La FGR se ha volcado de modo excluyente hacia una o dos líneas de investigación, con lo que se pierden años de trabajo; se siembra evidencia para simular avances y la opacidad en torno a las fuerzas armadas sigue siendo el gran nudo ciego del caso, advierte la excomisionada internacional. Hoy “se vende como novedoso un camino trazado hace casi una década”. En tanto, se ha sacado a madres y padres de los avances procesales: “Ninguno fue notificado para ir a las funerarias, ninguno para los videos, nadie para la audiencia”.
El caso Ayotzinapa no avanza hacia la verdad, sino hacia un callejón sin salida: se han vuelto a perder valiosos años de indagaciones, la Fiscalía General de la República (FGR) se ha volcado de forma excluyente hacia una o dos líneas de investigación y ha abandonado decenas de pistas cruciales para entender la responsabilidad del Estado en un delito de lesa humanidad, advierte Ángela María Buitrago, exintegrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
A punto de cumplirse 12 años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas en Iguala, la abogada colombiana dice que el manejo de la causa atraviesa por un periodo de desconexión técnica y vaciamiento de memoria procesal. La narrativa triunfalista del gobierno sobre los avances recientes, considera, no refleja el verdadero estado del expediente, el cual supera ya los mil 500 tomos y permanece fragmentado.
“La verdad, no lo sé”, responde al ser cuestionada sobre si el proceso avanza hacia la justicia o hacia el archivo definitivo. “No lo sé, dice en entrevista con El Sur, lo que se ha contado hacia lo público solamente tiene que ver con una línea de investigación que estaba siendo seguida desde el 2015 por el GIEI y por la investigación.
“Las personas que han capturado en los últimos meses… pues estaban dentro de las personas de las cuales se habían solicitado las versiones, en particular el (ex)gobernador (Ángel Aguirre Rivero). Hay una cantidad de líneas que no veo que hayan sido ni comentados los resultados o las averiguaciones que se hicieron”, añade la jurista.
Las alertas de la excomisionada internacional resuenan con especial fuerza en la víspera de este 26 de septiembre. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que el caso es una prioridad de Estado y ha anunciado la presentación de un informe conjunto entre la FGR y la Secretaría de Gobernación para exponer “nuevas líneas de investigación”.
El movimiento judicial más mediático de las últimas semanas fue la detención y vinculación a proceso de Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, acusado de desaparición forzada por la presunta orden de sustraer y ocultar las grabaciones del Palacio de Justicia de Iguala realizadas la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.
Sin embargo, mientras el discurso oficial presenta estas acciones como un giro decisivo, la lectura técnica de Ángela Buitrago muestra que se está vendiendo como novedoso un camino que ya estaba trazado desde hace casi una década y que se dejó enfriar “de manera irresponsable”.
Desgaste devastador para las familias de los 43
De acuerdo con el análisis de la excomisionada del GIEI, el caso sufrió una parálisis institucional catastrófica, tras el desmantelamiento de los equipos de fiscales asignados a la Unidad Especial de Investigación y Licitación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA).
“El gran problema también fue generar un retiro de los fiscales que tenían los asuntos, que conocían los asuntos. Hubo un periodo completamente muerto, del 2023 al 2025, en donde creo que el conocimiento del expediente fue ninguno, se hacían diligencias que no tenían ningún norte; sobre esa base se perdieron dos años muy importantes”, recalca Buitrago.
Esta ruptura en la continuidad provocó que las autoridades actuales intentaran “recuperar” tiempo concentrándose únicamente en el tema de las cámaras o en las funerarias locales, y dejaran de lado la responsabilidad por acción u omisión de altos mandos de todas las corporaciones.
Esta constante alternancia entre arranques y frenos, sumada al refrito de hipótesis parciales, genera, dice Ángela Buitrago, un desgaste devastador e irreversible para las madres y padres de los 43 normalistas.
