Un INE de papel

En este proceso que concluirá con la elección del próximo domingo 2 de junio ha sido notoria una ausencia, la de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del Instituto Nacional Electoral (INE), cuyo trabajo fue esencial en el pasado para documentar, exhibir y sancionar en primera instancia casos emblemáticos de irregularidades cometidas por candidatos y partidos en procesos electorales.

Y aunque en varios de esos ejemplos el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revirtió al final las sanciones, lo cierto es que el equipo de fiscalización cumplió un papel relevante a la hora de intentar evitar que hubiese condiciones de inequidad en las elecciones.

Hoy es distinto. La llegada de Guadalupe Taddei a la Presidencia del INE, la incorporación de funcionarios sin experiencia o cercanos al oficialismo, así como otros factores adicionales, representaron un punto de quiebre.

De hecho, cuestionan varias de las propias consejerías del INE, “es lamentable el proceso de fiscalización”.

Hoy, el INE es un tigre de papel, con una débil y tímida fiscalización de las elecciones. En el papel, los dientes y el equipo de la UTF son fuertes, pero el escenario cambia cuando los partidos intervienen.

“Y en este momento el oficialismo tiene herramientas para poder frenar un poco ese poder”, valora Said Hernández Quintana, politólogo y maestro en administración y políticas, con una década de experiencia profesional en el INE.

“El cambio de Presidencia en el INE abrió una etapa en la que la Unidad de Fiscalización está en una situación políticamente endeble. Hay cierto sesgo, ha predominado el criterio político y no el criterio técnico de fiscalización ¿Qué es lo que se compromete? El piso parejo para todos los candidatos”.

Ese es el punto, el piso parejo, concluye Said Quintana, hoy consultor asociado a cargo del área electoral en Integralia Consultores.

Los cientos de abogados, contadores, fiscalistas y expertos en auditorías financieras que integran la UTF tienen dos responsabilidades centrales:

1) Vigilar que los partidos y los más de 20 mil candidatos respeten los lineamientos y los topes de los gastos de campaña, y alertar cuando no sea así.

2) Detectar gastos de campaña no reportados por partidos y candidatos, así como el ingreso de dinero en efectivo o en monedas virtuales.

La realidad es que la debilidad técnica y humana de la UTF, acentuada desde la llegada de Taddei a la Presidencia del INE, no garantiza que haya elecciones equitativas y que la fiscalización de las campañas a los miles de cargos de elección popular que se habrán de definir este 2 de junio cumpla con sus propósitos.

Una revisión exhaustiva realizada por Fábrica de Periodismo del funcionamiento de la UTF, además de entrevistas con consejeras y exconsejeras, especialistas, funcionarios y exfuncionarios, permite concluir que la fragilidad de esa unidad está marcada por diversos factores, entre los que destacan los siguientes:

• El sostenido golpeteo de los partidos contra las decisiones técnicas de la UTF, hasta debilitarlas y diluirlas.
• La afinidad política del actual encargado de despacho de la UTF con el gobierno federal
• La laxitud y flexibilidad de la fiscalización realizada por la UTF, que ha llevado a que consejeras como Dania Ravel y Carla Humphrey hayan expresado públicamente discrepancias con su desempeño.
• La ausencia de capacidades para detectar aportaciones de dinero ilegal, en efectivo o en transacciones hechas con criptomonedas.
• La cancelación de la compra de un software especializado que permitiría procesar de manera más eficiente las millones de facturas generadas por los partidos políticos.
• La debilidad técnica del personal que realiza la fiscalización, ya que desde hace varios años se privilegió el ingreso de personas evaluadas con un examen de cultura general antes que con los conocimientos técnicos requeridos para desempeñar puestos especializados en fiscalización.
• Las prácticas dilatorias y de saturación de los partidos a la hora de entregar sus reportes y facturas de gastos (lo hacen literalmente en el último minuto y con envíos masivos), además de reportes entregados fuera del sistema electrónico, lo que hace prácticamente imposible una revisión minuciosa, sobre todo cuando la fiscalización se hace en tiempo real.
• Las negativas de la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a compartir información con el INE a pesar de que la ley le permite solicitar, por encima del secreto bancario, información sobre cuentas y transacciones bancarias de personas, empresas y partidos. 
• Los vacíos legislativos que no prevén la regulación de procesos internos de elección en partidos ni el uso de redes sociales e inteligencia artificial en las campañas.

