Hace 30 años Chiapas, México y el planeta entero se sacudieron con una noticia bomba: un grupo guerrillero integrado primordialmente por indígenas se levantó en armas y le declaró la guerra al Estado mexicano. Ese 1 de enero de 1994, cientos de mujeres y hombres tzotziles, tojolabales y tzeltales, acompañados de un grupo de mestizos, tomaron sus armas de campo, sus rifles de madera, sus machetes y palos para desafiar al gobierno y hacer que millones de ojos voltearan a ver la marginación, el desprecio y el olvido ancestral en que vivían.
Dos décadas después, la autora accedió a decenas de cajas con cientos de documentos secretos, a miles de hojas redactadas en la Secretaría de Gobernación que permiten asomarse a la manera en que el poder decidió afrontar el desafío zapatista.
Los expedientes revelan, entre muchos otros detalles, la decisión del Estado mexicano de renunciar a la paz y a la solución pronta del conflicto en Chiapas, y apostar por su alargamiento y administración. Pero lo más relevante, quizá, es que exponen los sutiles y no tan sutiles mecanismos usados por el poder para enfrentar, estrangular y extinguir un levantamientode esta naturaleza.
Emilio Chuayfett Chemor no lo sabe, quizá lo intuye porque es un hombre sagaz y conoce la política, pero en unos meses ya no tendrá la oportunidad de presentarse, como lo hace hoy, ante el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León y compartir con él lo que piensa.
Chaparrito y con la imagen bonachona que ha cultivado, Chuayfett llega a la residencia presidencial en calidad de secretario de Gobernación con una propuesta clara: el Presidente no debe apostar por la paz, no al menos en este momento; no se trata de encontrar una solución final al levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), sino de administrar un conflicto que, a sus ojos, al gobierno le conviene alargar.
Así que en estos días de principio de marzo de 1997 se parará ante Ernesto Zedillo Ponce de León y le planteará la estrategia que ha venido elaborando.
Es muy sencilla y consta de tres palabras: contención, reducción y solución.
Tres sustantivos para apaciguar esa pesadilla que explotó desde las montañas del Sureste mexicano y que ha marcado irremediablemente al gobierno de Ernesto Zedillo, el joven politécnico que gracias a su esfuerzo pasó de bolear zapatos a ocupar la Presidencia de República, y de ahí a tratar de acabar con el “señor Guillén”, como los documentos elaborados por la Secretaría de Gobernación identifican al líder del grupo guerrillero, el subcomandante Marcos.
Chauyfett llega al encuentro con Ernesto Zedillo con un planteamiento cuya esencia es: “Si el gobierno federal optara por buscar la reanudación del diálogo con el EZLN,esta situación tendría más costos que beneficios”, según se lee en la primera de las seis hojas del documento que preparó para su reunión con el presidente de la República y que casi 20 años después será leído por periodistas que tratan de reconstruir parte de la historia del conflicto.
Es el día 8 de marzo de 1997. Faltan cuatro meses para las elecciones que renovarán el Congreso. Y esa es una coyuntura determinante para Ernesto Zedillo, quien siempre extrañó una luna de miel presidencial que nunca pudo tener, pues “el error de diciembre” lo llevó a devaluar el peso y a sumir al país en una profunda crisis económica.
Así que si Zedillo desea ganar un margen de maniobra política para su gobierno, es preciso diseñar una estrategia para contener y desgastar al EZLN, que se ha convertido en una verdadera piedra en el zapato en el país y en el extranjero.
Y, junto con ello, quizá más importante para él, destaca un objetivo fundamental: que el PRI conserve el poder.
Emilio Chuayfett Chemor lo había vislumbrado desde meses antes. Terminaba diciembre de 1996 y desde la Secretaría de Gobernación se elaboró un documento clave, un manual de operación política, un compendio de cómo usar los instrumentos de los que dispone el Estado para echar a andar la maquinaria y desmantelar cualquier obstáculo que se interponga en su camino.
