Preocupa que la iniciativa presidencial plantee cambiar 12 artículos de la Constitución para extender el fuero militar a la Guardia Nacional.
La semana pasada, legisladoras y legisladores de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados pospusieron la sesión en la que tenían agendado discutir y en su caso aprobar el dictamen de la iniciativa de reforma en materia de Guardia Nacional enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual reconocería a la Guardia Nacional como una de las Fuerzas Armadas Permanentes y les otorgaría facultades para llevar a cabo tareas de seguridad pública.
Al respecto, Santiago Aguirre Espinosa, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), advierte que si se entrega la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se cancelará de manera definitiva la posibilidad de que México cuente con una policía civil de alcance nacional, porque la tutela del Ejército sobre la corporación no será transitoria o temporal, sino permanente y definitiva.
En entrevista con El Sur de Guerrero, el abogado comparte esa preocupación, entre otras, al desmenuzar la anunciada reforma a la Ley de la Guardia Nacional, que daría a la Sedena el control y mando absoluto de la corporación, según la propuesta conocida desde el 5 de febrero pasado, cuando el presidente López Obrador la envió al Legislativo federal.
Por otra parte, pone luz roja sobre el caso Ayotzinapa porque si en las próximas semanas persiste “el intento político de lavarle la cara al Ejército”, el legado de este sexenio “será el de un Ejército empoderado sin ningún mecanismo de rendición de cuentas, que hacia adelante genera inquietud sobre cómo va a ser la relación cívico-militar y que no anuncia que ésta se vaya encauzar en una lógica democrática”.
La Guardia Nacional es civil, dice la Constitución
A inicios de la administración federal que está por terminar, se presentó la propuesta de reforma constitucional para crear la GN, lo que generó una amplia discusión en el Congreso de la Unión sobre la integración y el control de esta nueva institución del Estado mexicano.
En 2019 se logró un acuerdo político entre las distintas fuerzas partidistas que supuso un diseño de la GN bajo el cual se asegurara que su mando, doctrina y actuación serían de carácter civil. Se precisó también que iba a quedar adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública –del ámbito civil– del gobierno federal.
“Muy pronto, sin embargo, ese acuerdo que había generado una unanimidad –lo cual no ha vuelto a ocurrir en todo el sexenio, apunta Aguirre–, que había tenido un apoyo muy notorio, pronto empezó a diluirse en la realidad. El comandante de la Guardia Nacional fue de extracción militar. La impronta de la Sedena en esta nueva corporación se comenzó a dejar sentir y en los hechos empezó a presentar rasgos claramente castrenses”.
Fue hasta 2021, después de la elección intermedia, cuando López Obrador comenzó a afirmar que era necesaria una reforma constitucional adicional para entregar la Guardia Nacional a la Sedena. “Y que, al no tener los votos suficientes, lo iban a intentar por vía de una reforma legal”, recuerda el maestro en derechos humanos y democracia.
Esta reforma legal se concretó a fines de 2022. Se aprobó una serie de cambios a la Ley de la Guardia Nacional para adscribir a esta corporación a la Sedena, pero la minoría legislativa de oposición interpuso una acción de inconstitucionalidad porque en aquella ocasión no se había modificado la Constitución, donde sigue vigente en su artículo 21 que la Guardia Nacional es una corporación de naturaleza civil.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en abril de 2023 que, efectivamente, mientras la Constitución diga que la Guardia Nacional es civil no puede estar adscrita al Ejército.
Más intervención militar en la vida pública civil
La respuesta del Ejecutivo, continúa Aguirre, fue intentar llevar este tema a las urnas y decir que en la elección de 2024 se iba a buscar la mayoría calificada para poder enmendar la Constitución y entregarle la Guardia Nacional a la Sedena. Al mismo tiempo, el 5 de febrero de 2024, en el paquete de reformas conocido como “Plan C” que prevé 18 cambios constitucionales y dos legales, se incluyó esa propuesta.
A fines de junio pasado, la presidenta electa Claudia Sheinbaum formalizó su adhesión a la iniciativa de ley durante una gira conjunta con AMLO por Oaxaca.
La entrega constitucional de la Guardia Nacional a la Sedena, pronostica el abogado, “no va a ser una política pública efectiva para disminuir la violencia, puede generar violaciones a los derechos humanos y va a seguir alterando la relación cívico-militar en favor de los castrenses”.
Para Aguirre, en los hechos lo que resultará de militarizar a la Guardia Nacional es que se cancelará de manera definitiva la posibilidad de que México cuente con una policía civil de alcance nacional, “de manera que la tutela del Ejército sobre la corporación ya no va a ser transitoria o temporal, sino permanente y definitiva”, sentencia.
“Eso nos preocupa mucho”, reconoce y remarca que la iniciativa puesta en la mesa por López Obrador el 5 de febrero pasado “va mucho más allá de la entrega de la Guardia Nacional a la Sedena”. El diseño del actual titular del Ejecutivo “incluye cambiar 12 artículos de la Constitución y modificar, además, ocho artículos transitorios”, explica Aguirre, y “hay en particular tres cuestiones que nos parecen muy preocupantes”.
La primera es que pretende modificar el artículo 13 constitucional para extender el fuero militar a los elementos de la GN en las cuestiones de disciplina militar.
“No regresaríamos a un esquema previo a las reformas de 2014, que se derivaron de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en los casos de Inés Fernández Ortega, Valentina Rosendo Cantú, Rosendo Radilla, campesinos ecologistas; todos, por cierto, guerrerenses. Pero sí se ahondaría en un esquema híbrido que hoy deja al Ejército iniciar investigaciones simultáneas y muchas veces marcar el curso de las indagatorias al actuar como primer respondiente.
