AMLO priorizó el enfoque prohibicionista y militarizado en su política de drogas
Un informe de la organización Elementa DDHH resalta que la militarización se profundizó en el gobierno de López Obrador, así como la prisión preventiva por delitos relacionados con drogas.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) privilegió un modelo prohibicionista y una estrategia bélica en su política contra las drogas, pese a su narrativa de “abrazos no balazos” y de atención a las causas que orillan a las personas a involucrarse con los grupos criminales y al consumo de sustancias ilícitas.
En su sexenio aumentó la militarización de los cuerpos de seguridad, el despliegue de elementos de las Fuerzas Armadas en territorio nacional y la prisión preventiva por narcomenudeo, y se mantuvo la estigmatización en las campañas contra el consumo de drogas, destacó el informe de la organización Elementa DDHH.
La investigación titulada Radiografía de la Prohibición resaltó que al inicio del sexenio había 54,980 elementos de las fuerzas armadas desplegados en el país y para diciembre de 2023, la cantidad había aumentado a 286,494, incluyendo efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional, conformada por elementos del Ejército y entrenados militarmente. Este incremento es de más del 400%, detalla el informe basado en solicitudes de información y datos abiertos oficiales.
“Si Felipe Calderón primero declaró la ‘guerra’ y después militarizó, Andrés Manuel López Obrador hizo lo opuesto: militarizó para luego declarar el fin de la ‘guerra’”, apunta el informe, que destaca la Guardia Nacional, pese a nacer como un cuerpo civil, está conformado aún en su mayoría (88.8%) por elementos de las secretarías de la Defensa Nacional y la Marina.
A ello se suma el aumento de las tareas civiles y los recursos públicos que se les ha transferido a ambas secretarías en el actual sexenio, explica el documento.
Elementa DDHH, organización multidisciplinaria y feminista, destaca que el enfoque punitivista llevó a que entre 2018 y 2023 fueran detenidas 28,910 personas por delitos relacionados con drogas. Del total, 23,265 fueron privadas de la libertad por narcomenudeo y solo 5,645 por narcotráfico.
Para la organización, estos datos revelan que “en México, las personas encarceladas por delitos menores tienen más probabilidades de ser encarceladas de manera automática que aquellas que son parte de las redes de macrocriminalidad”.
La investigación resalta que el incremento de detenciones se centra en personas que comercian o poseen cantidades mínimas de drogas, las cuales resultan insignificantes en términos de impacto en la salud y la seguridad pública. Además, se trata de gente que en su mayoría se encuentra en situación de pobreza, vulnerabilidad o coacción por parte del crimen organizado.
Según el informe, la ley de amnistía promovida por López Obrador reconoce el uso del sistema penal de forma indiscriminada en contra de personas en situación de vulnerabilidad. Hasta ahora, 369 personas han sido liberadas por esta ley, y el 98% estaban involucradas en delitos relacionados con drogas. Mientras que de las 2,339 solicitudes recibidas por la Comisión de Amnistía, 69.77% han sido por delitos de drogas.
Durante el actual sexenio, detalla el reporte, la política de atención al consumo de sustancias fue dictada desde la Presidencia de la República con acciones enfocadas en la moral y no en la evidencia, como las campañas contra el consumo de drogas.
“El contenido de varias etapas de la campaña reprodujeron narrativas basadas en el estigma, la abstención, el racismo y el clasismo. Su visión del uso de drogas se basó en la culpa y el miedo”, se lee en el informe.
Elementa DDHH destaca que el gobierno no ha promovido el establecimiento de centros de tratamiento de adicciones públicos, mientras que los centros irregulares han proliferado.
“Según el último censo hecho en 2020, en México existen 2,129 centros de rehabilitación privados de los cuales únicamente 438 están registrados en la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic), pero sólo el 46% opera con licencia vigente”, destacó la organización. ”Esto ha implicado la proliferación de centros que incurren en prácticas violatorias a derechos humanos e, incluso, la aparición de centros controlados por organizaciones criminales”.