Lo hicieron en apenas 16 hojas. Dieciséis cuartillas que detallan minuciosamente la necesidad de rediseñar la estrategia del gobierno federal en Chiapas y que a la letra aconsejan:
“1.- (El) Objetivo principal de política interior es asegurar que el proceso electoral de 1997 ocurra sin turbulencia y que el Presidente de la República conserve su mayoría en el Congreso”.
No lo consiguieron: el Presidente no conservó “su mayoría” en el Congreso.
No se requiere ser un especialista avezado para apreciar que Chiapas, el subcomandante Marcos y el obispo Samuel Ruiz se convirtieron en una obsesión que vagaba por los pasillos de la Presidencia.
Las miles de hojas de los documentos secretos de Gobernación dan testimonio de ello. Ahí descansan los planes, las ideas, los programas, las estrategias.
El gobierno federal dispuso ampliamente de la inteligencia humana que tenía entre sus filas para intentar copar todos los espacios en los medios, para no ceder la iniciativa política, para aislar al EZLN, para evitar que los brotes de autonomía indígena se llevaran a la Constitución, para mostrar que el gobierno era un buen gobierno, que reconocía la injusticia social y económica en Chiapas y que haría hasta lo imposible por remediarlas, pero siempre bajo sus reglas y términos.
Así que a toda costa y con el aparato del Estado a su disposición, el gobierno zedillista buscaba contrarrestar lo que consideraba la “propaganda política del EZLN y la Diócesis de San Cristóbal”, y se empeñaba en contener la repercusión y apoyo que en el extranjero había logrado Marcos.
Por primera vez en la historia del país, el PRI perdió el control del Congreso y Ernesto Zedillo ya no pudo mandar en el mismo.
Para ello, durante varios años se puso en marcha la maquinaria del Estado, según aconsejaba la Secretaría de Gobernación:
- Pronunciamientos de intelectuales y legisladores confiables en favor de las posturas asumidas por el gobierno federal.
- Realización de foros con la participación de especialistas de renombre que apoyaran las posturas zedillistas.
- Cabildeo internacional en cuanto foro empresarial, gubernamental y académico fuera posible.
- Movilización de asociaciones de abogados que hicieran suyas las propuestas legislativas impulsadas por Zedillo.
- Reuniones “discretas” con los partidos políticos, el episcopado, el Ejército, embajadas seleccionadas y el gobernador de Chiapas para que actuaran en “concordancia” con la estrategia gubernamental.
El gobierno intentó copar los espacios en los medios para no ceder iniciativa, para aislar al EZLN, para evitar que la autonomía indígena se llevara a la Constitución.
También se diseñó y operó una ofensiva internacional para atenuar y, de ser posible contrarrestar, la influencia del EZLN en el extranjero, ante organizaciones no gubernamentales, universidades, fundaciones.
Los instrumentos fueron variados: la publicación de una carta abierta al EZLN acompañada de una fuerte campaña de medios internacionales, nacionales y locales, otra en lenguas indígenas y la creación de una corriente de opinión llamada “Mexicanos por el diálogo” con “ciudadanos distinguidos” de diversa ideología en apoyo al reinicio de las negociaciones.
Como parte de la ofensiva política, se programaron giras de trabajo de los funcionarios federales y de la CNDH a Chiapas, con sus respectivas fuentes informativas, para que difundieran las obras, las inversiones y a las personas que resultaban beneficiadas.
El despliegue buscaba generar corrientes de presión hacia los diputados opositores, la Comisión Nacional de Intermediación (Conai) y la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) para que asumieran posturas más “razonables” y aceptaran la propuesta oficial de un diálogo de paz bajo las condiciones que convenían al gobierno.
Pero todos estos esfuerzos serían inútiles si no se cerraba una pinza clave: el uso de los medios oficiales y vastas campañas publicitarias e informativas en los medios de comunicación privados, materia en la que el EZLN había demostrado que era mucho más efectivo que el gobierno.
Eso, y más, es lo que dicen los documentos, mudos testigos de una operación de Estado.