Después de 12 años de caminar entre la farsa de la “verdad histórica” creada en el sexenio de Enrique Peña Nieto, los atropellos probatorios y las promesas no cumplidas, las familias se encuentran extenuadas y escépticas ante los anuncios gubernamentales.
Buitrago subraya que en un crimen de esta magnitud, omitir o fragmentar la prueba destruye de raíz el derecho a la verdad: “Un delito de esta naturaleza debe tener un seguimiento de todos los responsables y partícipes por acción o por omisión, porque es un delito de lesa humanidad. Cualquier cosa que usted omita o deje coja va a dañar la investigación en términos también de derecho a la verdad, derecho a saber, derecho a conocer y derecho a que haya una investigación seria, imparcial y objetiva”.
Continúa pendiente la información de Sedena
La presidenta Sheinbaum solicitó, asimismo, al Alto Comisionado de la ONU perfiles para “revisar y dar su opinión” sobre el trabajo de la FGR, lo que causa severas dudas técnicas, comenta Buitrago. Una revisión superficial o externa, explica, no tendrá un alcance real y corre el riesgo de convertirse en un trámite puramente formal para validar hipótesis cómodas o prediseñadas.
“No se puede hacer una revisión sin sentarse a leer –y ya debe estar en más de mil 500 tomos el expediente–, porque solamente conociendo toda la información se sabe si se están llevando todas las líneas de investigación”, menciona.
El riesgo de enviar a alguien revise superficialmente el proceso, es alto: “Si va a llegar una persona que no conoce el proceso y simplemente va a hacer una revisión formal, pues lo podrá hacer, pero obviamente dejará por fuera muchísima información que es vital para saber si se están siguiendo las hipótesis correspondientes, si se ha hecho el trabajo adecuado o si simplemente lo que quieren decir es que están de acuerdo con que utilicen las líneas telefónicas o las unidades”.
Frente a la petición explícita de algunas familias para que los antiguos integrantes del GIEI retomen las riendas de las investigaciones –y la evaluación de Gobernación para buscar un retorno bajo nuevos esquemas–, Buitrago aclara que tanto ella como Carlos Beristain han mantenido una voluntad afirmativa desde el año pasado de colaborar con madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos, pero condiciona cualquier participación a la claridad de las facultades y a la libertad real para investigar.
“Primero hay que saber qué es lo que se pretende con el regreso de cualquiera de los expertos. La voluntad ha sido afirmativa en el sentido de que si podemos colaborarle a los padres en la investigación y avanzar, con mucho gusto lo hacemos. Pero allí el punto es a qué le están apuntando, qué van a dejar de revisar, qué es lo que quieren realmente poner como punto focal, porque hay muchas líneas que nosotros sabemos que son fundamentales y entre ésas, la información documental de Sedena”.
Hay mucho más que lo de Aguirre y los videos
Esa fragmentación es lo que más preocupa a la exintegrante del GIEI, quien expone con nombre y apellido las rutas probatorias y hallazgos clave que hoy la FGR parece tener bajo la alfombra. Una de las más estremecedoras es la que involucra el informe del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (Cerfi) de Iguala, donde se documentó la presencia de normalistas vivos tras los ataques de la noche del 26 de septiembre de 2014.
“Según un documento del Centro de Fusión de Inteligencia de Iguala, estaban 17 muchachos en una cueva. ¿Qué pasó con esa información? ¿Por qué no se le dio seguimiento, si tenían interceptadas a las cabezas del crimen organizado? ¿Cómo así que hay 17 muchachos vivos y los dejan en una cueva bajo vigilancia o control del crimen organizado? ¿Quién no actuó? ¿Por qué no se actuó cuando se conoció perfectamente esto desde el mismo 28 de septiembre del 2014?”, cuestiona Buitrago con indignación.
La experta enfatiza que las interceptaciones telefónicas se recibían en tiempo real y permitían georreferenciar las llamadas para ubicar a las víctimas y a sus captores, lo que demuestra omisiones criminales y responsabilidades de mandos con posición de garante que hoy siguen sin explicación.