El dinero, oculto, disfrazado; dinero en propaganda, dinero para movilizar militantes, para campañas en redes sociales, dinero para regalar a simpatizantes. Dinero sucio, ensangrentado. El dinero en la política es para los especialistas el nuevo tema central en las elecciones en México.

Edmundo Jacobo Molina, ex secretario Ejecutivo del INE, cuenta que en las pasadas reformas electorales hubo asuntos clave: el de la equidad en la contienda, los procedimientos de legitimidad, pero poco se atendió al del dinero en la política, su origen y su destino.

“La fiscalización se ha quedado realmente corta. La que hace el INE depende de fuentes indirectas, porque no tiene la fuente directa. (Depende) de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para acceder al secreto bancario; además, ahora se ha retrasado el traslado de esa información para que la fiscalización sea oportuna”, destacó Jacobo Molina en entrevista con Carmen Aristegui.

Por eso, en su opinión, “una próxima reforma electoral tendrá que atender con mayor cuidado el tema del dinero en la política. Ahí está la clave no sólo de la equidad en la contienda, además de la transparencia, sino de entender con qué compromisos llega un político a un puesto de representación, o un gobierno; si carga (o no) con una deuda de financiamiento a su campaña tal que lo puede condicionar más adelante en sus decisiones”.

La UTF y la presión de los partidos

El dinero es justo lo que los cientos de auditores, contadores, analistas y fiscalistas que trabajan en la UTF tratan de detectar, olfatear y seguir.

Seguir la huella de los 10 mil 444 millones de pesos públicos que se les entregó a los partidos para las campañas electorales no es una tarea sencilla.  

Peso a peso, factura a factura, el personal del INE coloca lupa a las cuentas y reportes bancarios para vigilar que los recursos se gasten de manera correcta. La meta: que no rebasen los topes de campaña y, sobre todo, garantizar un “piso parejo” e igualdad en las condiciones para competir en la elección federal.

Aunque el discurso institucional resalta las fortalezas del desempeño de la UTF, esta investigación documentó un listado de vulnerabilidades que los partidos aprovechan para evadir y eludir el sistema de fiscalización.

Conocedores de los atajos para evadir la fiscalización, los partidos envían a experimentados representantes a disputar sanciones y multas; presionan para no ser castigados; cuestionan la aplicación de criterios; se niegan a reconocer sus errores y acusan a las autoridades de actuar con dolo político a la hora de aplicar sanciones. Pelean, pelean y pelean.

“Esta es una institución sometida a presiones todo el tiempo”, confesó el exconsejero presidente Lorenzo Córdova en junio de 2022. “Hay presiones, pero el problema no es si hay presiones o no; el problema es si hay presionados o no. Y eso depende de si tú te dejas presionar. Nunca me he dejado presionar y eso es lo que molesta, y a lo mejor por eso han planteado rediseñar el sistema electoral mexicano”, contó Córdova en entrevista con la periodista Elisa Alanís. 

Cada proceso electoral, los partidos políticos afinan sus estrategias para eludir la fiscalización. Y aunque no existe ningún catálogo que las enliste, muchas de ellas son mencionadas por las consejerías y las representaciones de los partidos en las maratónicas sesiones del Consejo General. Un seguimiento puntual de ellas, permite identificar a las prácticas más comunes:

1.  Gastos no reportados. Un candidato afirma, por ejemplo, que para un acto público solo rentó una bocina y 50 sillas; pero el auditor de campo del INE documentó que fueron cinco y 200 respectivamente. O una candidata se promueve en portadas de revistas que luego son profusamente publicitadas. Y no lo reportan como propaganda.
2. Un partido argumenta al INE que no registró precandidatos en tal localidad “y las bardas que hay con su nombre no son mías, sino de sus simpatizantes: por eso no las reporté”.
3. Los partidos elaboran informes incompletos de gastos de sus candidatos y los entregan minutos antes de que venza el plazo que marca la legislación electoral para que la UTF cuente con menos tiempo para su revisión, la corroboración de datos o la detección de inconsistencias.
4. Una práctica irregular, pero creciente, es que entregan los informes en físico, a mano, vía e-mail y fuera de formato, cuando existe un sistema electrónico para subir los reportes. Es imposible fiscalizar los gastos.
5. Los proveedores de servicios ignoran los citatorios de la UTF y prefieren ser multados antes que dar información sobre la compra de bienes o servicios que les hizo un partido o candidato. Varios partidos replican ya esa ruta.
6. Si un partido ve una sanción en camino, envía a sus representantes a hablar con el titular de la UTF para cuestionar la aplicación de criterios técnicos de fiscalización, argumentar que sus omisiones son resultado de desconocimiento, olvidos o traspapeleos. Si no pueden evitar la sanción, buscan reducir el monto de las multas o que se les permita pagarlas a plazos.
7. Descalificar a los consejeros y acusarlos de actuar de mala fe y con dolo político.

Apenas la consejera presidenta Guadalupe Taddei le concedió la palabra en la sesión del 28 de marzo pasado, el diputado Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el INE, se fue a la yugular contra uno de los consejeros del instituto: “No ha habido ninguna ocasión en donde hayamos analizado el tema de los dictámenes, donde el consejero Jaime Rivera no traiga posiciones claramente para dañar a Morena. Es su estrategia, es su constante, lo hemos visto. Y ahora trae una más”.

Jaime Rivera había remarcado en su intervención la necesidad de tener criterios más estrictos para sancionar el tema de la propaganda que los partidos no reportan como tal, pero existe. Se revisaba el tema de los reportes de gastos de las precampañas.

“La Comisión de Fiscalización revisó el tema”, dijo el consejero Rivera sin dar nombres de partidos. “En muchos casos hay acciones de propaganda con algunos elementos de identificación velados, pero que no dejan duda sobre la intención de obtener un beneficio político”.

“Discutimos esto y dijimos que teníamos que buscar criterios que fueran más realistas, que permitan identificar la intención, el beneficio y sin lugar a dudas el cargo que buscan. No podemos suponer que quien gasta en decenas de anuncios en la vía pública lo hace solo para satisfacer su vanidad personal; si se trata de un personaje político, no. Es propaganda: si ocurre durante la precampaña y busca un cargo y es un personaje político, pues gasta para algo”.

Bastaron esas palabras para que el diputado de Morena descargara su pecho en la sesión y buscara desacreditar al consejero: “No podemos estar cambiando las reglas de fiscalización a ocurrencia suya. Es usted un consejero panista, tiene una clara estrategia de pretender perjudicar a Morena; lo vemos en cada una de las sesiones. Tenemos identificado su actuar, sabemos qué es lo que usted pretende”.

Y remató: “Esta incertidumbre jurídica que usted pretende generar no abona al proceso electoral. Sus ocurrencias y su pretensión ‘filopanista’ no es algo sano. Todas las sesiones usted inventa algo cuando se trata de fiscalización. Ese es el estilo que tiene, tiene una idea que le maquilan sus asesores para pretender perjudicar a Morena. Evidentemente, su finalidad, pretender que se nos impongan más sanciones”.

Este golpeteo se repite durante las sesiones y no sólo a cargo del diputado Gutiérrez Luna.  

El arte de evadir y negociar las reglas

Aunque la ley y los reglamentos electorales le otorgan facultades técnicas y legales para desempeñar su trabajo con independencia, ningún documento blinda a la UTF de la presión, el golpeteo de los partidos políticos e incluso de los propios consejeros.  

