Parecía demasiado bueno para ser verdad. El 21 de febrero pasado los integrantes del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH) recibieron con sorpresa la información: la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) les entregaba mil 143 fojas del expediente judicial militar sobre los vuelos de la muerte, cuya parte esencial había sido publicado por Fábrica de Periodismo a fines de noviembre de 2023.
Al revisar las carpetas entregadas, las expectativas se desinflaron: las mil 143 hojas entregadas estaban exhaustivamente tachadas por celosos oficiales militares que ocultaban datos clave para conocer detalles sustanciales de la operación de Estado cuyo objetivo fue aniquilar a cientos de mujeres y hombres disidentes políticos y, luego, arrojar sus cuerpos al mar.
Tacharon elementos fundamentales de información: nombres de militares, responsables de los vuelos, fechas, firmas, imágenes, trazos y hasta sellos oficiales.
Al comparar las copias entregadas por la Sedena con las que Fábrica de Periodismo publicó, es evidente la intención de ocultar documentos que prueban la existencia de los vuelos, nombres de los militares y, entre otros elementos, la cadena de mando de los responsables de la detención, tortura y desaparición de cientos de personas que luego de ser ejecutadas eran subidas a un avión que despegaba de la Base Aérea Militar #7, en Pie de la Cuesta, Guerrero.
A diferencia de lo que el gobierno federal ha hecho con expedientes de empresarios, intelectuales, periodistas y ciudadanos a los que considera adversarios, cuya difusión se realiza sin proteger ningún dato personal, como lo obliga la ley, la Sedena actuó con un criterio distinto.
Al expediente entregado al MEH sí se le aplicó rigor el bloqueo de toda la que consideraron información sensible, aun cuando, de acuerdo con prácticas internacionales, en casos de violación grave a los derechos humanos, como los desaparecidos por los vuelos de la muerte, debe prevalecer la máxima publicidad y todo debe ser público.
Las imágenes testadas y sin testar de los documentos seleccionados que acompañan este texto muestran algunos de los elementos que la Sedena quiere ocultar al MEH, mecanismo creado en octubre de 2021 por decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuya misión es esclarecer la verdad en casos relacionados con violaciones graves a los derechos humanos cometidas entre 1965 y 1990 por el Estado mexicano.
Documentos testados, negativas y silencio
Dos días después de que Fábrica de Periodismo publicó el contenido esencial de la investigación realizada por el Ejército sobre los vuelos de la muerte, un grupo de trabajo del MEH presentó a la Sedena, vía la Ley Federal de Acceso a la Información y Transparencia, una solicitud para obtener la averiguación previa sobre los generales Francisco Quirós Hermosillo, Mario Acosta Chaparro y el mayor Francisco Javier Barquín Alonso, los militares de más alto rango responsables de los vuelos y de lanzar los cuerpos de cientos de personas al mar.
A pesar de que la publicación de la investigación periodística confirma la existencia de esos documentos en los archivos del Ejército, la Sedena se ha negado a entregar, con múltiples argumentos, la información que resguarda.
No sólo ha retenido la información relacionada con los vuelos de la muerte. El MEH ha documentado casos en los que, a pesar de que se proporcionan los datos exactos de localización en los archivos militares (pasillo, estante, etcétera), la Sedena niega que exista la información.
Fábrica de Periodismo ha acompañado al equipo del MEH en la búsqueda del expediente completo, es decir, de las 32 carpetas resguardadas en los archivos de la Sedena, por lo que se solicitaron dos expedientes específicos:
- La averiguación previa de la investigación sobre los vuelos de la muerte.
- El listado de víctimas que fueron arrojadas al mar desde aviones del ejército y de las personas procesadas por la justicia militar por su posible responsabilidad en estos hechos, las resoluciones de las autoridades de la justicia militar, así como situación legal que guarda cada una de ellas.
De arranque, la Sedena mostró disposición para otorgar la información requerida. De hecho, el 22 de enero de 2024 le comunicó al equipo del MEH que entregaría un total de 8 mil 703 páginas correspondientes a 13 tomos.
El único trámite restante era pagar la cantidad correspondiente a las copias del expediente: 8 mil 703 pesos. Aunque no era exactamente lo solicitado, la respuesta resultaba interesante, por lo que el MEH realizó el pago. Un peso por cada copia simple.