“Ese es uno de los contenidos adicionales a la entrega de la Guardia Nacional que nos preocupa, la del fuero militar”, insiste Aguirre.
La segunda es la modificación al Artículo 21, para permitirle a la Guardia Nacional que investigue delitos federales, actuando en los hechos como una policía de investigación de los delitos, como la policía ministerial.
“Esto sería sumamente preocupante si la GN le perteneciera al Ejército, porque quiere decir que el Ejército podría realizar labores de investigación de todos los delitos”, resalta.
Y la tercera es que se proyecta cambiar el artículo 129 de la Constitución, el cual establece que en tiempos de paz el Ejército sólo puede realizar tareas estrictamente relacionadas con la disciplina militar.
“Ese es un artículo –cuenta Aguirre– que en su momento fue el Artículo 122 de la Constitución de 1857. Se preservó como Artículo 129 en la Constitución de 1917 y es muy relevante para la Constitución mexicana porque expresa una intencionalidad de mantener acotada la función de las fuerzas armadas en la vida pública nacional.
“La propuesta del presidente López Obrador, que ha hecho suya la presidenta electa Sheinbaum, es alterar este artículo para que el Ejército pueda realizar cualquier tarea que le encarguen la Constitución o las leyes, sin importar que esté o no vinculada con la disciplina militar”.
Poderes excesivos al Ejército sin ningún control civil
Estas tres cuestiones: el fuero, la investigación de los delitos y la conversión del Artículo 129, rebasan con mucho la mera adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena, alerta el director del Centro Prodh. “Estamos ante el riesgo, si se aprueba en sus términos la propuesta del presidente, de modificar la Constitución en una lógica de otorgar poderes excesivos al Ejército sin ningún tipo de control civil efectivo y eso es lo que genera incertidumbre”.
Por otra parte, comenta Aguirre Espinosa, “a nadie escapa la compleja situación de seguridad del país y que en entidades como Guerrero es natural que a la gente que habita en las regiones con más violencia no le importe tanto quién garantice la seguridad, total, mientras se le garantice, sean civiles o militares.
“Pero al mismo tiempo, sin soslayar o minimizar la sensación de riesgo, de peligro, de desesperación incluso que viven esas comunidades, es muy importante señalar que lo que estamos viendo es cómo durante al menos los últimos tres lustros se presenta lo militar como la única solución, bajo la premisa de que es efectivo, incorruptible, sin que la realidad esté corroborando eso”.
–Las violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas continúan.
–Se aumenta el riesgo, pero además en esquemas que le dan al Ejército cheques en blanco. Si es un hecho que la próxima administración avance en esta reforma, seguramente tendremos al Ejército haciendo labores de seguridad por más tiempo y, siendo así, lo mínimo que deberíamos de exigir es que esta presencia esté acompañada de controles, de supervisión, de rendición de cuentas, de no impunidad. Y tristemente no estamos viendo eso, como lo han documentado por muchos años organizaciones en Guerrero tan relevantes como Tlachinollan, pues lo que muchas veces sucede cuando intervienen los militares es que se cometen abusos que después quedan en la impunidad, porque el Ejército tiene un fuerte espíritu de cuerpo que los lleva a encubrir los casos de violación, pero también de corrupción, en que incurren sus integrantes”.
Militares empoderados, el legado de la 4T
¿Cuál es el legado del primer gobierno federal salido de la oposición de izquierda, del sexenio que se va?, se le pregunta a Santiago Aguirre.
“En el Centro Prodh no escatimamos reconocimiento a logros del actual gobierno”, responde y enumera: “La manera en que puso en el centro de la conversación pública la profunda desigualdad que desfigura el rostro de México, las reformas laborales y el aumento en el salario mínimo. La estigmatización del ejercicio de gobierno opulento y dispendioso. Todas esas cosas habrá que reconocerlas sin escamoteos. Lo hemos hecho recientemente a partir, por ejemplo, de los avances en el rescate de los cuerpos de los mineros de Pasta de Conchos.
“Pero, sin duda alguna, en justicia y seguridad el actual sexenio ha dejado mucho a deber y ha generado nuevos problemas. De injusticia, porque en vez de reformar a las fiscalías y a las policías, que son nuestra gran fuente de impunidad, el ánimo reformista se ha centrado en un solo engranaje pequeñito, que es la Suprema Corte y la propuesta de elegir por votación a los ministros, jueces y magistrados, mientras la Fiscalía General de la República, las fiscalías de los estados, que son los grandes responsables de la impunidad, están sin que nadie las toque, las transforme y las reforme”.
Ayotzinapa y la no rendición de cuentas
Añade el director del Centro Prodh: “Todavía va a quedar un termómetro para ver en qué nivel estamos, y es un termómetro que involucra a Guerrero, porque está conformado, por un lado, de qué va a pasar con el caso Ayotzinapa. Si en las próximas semanas viene un intento político de lavarle la cara al Ejército, va a ser una demostración de que, en efecto, estamos en un escenario de una fuerza armada ajena a la rendición de cuentas.
“Por otro lado, la entrega que hicieron los comisionados (de la Comverdad), donde está Abel Barrera, un defensor de derechos y muy respetado guerrerense, del informe sobre la guerra sucia que elaboró el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico.
“Si habiendo esa entrega del documento no viene ahora un reconocimiento formal, no en una mañanera, sino un reconocimiento formal de la responsabilidad del Estado y de la que tuvo el Ejército –concluye Aguirre–, estamos claros de que el legado de este sexenio será el de un Ejército empoderado sin ningún mecanismo de rendición de cuentas, que hacia adelante genera inquietud sobre cómo va a ser la relación cívico-militar y que no anuncia que ésta se vaya encausar en una lógica democrática”.