Un caso, entre muchos otros, muestra con claridad esta situación: el de la entonces alcaldesa Delfina Gómez, quien fue investigada en 2021 por haber recibido durante tres años (2013-2015) una aportación forzosa del 10 por ciento del salario de 550 trabajadores municipales de Texcoco, Estado de México, para ayudar a la constitución de Morena y a fondear los gastos de campaña de la propia Delfina Gómez a una diputación federal.

La queja se presentó en 2017 y los auditores de la UTF elaboraron en julio-agosto de 2021 un hasta hoy desconocido primer dictamen sobre el caso.

En él se encontraba directamente responsable a Delfina Gómez, según contaron ex funcionarios que conocieron de primera mano el tema, pero “algunas consejerías del INE presionaron a la UTF para modificarlo y exonerar de culpa a la hoy gobernadora”, comenta una alta funcionaria que solicita no mencionar su nombre porque no está autorizada a hablar públicamente del tema.

Incluso, añade la fuente, una de esas consejerías elaboró y envió su propio dictamen; las presiones surtieron efecto y, al final, la Comisión de Fiscalización aprobó sancionar a Morena con una cantidad mucho menor a las “aportaciones voluntarias” que se documentaron en la investigación.

Al final, Delfina Gómez fue exonerada a pesar de que el dinero lo reunía su secretaria privada y de que en una entrevista con Carmen Aristegui la propia política reconoció su participación en el esquema de financiamiento irregular.

Aún más, dado que la UTF documentó que los trabajadores aportaron en total 13.8 millones de pesos para la constitución de Morena y de la campaña de Delfina, los auditores perfilaron de entrada una multa de aproximadamente 20 millones de pesos.

Pero la Comisión de Fiscalización determinó reducirla a 4.2 millones de pesos, pues aunque se comprobó que hubo 13.8 millones de pesos aportados, sólo fue posible comprobar que únicamente 2.2 millones de pesos de los salarios retenidos “voluntariamente” se entregaron a personas vinculadas a Morena.

Del resto del dinero se perdió el rastro porque se convirtió en efectivo. Al final, el Consejo General del INE aprobó fijar la sanción en 4.5 millones de pesos. 

Delfina Gómez y otros funcionarios que la rodeaban y la rodean salieron ilesos, al menos legalmente, del escándalo de los “diezmos”.

La Unidad Técnica de Fiscalización es un centro neurálgico para las tareas del INE. Recibe quejas y denuncias en aluvión y, a pesar de las enormes limitaciones técnicas y humanas, monitorea activamente precampañas y campañas electorales.

A partir de los monitoreos que realizan, así como de la información recibida vía quejas y denuncias, los especialistas de la UTF elaboran un proyecto de dictamen que presentan a las consejeras que integran la Comisión de Fiscalización: Dania Ravel, Carla Humphrey, Jaime Rivera, Jorge Montaño y Uuc Kib Espadas.

Luego de discutir cada dictamen en privado, las y los consejeros pueden avalarlo o corregirlo. En caso de desacuerdo, la comisión puede solicitar que se Haga un nuevo proyecto, pero si hay mayoría de votos, se aprueba y se agenda para que se discuta en sesión del Consejo General.

La carga de trabajo de fiscalización crece si los partidos políticos interponen quejas por las presuntas irregularidades que registran o por simple golpeteo político. Fundamentado o no, el aluvión de quejas complica su revisión, dado que el personal de la UTF no se da abasto. Queda rebasado por completo y se ve impedido de profundizar en casos que podrían ser relevantes.

En enero de 2024, por ejemplo, revisaron 818 informes de precampaña (a un ritmo de 27 informes por día), pero en febrero la carga aumentó a mil 783 informes (59 por día).

Un dato duro: hasta el 8 de marzo la Comisión de Fiscalización tenía 324 casos por revisar, cuando en enero de 2024 eran 238. Es decir, en el periodo de intercampañas recibió 33 por ciento más de quejas, pero solo resolvió 72 en el primer bimestre de 2024.