Toda la verdad sobre los vuelos de la muerte
Un mes después, el 20 de febrero, la Sedena hizo entrega de sólo una parte del material: mil 143 hojas. Y explicó que dado que el proceso de testado era muy lento tomaría más tiempo para liberar las ocho mil copias, además de que lo haría en tres entregas.
Dos días después, oficiales militares comunicaron que el resto de las copias estaban ya disponibles. Al día siguiente, cuando el equipo del MEH se presentó a recoger las más de 7 mil fojas faltantes, el personal militar dio marcha atrás: siempre no se las podrían entregar y pidieron que hicieran una llamada telefónica unos días después
Para el lunes 26 de febrero, todo había cambiado. No sólo se rehusaron a entregar el resto del expediente, sino que además pidieron que fueran devueltas las mil 143 hojas previamente entregadas.
La razón: unos días antes la Fiscalía General de la República (FGR) había pedido ese expediente para integrarlo a una investigación, por lo que el documento pasaba a considerarse como “reservado”.
El MEH presentó un recurso de revisión ante el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, cuyo pleno lo revisó e instruyó a la Sedena a entregar las fojas restantes. Y las y los comisionados fijaron un plazo: 10 de abril. Pero el Ejército ya no se ocupó siquiera de responder. Silencio absoluto.
En el segundo caso, el relacionado con la solicitud de que se entregue el listado de personas desaparecidas que fueron arrojadas al mar desde la Base Aérea Militar de Pie de la Cuesta, la respuesta ha sido la misma en dos ocasiones: no se han localizado “expresiones documentales relacionadas con personas arrojadas al mar desde aviones del Ejército…”.
“Al día de hoy, la Sedena no ha entregado ni el expediente completo de la averiguación previa ni las listas de víctimas y personas procesadas, aun cuando existen resoluciones del Inai en ese sentido”, denuncia el MEH en un documento dado a conocer este 7 de mayo.
En la resolución RRA 2751/24, cita el MEH en su comunicado, el Inai resolvió que la información solicitada es de interés para la sociedad mexicana, pues su argumentación jurídica asocia el derecho al acceso a la información con el derecho a la verdad en materia de violaciones graves a los derechos humanos.
“En su argumentación, a cargo de la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena, el Inai retomó criterios en materia de derechos humanos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la SCJN, así como de la Ley General de Víctimas. Una de sus conclusiones es que los nombres de las víctimas, como en este caso lo son de aquellas personas arrojadas al mar desde aviones del ejército, constituye información pública”.
Con relación a los nombres de las personas que tuvieron responsabilidad en los hechos, el INAI resolvió que: “se acredita un interés público mayor para dar a conocer la información requerida, a saber, su nombre, los cargos que enfrentaron, las resoluciones recaídas en sus procesos, así como el estatus legal que guarda en la actualidad cada una de dichas personas”.
Compare las imágenes y descubra lo que el Ejército desea ocultar. Deslice de un lado a otro el cursor para ver la el documento sin testar.
La siguiente es una selección de las hojas testadas por Sedena, junto con las hojas originales obtenidas por Fábrica de Periodismo para realizar el trabajo periodístico publicado en noviembre de 2023.
Simulación de cuerpos apilados en el Aravá
Durante la investigación realizada en el 2000, una de las pruebas periciales realizadas fue calcular el número de cuerpos que podían caber en el avión, para lo cual los especialistas pidieron que “monitores” militares se acostaran de manera apilada en el piso de la aeronave para determinar cuántos cuerpos podían haber sido lanzados en cada vuelo.
Expedientes de las tripulaciones del Aravá
Testado de los nombres de los pilotos que condujeron el avión Aravá durante los al menos 54 vuelos de la muerte, de los cuales se arrojaron al mar un mínimo estimado de 350 personas.
Croquis de la Base Aérea Militar #7, en Pie de la Cuesta
Croquis de la distribución de la Base Aérea Militar #7: desde las oficinas de los mandos militares hasta la plataforma donde se estacionaba el avión Aravá y desde la cual despegaba la nave con los cuerpos de mujeres y hombres para arrojarlos al mar.
