“Nadie, ni siquiera el Presidente o el fiscal general, puede exculpar a nadie ahorita, porque no hay sentencias definitivas”, resalta el experto en derechos humanos.
El especialista en justicia y derechos humanos Carlos Pérez Vázquez lo dice claro: el informe del caso Ayotzinapa firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y dirigido a las familias de los 43 normalistas víctimas de desaparición forzada en septiembre de 2014 es un claro intento de deslindar al Ejército mexicano del caso.
Pérez Vázquez es director del Centro por un Recurso Efectivo y fue también integrante de la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990. En entrevista con El Sur analiza el reporte personal sobre el caso que el presidente, todavía en turno, ha proporcionado a los familiares de los estudiantes desaparecidos en el cual, por un lado, reconoce la responsabilidad del Estado en la desaparición de los 43 estudiantes y la fabricación de la “verdad histórica”; por el otro, insiste en que las acusaciones en contra del Ejército como perpetrador del hecho sólo buscan debilitar a la institución militar.
El documento, que López Obrador entregó de forma privada a principios de este mes, “deja de lado algo que satisfaga a los padres y madres de Ayotzinapa, quienes son víctimas también de lo que pasó esa noche horrible”, señala Pérez Vázquez.
Según el presidente, defensores de derechos humanos, órganos internacionales como la OEA, el gobierno de Estados Unidos, opositores y medios de comunicación pretenden “debilitar a una institución fundamental del Estado mexicano –el Ejército– como lo están haciendo ahora en mi contra con una campaña de desprestigio, sin pruebas, tratándome de vincular con la delincuencia organizada, básicamente por motivos políticos e ideológicos”.
La Fiscalía General de la República se transformó en un órgano autónomo en este sexenio, señala Pérez Vázquez, “con Ayotzinapa en la panza”.
–Por eso me llama mucho la atención –señala– la validación del presidente de lo que en su momento hizo la PGR y lo que está haciendo ahora la Fiscalía General de la República: da por bueno todo el trabajo que ese órgano ha hecho”.
–Han pasado casi 10 años y la FGR no ha resuelto el caso.
–Y la verdad es que el trabajo de esa instancia en este caso emblemático, ejemplar, tan importante para la historia y el desarrollo del sistema de justicia en México, se convirtió en un trabajo a todas luces insatisfactorio. No hay respuesta, no hay justicia en el caso Ayotzinapa –enfatiza Pérez Vázquez.
“Como siempre en el sistema de procuración de justicia mexicano –continúa–, lo que importaba era tener grandes nombres en la cárcel, que todavía no están sentenciados en definitiva, como el exprocurador (Jesús) Murillo Karam, o Gualberto Ramírez, que está también en prisión sin sentencia. Pero dejando a un lado esto, lo importante era –es– saber qué pasó con los muchachos, dónde están o dónde están los cuerpos, en todo caso, y los motivos: por qué sucedió lo que sucedió. Las madres y padres quieren saber qué pasó con sus hijos”.
“Acto ofensivo para los familiares”
En el reporte, López Obrador indica que “se dejó en libertad a quienes sí son responsables y al paso del tiempo empezaron a sostener sin pruebas que los culpables de esta infame tragedia no fueron las autoridades locales, estatales y municipales de Guerrero, ni la banda de delincuentes que operaba en esa región, totalmente coludidos con dichos funcionarios, sino que en este crimen, la culpa mayor recae en los soldados de la Secretaría de la Defensa Nacional, con el manejo de la consigna de que fue el Estado y específicamente fue el Ejército mexicano”.
–En el reporte se reitera que no hay pruebas en contra del Ejército.
–Es muy grave políticamente –explica el abogado– pero también es muy grave jurídicamente, porque los procedimientos no están cerrados. Tú no puedes decir ahorita que no hay ningún tipo de involucramiento del Ejército hasta que no haya sentencias definitivas sobre casos o denuncias o carpetas de investigación que se hayan abierto en contra de miembros del Ejército. Hay procesados y hemos sabido por las noticias que han ido levantando las prisiones preventivas de los soldados que habían sido apresados. Todos, además, han sido detenidos en el Campo Militar no. 1, lo cual no queda claro por qué, si cometieron delitos en contra de civiles, no en contra de otros militares o en funciones de carácter castrenses pero, bueno, el hecho es que esos procesos siguen abiertos.
Añade que “nadie, ni siquiera el presidente de la República o el fiscal general, puede exculpar a nadie ahorita”. Porque no hay certeza, porque no hay sentencias definitivas. Esto, que no existan ni siquiera sentencias definitivas para al menos los funcionario que han sido detenidos es “en sí mismo una atrocidad, una barbaridad”. Porque han pasado diez años y José Luis Abarca, por ejemplo, sigue peleando su caso y se encuentra en reclusión por el delito de delincuencia organizada, no por la desaparición forzada de los 43 estudiantes.
–¿Es una exculpación a destiempo?
–Y muy lamentable: una exculpación completamente fuera del marco legal de quienes pudieron haber sido actores y perpetradores en el caso. Eso se tiene que señalar en una investigación seria de la Fiscalía General de la República, a la cual siga un juicio justo, imparcial, objetivo, que a la fecha no se ha dado. ¿Cómo sabe el presidente que no hay pruebas? En efecto, parece más bien un acto político, una declaración política para blindar la reputación del Ejército.