En la práctica, la UTF hace lo que puede, hasta donde puede y con lo que tiene.

Jorge Montaño: “Los partidos no presionan”

Hombre cercano a Adán Augusto López, el exsecretario de Gobernación y “hermano mayor” del presidente Andrés Manuel López Obrador, el consejero Jorge Montaño Ventura también es tabasqueño.

Considerado por sus críticos como un hombre del oficialismo, preside la Comisión de Fiscalización del INE. De entrada, asegura que no están bajo la presión de los partidos políticos. “De ninguna manera. Ni ellos tienen la presión del INE ni nosotros de ellos. La única presión que tenemos es cumplir la Ley General de Procedimientos Electorales y el Código de Fiscalización”, dice en entrevista con la reportera.

–¿Cómo marcar la raya a los partidos políticos cuando pretenden impugnar y quejarse por las multas?
–Ha sido muy equitativo el trato y con todos hemos tenido diálogo y reuniones, a todos se les ha escuchado. No ha sido de manera individual. También podemos tener alguna equivocación; no es perdonarles nada.

–La realidad es que les regatean las multas y Morena ha dado ejemplo de eso en las sesiones y le terminan bajando el monto de las sanciones.
–Las sanciones a los partidos han sido por igual. Quizás uno se manifieste más en el sentido de que las multas o sanciones le incomodan, pero el trato con todos ha sido de la misma manera: desde la amonestación, la multa y la pena máxima que puede ser la pérdida de registro de alguna candidatura es igual para todos.

Maestro en Derecho y exfiscal de Delitos Electorales durante el gobierno de Adán Augusto, Montaño Ventura considera que la UTF y sus 32 enlaces de fiscalización estatales llegan fortalecidos al 2 de junio.

Pero esa apreciación choca con la información compartida en la sesión del 27 de febrero del Consejo General. En ella se informó que la UTF detectó 168 casos de aspirantes al Congreso que presentaron informes de precampaña en ceros, es decir, sin gastos, pese a que el monitoreo realizado registró que sí hubo propaganda. No obstante, ninguno perdió la candidatura: sólo 30 fueron sancionados y al resto fue multado. El argumento principal fue ponderar el derecho político de quien aspira a un cargo de elección. Es decir, se impuso un criterio político, pero no técnico y legal.

Uno de los momentos más cuestionados de este proceso electoral tuvo que ver con las “corcholatas”, como se llamó a los aspirantes a ocupar la candidatura a la Presidencia. Cuando el presidente López Obrador dio el banderazo para que comenzará la disputa al interior de Morena, aún no llegaba a los plazos establecidos por la legislación electoral, por lo que los aspirantes tuvieron que usar eufemismos para disfrazar las giras y los gastos de pre precampaña no permitidos.

El INE tuvo que acatar un fallo del Tribunal Electoral para emitir unos lineamientos para regular y fiscalizar actividades fuera de la ley. “Eso  es normar actividades proselitistas en un periodo que simple y sencillamente no está contemplado ni en la Constitución, ni en la ley electoral. Eso de los ‘procesos inéditos’ no existe. Lo que sí existe son procesos electorales que se llevan a cabo conforme a la ley o fuera de la ley”, cuestionó la consejera Claudia Zavala.

El consejero Montaño justifica ese momento electoral “atípico”: “Había que normar y regular actividades que no se encontraban en la norma electoral, tampoco podíamos dejarlas sueltas porque no se pretendía que hubiera una anarquía electoral. Esos lineamientos después escalaron a Consejo General y fueron confirmados por la Sala Superior con algunas adecuaciones.

–Pero también se entendió que los partidos se fueron por la libre, y que ustedes y el Tribunal Electoral se sometieron a la “sub-ruta” que manejaron los partidos para encajar en un marco legal que no existe.
–Considero, en una apreciación personal, que genera un antecedente positivo porque era un momento atípico. La materia electoral es muy dinámica y debemos ir a la par. Debemos ser progresivos y garantistas.