Los archivos secretos de Gobernación
Al fondo del piso 11 de un estilizado edificio ubicado sobre Paseo de la Reforma, un cuarto pintado de blanco resguarda la memoria documental del conflicto político-militar que puso contra las cuerdas al Estado mexicano al final del siglo XX.
Sin orden alguno, apiladas caóticamente, empolvadas, unas sobre el piso, otras sobre sillas de oficinas, tapizadas con plástico negro y de estructura tubular, decenas de cajas de cartón han encontrado un nuevo sitio en donde descansar.
Anduvieron de aquí para allá. Y su última mudanza acompañó a la segunda alternancia en el poder. Llegó el gobierno de Enrique Peña Nieto y alguien, jamás se sabrá quién, dio la orden de depositarlas aquí.
Cada una tiene adherida una hoja con su contenido: estudios de opinión, información relacionada con grupos paramilitares, asuntos en el extranjero, hechos de violencia, conflictos en diversos municipios, elecciones y asuntos religiosos, entre muchos otros.
Carpetas, fólders amarillos y hojas sueltas contienen las estrategias emprendidas por Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo para debilitar al movimiento insurgente más importante en la historia reciente de México.
Son los archivos secretos de la Secretaría de Gobernación. La verdad que los gobiernos del PRI y el PAN no habían querido revelar en los últimos 20 años. La memoria histórica de cómo actuó el gobierno.
El 9 de febrero de 1995, más de un año después del levantamiento zapatista, Ernesto Zedillo hizo un movimiento arriesgado. Con base en testimonios de desertores o personas ligadas a la cúpula zapatista, difundió el nombre real, dijo, del subcomandante Marcos: Sebastián Guillén Vicente, comose referirían a él a partir de entonces en los documentos del gobierno.
Un año más tarde, luego de complejas negociaciones, se firmaron los Acuerdos de San Andrés, una serie de compromisos que el gobierno federal pactó con el EZLN para garantizar el reconocimiento de los pueblos indígenas en la Constitución y su derecho a la libre determinación en un marco constitucional de autonomía.
Parecía que Zedillo saldría del túnel en que se había sumergido. Bastaba que los integrantes de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), del Congreso federal y del de Chiapas, redactaran una ley, la presentaran para su aprobación y se hicieran las reformas constitucionales.
Sin embargo, transcurrieron los meses y comenzaron las diferencias: a principios de septiembre el EZLN anunció que se retiraba del diálogo y planteó sus condiciones para regresar a la mesa de negociación: liberación de todos los presuntos zapatistas presos, fin al clima de persecución militar contra las comunidades indígenas y la desaparición de los grupos paramilitares.
Días y días de pláticas, amagos y negociaciones. Hasta que el 29 de noviembre la Cocopa presentó su propuesta de ley a la delegación zapatista y al secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, quienes la aceptaron.
Pero la postura oficial pronto cambió: el 7 de diciembre la Cocopa se reunió con el presidente Ernesto Zedillo, y éste solicitó un plazo para revisar el documento. El 19 de diciembre, el EZLN recibió la respuesta presidencial, pero la rechazó: era una contrapropuesta totalmente diferente, en la que se rechazaban aspectos fundamentales de los Acuerdos de San Andrés.
La comandancia general zapatista y los legisladores de la Cocopa acordaron que revisarían la propuesta de Ley de Derechos y Cultura Indígena del Ejecutivo, y se reunirían en enero de 1997 para intercambiar opiniones.
El gobierno, mientras tanto, ya armaba sus escenarios. No estaba dispuesto a ceder a las pretensiones zapatistas de que la autonomía de los municipios indígenas quedará en la Constitución.
No había muchas opciones: aprobar la reforma en materia de derechos y cultura indígena, pero sólo en “términos congruentes con nuestra estructura constitucional”, según quedó registrado en el documento titulado “Consideraciones sobre la reforma constitucional en materia indígena”, elaborado por la Subsecretaría de Desarrollo Político de Gobernación.
El diálogo estaba roto, el gobierno no cedería en su posición y la comisión legislativa había adquirido un sesgo a los ojos el gobierno federal. “La Cocopa, por la vía de los hechos, instrumentó una lógica de asimilación de las pretensiones y crecimiento político del EZLN”.
