelado desde hace más de 21 años y sentenciado por homicidio en un proceso lleno de irregularidades.
En conferencia de prensa este jueves 19 de noviembre, la defensa legal de Ramírez Michaca presentó la resolución del Grupo de Trabajo que suma una opinión favorable a su liberación. El mes pasado, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México se pronunció a favor de concederle una amnistía.
En su análisis, basado en la información del caso y la respuesta del Gobierno de México, el Grupo de Trabajo determinó como arbitraria la detención de Michaca, preso desde los 19 años de edad.

“El Grupo de Trabajo considera que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería poner al Sr. Ramírez Michaca inmediatamente en libertad y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otro tipo de reparación, de conformidad con el derecho internacional”, señala la instancia en su resolución.
Para los expertos de Naciones Unidas, la detención careció de base legal válida y sus circunstancias privaron al proceso penal de toda garantía de justicia.
El caso Michaca: violencia y fabricación en Ecatepec
Ramírez Michaca, nacido en octubre de 1985 se crió en Ecatepec de Morelos. Estudió una carrera técnica y al concluir el bachillerato trabajó junto a su padre en un negocio propio de radiadores hasta los 19 años de edad.
La madrugada del 20 de febrero de 2005, integrantes de una pandilla local conocida como MK-13 (Los Cholos) tuvieron una riña con tres integrantes de la familia Ramírez Michaca. Uno de ellos disparó y asesinó a miembros del MK-13 al filo de las 1:30 am, de acuerdo con el testimonio de la fuente consultada por el Grupo de Trabajo.
Hacia las 3 am, policías ministeriales del municipio irrumpieron en el domicilio de Juan Carlos Ramírez Michaca y lo detuvo junto con otros dos de sus familiares. La detención ocurrió sin orden judicial, con amenazas de muerte y violencia.
Lo que siguió a continuación fue un rosario de irregularidades que incluyen la tortura por inmersión en agua, amenazas de desaparición forzada, extorsión contra la familial, la coerción para firmar documentos en blanco, informes policiales falseados y la fabricación de pruebas.

Al proceso judicial, que sin considerar el cúmulo de evidencias emitió una sentencia a 70 años de prisión, siguieron intimidaciones (como disparos contra el taller de la familia) y recursos de apelación rechazados por cada juez a cargo del caso.
“Me inculparon prácticamente, por un delito que no cometí. Si el Estado o el gobierno en su momento hubieran hecho su parte, creo que no hubiera habido más casos como el mío. A mí me armaron el caso, me torturaron”, dijo Juan Carlos en entrevista con este medio el mes pasado, cuando celebró la resolución de la CODHEM.
Con las evidencias a la vista y la negativa del Gobierno de México —que se mantiene inamovible en defender las resoluciones del Poder Judicial mexiquense—, los especialistas piden indagar la detención arbitraria de Michaca y adoptar medidas contra los responsables de la violación a sus derechos.
Uno de ellos, el comandante Felipe Carmona no podrá ser sancionado. Fue asesinado en 2016, tras salir de la cárcel por el delito de extorsión y ser señalado como protector de grupos criminales al oriente del Estado de México.