Se ofrecen rebajas en multas

La presión de los partidos para reducir el monto de las multas sí tiene final feliz. Aunque hay más casos en los que la flexibilización del rigor técnico da paso a salidas menos incómodas para los partidos y candidatos, los tres siguientes constituyen una pequeña muestra de que el regateo sí deja:

1.- En diciembre de 2023 los consejeros aprobaron sanciones para las dos coaliciones, la oficialista y y la opositora, por irregularidades en los gastos de sus pre precampañas internas para elegir su aspirante a la Presidencia. Se les responsabilizó de no reportar gastos en contratación de espectaculares.

El dictamen inicial propuso aplicar una sanción de 105.2 millones de pesos a la coalición de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde. Luego de la discusión en el pleno y los argumentos de los representantes de partidos, se hizo una rebaja de 20 millones de pesos y la multa quedó finalmente en 85.8 millones. En el caso de la coalición PRI, PAN y PRD, a quien también se le atribuyó no reportar gastos en contratación de espectaculares, la sanción propuesta era de 12.1 millones, pero se redujo a 9.6 millones de pesos.

2.- En la siguiente sesión del pleno, las y los consejeros avalaron por unanimidad reducir sanciones a todos los partidos políticos por retener el Impuesto Sobre la Renta a sus trabajadores sin realizar el traslado correspondiente a la Secretaría de Hacienda.

Los partidos argumentaron que el INE se extralimitó jurídicamente en el tema al imponer sanciones millonarias y señalaron que tenía atribuciones para ello.

El dictamen planteaba, por ejemplo, imponer una multar a Morena de 314.8 millones de pesos; pero luego de la discusión las multas fueron rebajadas y la sanción a Morena se fijó en 145 millones de pesos. Ahí se ahorraron 160 millones de pesos

3.- En febrero de 2024 los partidos políticos fueron sancionados por presentar irregularidades en sus reportes de ingresos y gastos de precampañas federales. El dictamen propuso aplicar a Morena una multa de 53.7 millones de pesos, pero tras el debate en el pleno, la sanción final ascendió a 39.1 millones.

Una ventaja adicional para los partidos en general es que, si al final deben pagar multas, lo hacen, pero con dinero público.

“Lamentable, el proceso de fiscalización”

La sesión del Consejo General del INE realizada el pasado 28 de marzo constituye un catálogo de revelaciones de las notables deficiencias en las tareas de la UTF, una unidad a la que se acusó incluso de desacato.  

El consejero Montaño expuso las faltas generales registradas. “Egresos no reportados, falta de comprobación de gastos por propaganda contratada en internet, reporte de eventos reportados de manera posterior a su realización y la presentación de informes de precampaña fuera de los mecanismos establecidos para ello”.

En sus intervenciones, las y los consejeros hicieron énfasis en que los dictámenes de ls UTF están alentando a que se realicen conductas no permitidas, que se están flexibilizando criterios para sancionar a los partidos y que el área de fiscalización ha sido omisa.

Esto es lo que le reprocharon a la UTF:

• Martín Faz
  A 10 años de la reforma electoral de 2014, “varios de los criterios de sanción a diversas conductas irregulares se han ido transformando, al tiempo que también han surgido nuevas tecnologías y estrategias partidarias cada vez más sofisticadas que intentan eludir la labor fiscalizadora de esta autoridad. Y esa complejidad permite vislumbrar que la regulación del modelo de fiscalización tal y como se ha ejecutado hasta ahora se está viendo rebasado por la realidad”.
• Dania Ravel
  No comparto el cambio de criterio para sancionar la presentación de informes de gastos fuera de los mecanismos. Anteriormente, se sancionaba con el 100 por ciento o 30 por ciento del tope máximo de gastos de precampaña. Actualmente, se está sancionando con 5 mil UMAS a un candidato presidencial (542 mil 850 pesos). No es una sanción ni ejemplar ni disuasiva.