Además, se acercaban las elecciones para renovar el Congreso y las prioridades cambiaban: la número uno era conservar la mayoría y garantizarle al presidente de la República que ese órgano respondiera a su proyecto político.
Eso, implicaba, definir una estrategia a largo plazo y transformar las bases sobre las cuales se había operado a partir del 9 de febrero de 1995, cuando Ernesto Zedillo “desenmascaró” en cadena nacional al subcomandante Marcos.
Ante las condiciones que se preveían para 1997, la Secretaría de Gobernación colocó el rediseño de la estrategia en dos ejes clave: insistir en la solución rápida del conflicto por la vía de la Cocopa, pero sin aceptar incluir la autonomía de los pueblos indígenas en la Constitución, o administrar el conflicto a través del restablecimiento de la negociación directa y de un nuevo formato de negociación.
La solución pronta del conflicto implicaría que el EZLN estuviera dispuesto a aceptar la propuesta oficial, cosa que los mismos estrategas del gobierno descartaban por completo. “Es previsible que el EZLN siga un curso de mayor beligerancia discursiva (incluso su retiro de la negociación) y que manifieste su total rechazo a la iniciativa de reformas”.
De hecho, calculaban un escenario en el que los zapatistas, y con el propósito de “satisfacer a sus bases”, iniciarían una “campaña de hostigamiento, reivindicación territorial y posible declaración de autonomía de algunas regiones de Chiapas”.
Y aunque nadie en el gobierno apostaba por una “solución pronta del conflicto”, el documento de Gobernación destacaba que implicaría ofrecer un “protocolo integral de paz” que le diera al EZLN garantías políticas inmediatas y un horizonte de salida viable. “Las exigencias del EZLN apuntan a construir y consolidar su liderazgo de la sociedad civil. Para ello demandaría las reformas electorales en materia de participación ciudadana y el marco legal de las ongs”.
La administración del conflicto tenía como condición el que se pudiera rearticular la estrategia de contención, reducción y solución del problema, y esto traería como riesgo que el gobierno operara en coyunturas “en extremo delicadas” debido al año electoral de 1997.
La habilidad del subcomandante Marcos no estaba discusión. A tres años de que se levantara en armas, y a casi dos años de que el gobierno federal lo “desenmascarara”, los estrategas no lograban hacer ceder al subcomandante.
Ese enero de 1997 llegó hasta el escritorio del secretario de Gobernación un documento elaborado por Marco Antonio Bernal, entonces representante gubernamental en los diálogos de San Andrés. En él examinaba los escenarios políticos del conflicto.
La situación no había cambiado mucho en los últimos 12 meses: las negociaciones estaban en un impasse, y se estaba en espera de la respuesta del EZLN a las observaciones que había hecho el gobierno a la Ley de Derechos y Cultura Indígena.
Mientras tanto el gobierno no se podía quedar de brazos cruzados y consideraba necesario contar con una estrategia global para atender la coyuntura del diálogo.
La habilidad del sub Marcos no estaba a discusión. A tres años de que se levantara en armas, los estrategas no lograban hacerlo ceder.
En materia de política interior se buscaba atender dos ejes fundamentales para Ernesto Zedillo: la realización de elecciones federales y estatales con apego a la ley y sin conflictos postelectorales; y el mantenimiento de la paz social.
En ese momento, anotaba el documento, el EZLN se encontraba en una situación en la que no podía aceptar las propuestas gubernamentales, pero tampoco podía romper el diálogo porque le urgía conseguir una posición política para incidir en el desarrollo de las elecciones y su relación con la diócesis atravesaba un momento divergente.
El diagnóstico hecho por Bernal Gutiérrez concluía que se observaba un “desgaste pronunciado” de las organizaciones radicales que operaban en la entidad,tanto que en el tercer aniversario del EZLN por primera vez no hubo grandes concentraciones ni presencia de personalidades.