A esta omisión se suma el rastreo abandonado de las sábanas de llamadas de los teléfonos celulares de los estudiantes desaparecidos, una ruta abierta desde el primero y segundo informe del GIEI. Buitrago señala que varios celulares siguieron activos después de la noche de Iguala y acabaron en manos de terceros: “Se sabía que habían sido parte de apropiación por el conductor de una autoridad del estado, que después terminaron en manos de la esposa de ese señor y que además fueron a parar a otra persona que dice que los recibió en una tienda como parte de un pago”.
Todas esas líneas exigían, insiste la abogada, solicitudes de sábanas de comunicación, inspecciones e investigaciones a fondo que hoy simplemente no se escuchan en los discursos oficiales, donde el gobierno sólo presume ante las familias el avance contra el exgobernador o la pista de los videos del Palacio de Justicia.
Militares que no respetan ni órdenes de los jueces
La opacidad en torno a la actuación de las fuerzas armadas sigue siendo el gran nudo ciego de la investigación. Al concluir sus trabajos, el GIEI indicó que el ocultamiento de los folios del Centro Regional de Procesamiento de Datos del Ejército paralizó el caso, por eso la postura actual de las autoridades le resulta incomprensible a Buitrago.
En marzo de este año, un juzgado federal ordenó a la Sedena entregar esa información clave –incluida una brecha de 853 folios desaparecidos–, pero en los hechos, la búsqueda documental militar está detenida.
“Habría que saber por qué y cuáles son los elementos que tienen para haberla parado”, apunta la jurista. Subraya que la exigencia de estos archivos ya no es sólo un reclamo de las familias o del grupo de expertos, sino un mandato judicial desatendido por el propio gobierno: “Aquí ya no fue el GIEI el que dijo que faltaban, o los padres que solicitan todo el tiempo los folios que faltan, sino fue un juez de la República mexicana que determinó que efectivamente faltan folios y ordenó que se entreguen. Ni siquiera respetan las órdenes de los jueces mexicanos”.
“Esas funerarias tuvieron más de seis revisiones”
Esta omisión contrasta con la reciente controversia mediática sobre supuestos hallazgos de restos en funerarias locales de Iguala, como la funeraria El Ángel, un tema que la abogada observa con profunda sospecha técnica. Ante la difusión de reportes sobre “20 bolsas” con restos óseos –desmentidos de forma categórica por las familias y el Centro Prodh al señalar que se mezclaron diligencias de varios años–, Buitrago cuestiona la veracidad y la cadena de custodia de esas evidencias encontradas “sorpresivamente” una década después.
“Son cosas que se han encontrado de manera extraña. Todas esas funerarias tuvieron más de seis revisiones por diferentes autoridades, incluso la Covaj (Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa) y diferentes fiscalías estuvieron presentes”, recuerda la investigadora. Su análisis apunta directamente a una posible alteración de la escena o siembra de evidencia para simular avances.
“Sorpresivamente, el año pasado encuentran una bolsa que dice ‘restos óseos 2014’. Uno como investigador siempre tiene que trabajar sobre la base de la custodia, lo que llamamos el principio de mismidad. Es decir, ¿eso estaba ahí?, ¿lo pusieron después?, ¿quién lo puso?, ¿para qué lo puso? Todo eso está sin responder. Yo llego a mi casa y está todo perfecto, paso 10 años en mi casa y al año 10.1 encuentro una bolsa que nunca vi. La pregunta es muy clara”.
Aislamiento de las víctimas y ruptura con el gobierno
A la par de estos vicios probatorios, el fracturado canal de comunicación entre el Estado y los familiares de los 43 normalistas amenaza con cerrar definitivamente cualquier margen de justicia. Sheinbaum sostiene que mantiene un diálogo fluido con las madres y padres, pero las organizaciones que los acompañan denuncian que se enteran de las diligencias, audiencias e informes a través de filtraciones o conferencias de prensa, lo cual los deja al margen de los procesos legales.