  No es posible que se sancione con mayor severidad un informe extemporáneo presentado en el sistema, que aquellos presentados fuera del sistema y obstaculizan la fiscalización. Buscan que no los detectemos a tiempo, que no podamos hacer observaciones y, por lo tanto, que no efectuemos el trabajo de fiscalización de manera adecuada.

  Con una sanción más fuerte, como la que teníamos antes, no logramos inhibir este tipo de conductas. Ahora se baja esta sanción, pues mucho menos. Estamos incentivando que estas conductas se hagan cada vez más. Tenemos el reconocimiento expreso de las personas involucradas de que tuvieron gastos y, sin embargo, como la Unidad Técnica de Fiscalización no tuvo un hallazgo, entonces se dejan sin efecto las observaciones.

  De verdad, es algo que no tiene sentido. Estamos hablando de 221 casos que se quedan sin ninguna sanción y sin ninguna revisión.

• Carla Humphrey
  Lo cierto es que faltan datos, no somos exhaustivos, no se solicita información a la Unidad de Inteligencia Financiera. Simple y sencillamente, la Unidad Técnica de Fiscalización pasa por alto el principio de exhaustividad y omite hacer estas diligencias. Tampoco se contó con la información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

  Respecto a la propuesta de impone sanción económica o negativa de cancelación o registro de candidaturas de personas omisas al presentar sus informes, es una falta mayor, es una falta que impide conocer efectivamente cuáles son los ingresos, los gastos y su aplicación. Por tanto, la relevancia es mayúscula. La sanción tiene que ser la establecida en la norma: claramente, la cancelación o el no registro de una candidatura.  

  Por otro lado, los argumentos respecto de que esta autoridad se puede estar excediendo en su ámbito de competencia al no ser flexible, van en contra de lo establecido. Por tanto, me apegaré a lo que señala la ley y votaré en contra de imponer sanciones económicas por la falta de presentación de informes. Mantendré mi postura de sancionarla con la pérdida o la negativa de registro.

  Se habla de presentación extemporánea de informes. Se entregaron 24 horas antes. Esto hace materialmente imposible que la autoridad revise estos informes y, por tanto, para mí contarían como no entregados.

  La instrucción de la Comisión de Fiscalización fue otra: determinamos las directrices conforme a las cuales se tenía que hacer esta revisión, consta en actas cómo se instruyó que se llevara a cabo, por lo cual votaré en contra de cómo vienen todos estos casos en el dictamen.

• Claudia Zavala
  Me parece muy lamentable este proceso de fiscalización. Esa sanción (la de imponer multas en lugar de cancelar o negar un registro por no presentar informes de gastos) alentó, no inhibió. Empezamos con 3 mil 858 casos, ahora tenemos 7 mil 740. ¿Cuál es la función de una sanción? ¿Sancionar? No. Es inhibir posibles actos.

  Qué lamentable llegar a este momento sin la estabilidad, segura jurídica y certeza que necesitan los partidos políticos. Los partidos necesitan saber que si se cumple el supuesto “A”, se les va a aplicar tal consecuencia. Y no estar generando un esquema de flexibilidad que nos lleve a esto.

• Jaime Rivera
  La Comisión de Fiscalización no estableció requisitos adicionales para considerar lo que es propaganda. Esos criterios, que fueron mandato para la Unidad Técnica de Fiscalización, fueron aprobados por unanimidad en la Comisión de Fiscalización.

  El que la Unidad Técnica de Fiscalización no haya aplicado en muchos casos ese criterio contraviene el acuerdo unánime de la Comisión de Fiscalización. (Los dictámenes) no reflejan lo que la comisión aprobó.

La UTF en la era Taddei

Los cuestionamientos y censuras al trabajo de la UTF tienen nombre y apellido: Isaac David Ramírez Bernal.