El documento titulado “Escenarios sobre la situación en Chiapas” también apreciaba un desgaste en la Conai: se encontraba dividida y con protagonismos de distinta índole, y a través de la Diócesis seguía presionando a las bases del EZLN.
“La Conai se ha visto desplazada por el activismo de la Cocopa, el protagonismo de Guillén y el vacío en que ha caído su llamado a un diálogo nacional, que es lo que le interesa como proyecto de desdoblamiento político y trascendencia nacional a Samuel Ruiz”, indicaba.
Los escenarios articulados indicaban que se preveía el rechazo del EZLN a las observaciones del gobierno federal y su retiro del diálogo.
De ser así, debido a que era año electoral, el EZLN buscaría colocarse como “garante moral” de las elecciones, convocar a las organizaciones y bases sociales para presionar al gobierno y tener así capacidad de incidencia en la definición de las alianzas y candidaturas ciudadanas con el PRD y PT para esperarse al desenlace electoral y reposicionar la negociación.
Este primer escenario tenía respuesta del gobierno federal: una ofensiva de medios y una estrategia política, así como fortalecer el cerco militar en la región, consolidando el cuartel militar en Ocosingo, revisando la situación migratoria de sacerdotes extranjeros y expulsando a quienes estuvieran violando el estatuto migratorio.
El gobierno federal también tendría que elaborar un discurso de salida para la Cocopa con el objetivo de evitar que la retórica del EZLN se alineara de su lado. Para ello se buscaría estrechar contactos de Gobernación con algunos integrantes de la comisión legislativa que permitieran construir la salida política que se necesita.
El presidente Zedillo escuchó los argumentos que ese 8 de marzo de 1997 le llevaba el secretario de Gobernación.
Dado que la solución al conflicto quedaba descartada, según todos los escenarios revisados, no quedaba más que apostar a la “administración de la suspensión del dialogo”.
Al gobierno le conviene que el EZLN se mantenga fuera de la coyuntura electoral. Por ello, explica el documento titulado “Situación del diálogo de paz”, en el que se resume la propuesta que se llevaría a Los Pinos, la administración de la suspensión del diálogo “implica una estrategia de contención y reducción que disminuya el costo político” para el gobierno.
La puesta en práctica de la estrategia requería varias medidas, como, por ejemplo, lograr que aun con la negociación suspendida, la estrategia de desgaste contra el EZLN afecte lo menos posible el proceso electoral.
Implicaba también atender los problemas de las tarifas eléctricas, los apoyos técnicos y económicos para el ciclo de siembra en el campo y cuidar las reivindicaciones contractuales de los maestros chiapanecos.
Había un punto que ocupó más espacio: fortalecer la presencia del gobierno en la opinión pública internacional para contrarrestar lo que llamaban la propaganda política del EZLN y la diócesis, “que buscan culpar al gobierno de la suspensión del diálogo y del incumplimiento de los acuerdos”.
Recomendaba el documento mantener la interlocución con la Diócesis de San Cristóbal, pero sugería aplicar una estrategia de contención. “Es posible realizarla fortaleciendo el seguimiento de las actividades de los religiosos y ongs vinculadas a la diócesis, aplicando la ley en algunos casos ejemplares y divulgando el manejo de los recursos provenientes del exterior”.
El propósito general, según el documento que llevó Chuayfett a la reunión con el presidente Zedillo, era mantener de manera indispensable la iniciativa política, sobre todo para evitar que el EZLN ganara terreno y avanzara en su pretensión de buscar una mediación internacional.
Eso es algo de lo que escuchó el Presidente decir a su secretario de Gobernación. Le hizo caso.
NOTA DE LA REDACCIÓN: Este texto se publicó originalmente en enero de 2014. Lo republicamos ahora por la relevancia pública de los expedientes obtenidos de los archivos de la Secretaría de Gobernación y por la oportunidad de revisar en el 30 aniversario del levantamiento zapatista la estrategia de operación política del Estado mexicano contra el EZLN y el Sucomandante Marcos. Es un reportaje que mantiene intacta su vigencia periodística.