–En el reporte el presidente menciona a la DEA, a Genaro García Luna, a Felipe Calderón y hasta a Anabel Hernández. Lo hace a unas semanas de irse.
–Tiene una motivación política. Yo no entiendo cuál es el cálculo, porque no parece que vaya a tener un efecto muy positivo. Yo lo veo como un acto bastante ofensivo para las madres y padres, casi insultante. ¿Por qué tiene que hablar de los temas que le obsesionan a él? Sí es un asunto que fundamentalmente preocupa a los padres y a las madres que necesitan verdad. Además, el reporte lo que hace es dinamitar la confianza, porque ataca abiertamente a quienes han sido aliados históricos de padres y madres (de los 43). Me refiero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), al Centro Miguel Agustín Pro (Prodh). A los abogados. Todos los aliados de los familiares son atacados frontalmente por el presidente.
El GIEI nos enseñó a investigar atrocidades
La carta a las familias de los normalistas de Ayotzinapa también es “un retroceso respecto a un gran avance que habíamos tenido”, remarca Pérez Vázquez.
–Refleja el retroceso que el caso experimentó en este sexenio. ¿A qué me refiero? Para mí la presencia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ha sido una de las mejores cosas que le pasó a la procuración de justicia en la historia moderna del país. Ellos llegaron y nos enseñaron, en los años de Enrique Peña Nieto, una nueva forma de investigar las atrocidades y las graves violaciones a los derechos humanos. Nosotros no teníamos ni siquiera un borrador metodológico de algo similar por la forma ancestral de investigar y procurar justicia de nuestras procuradurías y fiscalías. Vino el GIEI a enseñarnos a investigar atrocidades. Son cátedras de cómo se debe investigar un delito.
Y sin embargo, para Pérez Vázquez la carta-informe sobre Ayotzinapa de López Obrador parece que “menosprecia” al GIEI “o ni siquiera le da el peso que debe tener: histórico, político, jurídico. Y eso es un retroceso mayúsculo. Todo a cambio de proteger, seguir blindando con impunidad a las fuerzas armadas, que históricamente han sido siempre protegidas respecto a los abusos y atrocidades que todos sabemos que han cometido a lo largo de la historia reciente del país”.
Un error, crear una comisión de la verdad desde el gobierno
–El informe firmado por el presidente insiste en una campaña en contra del Ejército, pero también dice que sí hay que cumplir con el compromiso de encontrar a los estudiantes y esclarecer qué fue lo que ocurrió.
–Lo mejor hubiera sido dejar abierto el asunto. Política y moralmente hubiera sido menos dañino patear el bote para adelante. Pero creo que el presidente se puso una camisa de fuerza al establecer la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa. Él quería tener control absoluto. Incluso él lo dijo así: “Esto está bajo mi supervisión directa”. ¿Cómo que está bajo su supervisión directa si aquí están metidos ministerios públicos que tienen autonomía? Es la ley. Están involucrados jueces locales, federales, que también tienen autonomía, de acuerdo con la Constitución, respecto al presidente. Cómo es posible que él dijera que esto va a salir bien porque está bajo su supervisión directa si él no tiene jurídicamente vela en el entierro. Nunca la debió haber tenido.
Y puntualiza el abogado: “Fue un error, me parece, crear la comisión de la verdad tal como él la creó, es decir, en el seno de la Secretaría de Gobernación y controlada políticamente por la misma porque, como sabemos, una comisión de la verdad requiere y necesita independencia, autonomía plena del poder político para poder realizar un trabajo objetivo contundente, absolutamente profesional. Como el GIEI lo hizo”.
“Resulta muy extraño escuchar al presidente decir que le perdió la confianza al GIEI. No se trata de que le tenga confianza el presidente al GIEI, sino que éste tenía que hacer su trabajo como modelo de instancia investigadora, sin tener que rendir cuentas a nadie y mucho menos caerle bien a nadie. Ahí hay una clara falta de comprensión de cómo funcionan estos mecanismos de justicia transicional o cómo deberían de funcionar”.
Sheinbaum podría hacerlo distinto
Pérez Vázquez considera que el GIEI funcionó bien cuando “no se metieron con él, cuando lo dejaron trabajar. Habría que volver a un modelo similar. Yo creo que eso es lo que van a pedir, por ejemplo, las madres y padres de los normalistas desaparecidos: un modelo totalmente independiente del gobierno, pues esto (lo de ahora) no funciona y ha sido absolutamente decepcionante. No sería extraño que ellos lo pidan”.
El especialista confía en el próximo mandato de la virtual presidenta electa. “Siempre intento ser lo más optimista posible y creo que la doctora Claudia Sheinbaum puede ser distinta en este caso. Puede ser distinta por su pasado, por la estirpe a la que pertenece de lucha social. Lo que defendió en su juventud. La orientación política de origen. Creo que puede tener una empatía, una cercanía intelectual y de lógica con casos como los de Ayotzinapa.
“Si sumamos esa posibilidad al aprendizaje, necesariamente el Estado tiene que aprender de lo que sucedió porque, insisto, Ayotzinapa está vivo. No es un asunto muerto, histórico. Está vivo y va a seguir vivo por muchos años más y el gobierno entrante tendrá que tomarlo como una prioridad y un asunto muy serio a resolver para enmendar esta etapa ya no sólo de desconcierto sino de desencanto”.