Ramírez Bernal es el encargado de despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización y forma parte de la nueva burocracia dorada del INE en la era Taddei: gana 238 mil 480 pesos mensuales, más que el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Internacionalista por la UNAM y el CIDE, donde estudió la licenciatura y la maestría, respectivamente, Ramírez Bernal inició su carrera electoral en el ex Instituto Electoral del Distrito Federal, donde desempeñó diversos cargos durante 15 años y fue parte del equipo del ex consejero Javier Santiago Castillo.

Cuando éste llegó al INE como consejero electoral, Ramírez Bernal continúo con él; en 2020 se convirtió en asesor del consejero electoral Uuc-Kib Espadas.

De 2019 a 2020, ya en este gobierno, ocupó una posición extraña dentro de su curriculum profesional: fue coordinador de recursos humanos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE) cuando fue dirigido por Luis Antonio Ramírez, hijo del exgobernador priista Heladio Ramírez, quien junto con Ignacio Ovalle, ex director de Segalmex, trabaron una cercana amistad con el presidente López Obrador.

Ramírez Bernal, a quien los consejeros electorales responsabilizan de “desacato”, fue nombrado por Guadalupe Taddei en sustitución de Jacqueline Vargas, a quien le solicitó la renuncia cuando fue nombrada presidenta del INE.  

Cuando esto ocurrió, hubo sorpresa en las áreas de fiscalización del instituto. ¿Por qué la sonorense dejaría ir una carta tan fuerte en materia de fiscalización? Era mayo de 2023 y faltaban solo cuatro meses para el inicio del año electoral.

Al final, Jacqueline Vargas, maestra en Economía por la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica, con 23 años de experiencia en temas fiscales (política tributaria, fiscalización internacional y electoral) y ex consultora de investigación en el Banco Mundial, entregó su renuncia.

En videos institucionales describía su trabajo así: “Nuestra labor contribuye a la certeza de un proceso electoral… Generar cancha pareja para todos los contendientes… Asegurarnos que todos se apeguen a esas reglas”. No es la misma visión de Isaac David Ramírez Bernal, quien asumió esa responsabilidad como encargado de despacho. “La fiscalización debe ser rigurosa pero no rigorista”, declaró a la prensa y adelantó que tendría mayor diálogo con los entes fiscalizados y que los partidos políticos no son sus adversarios.

Un grupo de consejeras y consejeros del INE ya tomaron nota de ello.

Y después de la elección, ¿qué?

Así llega la UTF llega a la elección más grande de la historia, sin considerar el punto ciego que representa el uso de dinero efectivo en campañas.

Tras la elección presidencial de 2018, la consultoría Integralia publicó un estudio que advierte sobre la dificultad de fiscalizar el dinero en efectivo que provenga de particulares o grupos del crimen organizado. Su detección y seguimiento, alerta, es un reto a la autoridad electoral porque evade los canales naturales del sistema financiero.

“El método de fiscalización se tiene que ir perfeccionando sin necesidad de estar esperando modificaciones al reglamento de fiscalización. Tenemos que tener modelos mucho más claros de actuar y sobre todo preventivos” afirmó la consejera Humphrey.

“Tendríamos que estar hablando ya de criptomonedas, cómo enfrentar el lavado de dinero en las campañas, de empresas fantasma y factureras. Buscar el beneficio real de las personas jurídicas con quien contratan bienes y servicios los partidos, triangulación de operaciones y personas políticamente expuestas”.

Los partidos políticos, ha destacado la consejera, reciben recursos públicos que pueden invertir en mejorar sus propios modelos de fiscalización. “Para eso se les da recursos: para que inviertan en sus estructuras financieras”.

Su optimismo no es compartido del todo por el consejero Uuc Kib Espadas. “En el tema del efectivo, hay límites que humanamente no se podrán transitar, el uso de dinero en efectivo para operación electoral que no se ve públicamente”.

Y no es para nada optimista: “Es materialmente imposible detectar por nosotros, por la Unidad de Inteligencia Financiera, por los bancos o por la Secretaría de Hacienda. Simplemente no se puede”.

Coordinación: Jacinto Rodríguez Munguía
Edición: Ignacio Rodríguez Reyna

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