Ascensos y recompensas para los pilotos del Aravá
El general Hermenegildo Cuenca Díaz, entonces secretario de la Defensa Nacional, autorizó los ascensos y recompensas económicas a los pilotos y al personal mecánico que integraba la tripulación del avión Aravá por sus “actos excepcionalmente meritorios que han realizado durante las actividades militares contra delincuentes en el estado de Guerrero”. Esos actos consistían en pilotar el avión de manufactura israelí para arrojar los cuerpos océano adentro.
Credenciales de personal militar
Testado de las credenciales de elementos militares que formaron parte de la Base Aérea #7, Pie de la Cuesta, Guerrero.
Adiestramiento de pilotos y mecánicos en Israel
El secretario de la Defensa Nacional autorizó personalmente el viaje a Israel de las tripulaciones que recibirían adiestramiento para volar el avión Aravá, que luego se destinaría para transportar y arrojar al mar los cuerpos de las personas previamente ejecutadas en la base de Pie de la Cuesta.
Sobresueldos para el personal de los vuelos
En otro documento clave, el secretario de la Defensa Nacional autoriza con su firma que las tripulaciones “altamente calificadas” que recibieron capacitación en Israel se trasladen a Guerrero para realizar las operaciones que se les encomendarán en breve y que se les retribuyan económicamente sus nuevas tareas..
Lista de pilotos y aviadores en general
Durante la investigación sobre los vuelos de la muerte, se revisaron cientos de expedientes de personal militar, en particular pilotos y aviadores.
Bitácora de los vuelos de la muerte
El registro puntual de cada uno de los vuelos del avión Aravá, entre ellos los que trasladaban los cuerpos que arrojaban al mar. Éstos eran marcados con la clave “local”, se realizaban casi siempre en la madrugada y tenían una duración de aproximadamente una hora. Acá, se ocultó el nombre de quienes integraban la tripulación.
Página final de las bitácoras de los vuelos de la muerte
De cada una de las páginas de los registros de los vuelos del Aravá 2005 fueron testados los nombres de quienes integraban la tripulación; piloto, copiloto y mécanico.
Declaración del piloto Bernardo Huichochea Alonso
Uno de los varios testimonios que describen los métodos usados para desaparecer a cientos de personas en los vuelos de la muerte.
Sellos y firmas testados
Es tal el rigor con el que los oficiales del Ejército ejecutaron el testado que en casos como éste incluso los sellos de la institución son considerados como información sensible que debe resguardarse.
Cinco años de vuelos de la muerte
De las mil 114 hojas que sí pudo obtener el Mecanismo para el Esclarecimiento Histórico se pueden algunos elementos generales del contenido.
- Incluyen segmentos de dos de las 32 carpetas que integran la investigación completa.
- Un porcentaje importante de las mil 114 hojas entregadas resultan ilegibles por el nivel de testado que tienen.
Aun cuando el Ejército solo entregó una octava parte de lo prometido, los mil 114 folios ofrecen una serie de rendijas por las que uno se puede uno asomar y conocer una estructura militar que todo el tiempo busca evadir la mirada pública.
En algunos casos el testado termina complicando la construcción de historias o datos informativos que arrojen nueva luz sobre el caso de los vuelos de la muerte y los involucrados.
Con los elementos entregados es difícil realizar conexiones precisas. En el mejor de los casos, se puede apreciar superficialmente el método y la estrategia para organizar la investigación interna que hizo el propio Ejército, así como las inercias y resistencias internas.
El testado de los documentos se hizo a partir de lo que se consideró información sensible, sin atender las disposiciones legales que establecen que toda información relacionada con violaciones graves a los derechos humanos debe ser pública.
En el artículo 18 del capítulo V (“Del derecho a la verdad”) de la Ley General de Víctimas se establece que las víctimas y la sociedad en general tienen el derecho de conocer los hechos constitutivos del delito y de las violaciones a derechos humanos de que fueron objeto, la identidad de los responsables, las circunstancias que hayan propiciado su comisión, así como tener acceso a la justicia en condiciones de igualdad.
Eso no es algo que a los oficiales militares les haya parecido relevante. El mensaje es inequívoco: que el Ejército no está preparado ni está dispuesto a entregar información sobre las violaciones graves a los derechos humanos cometidas por el Estado mexicano en el periodo conocido como Guerra Sucia, sin importar que ya hayan pasado más de 40 años.