Este aislamiento de las víctimas, remarca Buitrago, vulnera sus derechos fundamentales y destruye cualquier intento de reconstruir la confianza institucional. “La institución sólo se justifica cuando le sirve a la sociedad, no cuando se sirve a ella misma”, sentencia.
Agrega, sobre el trato que se le está dando a las familias en la víspera del aniversario: “Han dejado a las víctimas sin información, las han sacado de los avances procesales y se enteran por prensa. ¿Cómo logras ganar confianza cuando no se permite ejercer los derechos que tienen las víctimas y sus representantes? Ninguno fue notificado para ir a las funerarias, ninguno para el caso de los videos, nadie para la audiencia. Si es así, la confianza nunca se va a volver a ganar”.
Atorados en un escenario de impunidad procesal
Además del estancamiento en las búsquedas de campo, en el terreno judicial el caso Ayotzinapa muestra un grave deterioro. En los tribunales, las causas penales contra presuntos responsables y altos mandos se han ido desmoronando o amparando por vicios de origen, un escenario de impunidad procesal que Buitrago atribuye directamente al uso sistemático de la tortura durante las primeras etapas de la investigación.
“Cuando acudieron a la tortura acabaron muchísimos elementos que pudieron haber sido ciertos, pero la tortura invalida todo lo que surge de una declaración bajo tortura y lo que surge tangencialmente a ella. Es la famosa teoría del árbol ponzoñoso”, expone la excomisionada del GIEI.
Para Buitrago, el caso se ha convertido en un reflejo de las inercias y complicidades estructurales que impiden al Estado investigarse a sí mismo en todos sus niveles. “Si este es un periodo en donde se le está apuntando a la no corrupción, qué bonito sería que se pudiera develar cómo están funcionando las instituciones y las personas, porque a veces no es toda la institución, son sólo manzanas podridas. Pero si usted no investiga y no es consciente de hasta dónde tiene que llegar, muchas cosas quedarán por fuera”, reflexiona.
Buitrago reitera que el camino para salir de este laberinto debe ser estrictamente técnico y nunca político: “El problema son las confusiones que se hacen entre lo político y lo jurídico. Lo técnico siempre va a ser mucho más objetivo. Cuando quieren mezclar lo político con lo jurídico hacen una bomba molotov, porque terminan sacrificando la justicia por muchos intereses que no son correlativos a la justicia”.
Lamenta que el Estado mexicano siga aferrado a versiones contaminadas en lugar de construir pruebas independientes: “Fíjese cómo la historia de todos modos sigue contando con las versiones de los torturados, y eso es dañino. Por ejemplo, en la declaración de Carlos Canto Salgado, alias El Pato, sobre quién se llevó a los estudiantes, él habla de la procuraduría. ¿Quién ha investigado esa línea?”.
Regresar, sí, pero sólo si se les deja trabajar
A pesar del desmantelamiento institucional y la distancia, Buitrago no cierra la puerta a un eventual retorno para colaborar con las familias, siempre que existan garantías reales de independencia. “Donde yo pueda colaborar, aportar y dejen trabajar, lo haría feliz, porque conocemos el caso casi desde el principio. Pero depende también de lo que te digan que permiten y quieren que se haga. Es como si a ti te contratan en un periódico pero te dicen: ‘Usted no puede hablar, no puede escribir, no puede llamar y no puede grabar’, ¿entonces qué puedes hacer?”.
A días de cumplirse 12 años de la noche de Iguala, entre promesas de nuevos informes oficiales, marchas y el agotamiento acumulado de los padres, la exintegrante del GIEI esboza la urgencia nacional: “Ayotzinapa es uno de los casos más emblemáticos, pero le permitiría conocer a México la realidad de las desapariciones, los métodos y quiénes están involucrados. Si logran hacer una investigación a fondo, se podría evitar la no repetición y sobre todo no más desaparecidos, que siguen sucediendo todos los días en México casi de la misma manera” en que fueron desaparecidos los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
